El próximo mes de agosto concluye el plazo marcado por Bruselas para cumplir con las exigencias del Reglamento Europeo de Libertad de Medios y no parece que el despliegue del plan gubernamental anunciado avance significativamente en esta materia.
Bien es cierto que en la cámara de diputados se han tramitado algunas medidas relativas a transparencia, información gubernamental y grupos de interés. Un avance, sin duda, desde el punto de vista de la modernización y la reforma institucional adecuada a estos tiempos.
Pero sigue evitándose regular el derecho a la comunicación en la base de la cultura democrática deliberativa. El argumento interesado de las empresas dominantes en el mercado, contrarios a toda regulación, se ha impuesto como justificativa para impedir la necesaria voluntad de construcción en común del dominio público.
Aunque parece evidente que ha llegado la hora de abrir el espacio de interlocución a organizaciones sociales, sindicatos y academia, además de los gremios profesionales y las propias empresas periodísticas, si hay voluntad política de mejorar las condiciones de convivencia democrática, no se observa voluntad política de las fuerzas mayoritarias en esta dirección.
El problema es que de no avanzar la reforma del sector, superando la discusión sobre los medios hacia el horizonte de mediaciones productivas, tendremos un ámbito quebrado, históricamente suturado por brechas y ausencias de dispositivos conjuntivos en un tiempo, el trumpismo, proclive a la restauración autoritaria.
En la línea que ya propone el Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios, en la era de la información, no podemos seguir manteniendo debates estériles y decimonónicos, sobre la pertinencia de regular o no la actividad de los medios.
No se trata siquiera de consensuar una ley general, sino más bien cómo construimos una arquitectura jurídico-normativa que garantice el derecho ciudadano a la comunicación, que es un derecho universal, así reconocido por la UNESCO. En este sentido, un gobierno de progreso no puede ser timorato cuando lo que está en juego no es más ni menos que la propia democracia.
Un avance sustancial y profundamente reformista es urgente porque en nuestro país no se han acometido políticas estratégicas por parte del Ejecutivo y los legisladores. Y a día de hoy incluso una mera modificación del Reglamento del Congreso suscita, entre las terminales mediáticas del IBEX35, una diatriba sin contención ni mesura.
Por más que se insista en la panoplia de redichos sin consistencia ni razón en contra de toda norma, lo cierto es que hay un mandato de Bruselas que nos obliga a legislar en la materia. El Reglamento Europeo de Libertad de Medios exige, explícitamente, la autonomía e independencia de los medios públicos y tenemos un Real Decreto que abunda en el tradicional modelo de gubernamentalización del Ente Público.
La instrumentalización tanto del PP como del PSOE de los medios públicos reproduce una lógica y racionalidad que convierte por sistema la autonomía de los medios públicos en una promesa históricamente recurrente y siempre incumplida, a excepción del concurso público bloqueado desde el principio por el bipartidismo.
El resultado es que, a día de hoy, RTVE, y los canales autonómicos aún más si cabe, operan como altavoces del PP y del PSOE con un modelo caduco de organización, una producción, por lo general, externalizada y una programación que, lejos de contribuir a los valores democráticos, replica discursos y visiones más propias de otros tiempos, con un sesgo partidista manifiestamente marcado en sus contenidos informativos y de entretenimiento.
Por otra parte, la regulación y desarrollo de los llamados medios del Tercer Sector no ha sido atendida por los sucesivos gobiernos, pese a su reconocimiento en la Ley General Audiovisual. Los medios comunitarios continúan en una situación de interinidad sin apoyo económico ni un marco que canalice la voluntad ciudadana de decir y hacer en el campo de la comunicación. Y qué decir del pilar de los profesionales.
Las medidas parciales en defensa del trabajo periodístico como la supresión de artículos lesivos de la ley mordaza son a todas luces insuficientes cuando la precariedad amenaza el principio de autonomía del sujeto cualificado del derecho a la información y la IA tiende a vaciar las redacciones de profesionales responsables que se supone han de aplicar los códigos y valores de la profesión.
La excesiva concentración informativa amenaza nuestra democracia con el dominio duopólico en el audiovisual, complementariamente a la concentración intensiva de la prensa, y el dominio del capitalismo de plataformas que, como apunta el Reglamento Europeo, nos hacen dependientes informativamente, socavando el principio de soberanía, y la propia pervivencia de los medios autóctonos en favor de los nuevos intermediarios de la revolución digital, sin que el Congreso establezca límites claros para definir una estructura de la información plural y equilibrada.
La renuncia de los sucesivos gobiernos a regular el sistema informativo ha llevado, como consecuencia, a mantener un marco normativo claramente limitado con una ley de publicidad institucional ineficaz, una regulación de secretos oficiales que abunda en la falta de transparencia del Estado y la siempre postergada reglamentación del secreto profesional y la cláusula de conciencia.
En su comparecencia en la Comisión de Calidad Democrática, Ignacio Escolar puso el acento en esta contradicción que explica en parte la desafección y falta de confianza de la ciudadanía hacia los medios. Resulta paradójico que desde el ámbito profesional se defienda la autorregulación por sistema al tiempo que se mantienen marcos normativos de la dictadura.
Pareciera que no hay voluntad de transformar un ámbito necesitado de intervención desde los tiempos de Manuel Fraga como Ministro de Información y Turismo justo en un momento en que Trump despliega su potencia de fuego en las redes y en el marco del Estado se naturaliza la lógica del mediafare.
Mientras, la cultura de las pantallas móviles y difusas de la cuarta revolución industrial hace tiempo que desplazaron el debate sobre derechos de la ciudadanía de los contenidos de edición a la red tecnológica y los proveedores de servicios, sin que desde las políticas públicas se haya promovido la educomunicación al objeto de fomentar una cultura mediática y digital responsable, crítica y consciente de las lógicas de desinformación y control social que las grandes plataformas y redes sociales promueven diariamente.
La comunicación no es una mercancía, es antes que nada un derecho fundamental para la participación en democracia y exige en consecuencia un esfuerzo de pedagogía democrática si apostamos por una cultura deliberativa sana, plural y productiva.
La primera libertad de prensa, decía Marx, consiste en no ser una industria. Es hora pues de acometer el Derecho a la Comunicación como un derecho humano fundamental, como un derecho universal que ha de proteger la información en tanto que bien público esencial para nuestra democracia, procurando una ecología de la comunicación democráticamente saludable, consistente, sostenible y compleja, como el tiempo que nos toca vivir y transformar.
Bien es cierto que en la cámara de diputados se han tramitado algunas medidas relativas a transparencia, información gubernamental y grupos de interés. Un avance, sin duda, desde el punto de vista de la modernización y la reforma institucional adecuada a estos tiempos.
Pero sigue evitándose regular el derecho a la comunicación en la base de la cultura democrática deliberativa. El argumento interesado de las empresas dominantes en el mercado, contrarios a toda regulación, se ha impuesto como justificativa para impedir la necesaria voluntad de construcción en común del dominio público.
Aunque parece evidente que ha llegado la hora de abrir el espacio de interlocución a organizaciones sociales, sindicatos y academia, además de los gremios profesionales y las propias empresas periodísticas, si hay voluntad política de mejorar las condiciones de convivencia democrática, no se observa voluntad política de las fuerzas mayoritarias en esta dirección.
El problema es que de no avanzar la reforma del sector, superando la discusión sobre los medios hacia el horizonte de mediaciones productivas, tendremos un ámbito quebrado, históricamente suturado por brechas y ausencias de dispositivos conjuntivos en un tiempo, el trumpismo, proclive a la restauración autoritaria.
En la línea que ya propone el Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios, en la era de la información, no podemos seguir manteniendo debates estériles y decimonónicos, sobre la pertinencia de regular o no la actividad de los medios.
No se trata siquiera de consensuar una ley general, sino más bien cómo construimos una arquitectura jurídico-normativa que garantice el derecho ciudadano a la comunicación, que es un derecho universal, así reconocido por la UNESCO. En este sentido, un gobierno de progreso no puede ser timorato cuando lo que está en juego no es más ni menos que la propia democracia.
Un avance sustancial y profundamente reformista es urgente porque en nuestro país no se han acometido políticas estratégicas por parte del Ejecutivo y los legisladores. Y a día de hoy incluso una mera modificación del Reglamento del Congreso suscita, entre las terminales mediáticas del IBEX35, una diatriba sin contención ni mesura.
Por más que se insista en la panoplia de redichos sin consistencia ni razón en contra de toda norma, lo cierto es que hay un mandato de Bruselas que nos obliga a legislar en la materia. El Reglamento Europeo de Libertad de Medios exige, explícitamente, la autonomía e independencia de los medios públicos y tenemos un Real Decreto que abunda en el tradicional modelo de gubernamentalización del Ente Público.
La instrumentalización tanto del PP como del PSOE de los medios públicos reproduce una lógica y racionalidad que convierte por sistema la autonomía de los medios públicos en una promesa históricamente recurrente y siempre incumplida, a excepción del concurso público bloqueado desde el principio por el bipartidismo.
El resultado es que, a día de hoy, RTVE, y los canales autonómicos aún más si cabe, operan como altavoces del PP y del PSOE con un modelo caduco de organización, una producción, por lo general, externalizada y una programación que, lejos de contribuir a los valores democráticos, replica discursos y visiones más propias de otros tiempos, con un sesgo partidista manifiestamente marcado en sus contenidos informativos y de entretenimiento.
Por otra parte, la regulación y desarrollo de los llamados medios del Tercer Sector no ha sido atendida por los sucesivos gobiernos, pese a su reconocimiento en la Ley General Audiovisual. Los medios comunitarios continúan en una situación de interinidad sin apoyo económico ni un marco que canalice la voluntad ciudadana de decir y hacer en el campo de la comunicación. Y qué decir del pilar de los profesionales.
Las medidas parciales en defensa del trabajo periodístico como la supresión de artículos lesivos de la ley mordaza son a todas luces insuficientes cuando la precariedad amenaza el principio de autonomía del sujeto cualificado del derecho a la información y la IA tiende a vaciar las redacciones de profesionales responsables que se supone han de aplicar los códigos y valores de la profesión.
La excesiva concentración informativa amenaza nuestra democracia con el dominio duopólico en el audiovisual, complementariamente a la concentración intensiva de la prensa, y el dominio del capitalismo de plataformas que, como apunta el Reglamento Europeo, nos hacen dependientes informativamente, socavando el principio de soberanía, y la propia pervivencia de los medios autóctonos en favor de los nuevos intermediarios de la revolución digital, sin que el Congreso establezca límites claros para definir una estructura de la información plural y equilibrada.
La renuncia de los sucesivos gobiernos a regular el sistema informativo ha llevado, como consecuencia, a mantener un marco normativo claramente limitado con una ley de publicidad institucional ineficaz, una regulación de secretos oficiales que abunda en la falta de transparencia del Estado y la siempre postergada reglamentación del secreto profesional y la cláusula de conciencia.
En su comparecencia en la Comisión de Calidad Democrática, Ignacio Escolar puso el acento en esta contradicción que explica en parte la desafección y falta de confianza de la ciudadanía hacia los medios. Resulta paradójico que desde el ámbito profesional se defienda la autorregulación por sistema al tiempo que se mantienen marcos normativos de la dictadura.
Pareciera que no hay voluntad de transformar un ámbito necesitado de intervención desde los tiempos de Manuel Fraga como Ministro de Información y Turismo justo en un momento en que Trump despliega su potencia de fuego en las redes y en el marco del Estado se naturaliza la lógica del mediafare.
Mientras, la cultura de las pantallas móviles y difusas de la cuarta revolución industrial hace tiempo que desplazaron el debate sobre derechos de la ciudadanía de los contenidos de edición a la red tecnológica y los proveedores de servicios, sin que desde las políticas públicas se haya promovido la educomunicación al objeto de fomentar una cultura mediática y digital responsable, crítica y consciente de las lógicas de desinformación y control social que las grandes plataformas y redes sociales promueven diariamente.
La comunicación no es una mercancía, es antes que nada un derecho fundamental para la participación en democracia y exige en consecuencia un esfuerzo de pedagogía democrática si apostamos por una cultura deliberativa sana, plural y productiva.
La primera libertad de prensa, decía Marx, consiste en no ser una industria. Es hora pues de acometer el Derecho a la Comunicación como un derecho humano fundamental, como un derecho universal que ha de proteger la información en tanto que bien público esencial para nuestra democracia, procurando una ecología de la comunicación democráticamente saludable, consistente, sostenible y compleja, como el tiempo que nos toca vivir y transformar.
FRANCISCO SIERRA CABALLERO
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
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