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11/6/20

  • 11.6.20
Estamos acostumbrados a que solo se trate sobre la tercera edad en la prensa para hablar de sus pensiones. Un debate importante, por supuesto, pero que obvia otro igual de relevante: qué hacer con los que no se valen por sí mismos.



El pasado 5 de junio se actualizó el apartado “Salud” de la publicación del Instituto Nacional de Estadística (INE) Mujeres y hombres en España. De acuerdo con este documento oficial: “entre 1999 y 2019 (datos provisionales), la esperanza de vida al nacimiento de los hombres ha pasado de 75,4 a 80,9 años y la de las mujeres de 82,3 a 86,2 años”. Por otro lado, la proyección parece más prometedora, si cabe: “la esperanza de vida al nacimiento alcanzaría los 82,9 años en los hombres y los 87,7 en las mujeres en el año 2033”.

Ahora bien, por la propia naturaleza de la vejez, y por mucho que haya avanzado la ciencia, el aumento de la esperanza de vida de las personas es proporcional al descenso de su calidad de vida. Los problemas físicos y, peor, psíquicos, llevan a muchas familias a situaciones límite que rara vez abren los informativos.

En el modelo familiar tradicional, la mujer se encargaba del cuidado de niños y ancianos que, en todo caso, tampoco solían ser un problema por mucho tiempo. Sin embargo, incluso aceptando un modelo de familia ya obsoleto, el hecho es que la mujer se ha incorporado al mercado laboral, comparte los cuidados familiares con su pareja, y se encuentra con el hecho de que pueden pasar diez o veinte años cuidando de sus mayores.

Menos tiempo y más exigencias. Incluso compartiendo las obligaciones familiares entre todos los miembros de la unidad familiar, la conciliación es un reto. Y casi un imposible si hay niños o si el anciano padece severos problemas de salud mental.

Soluciones habituales suelen ser acudir a cuidadores profesionales, a cuidadores no profesionales o, de manera más radical, pagar una residencia de ancianos. De hecho, he conocido casos absurdos, como una señora que cuidaba de un anciano para poder pagarle la cuidadora a sus padres. Y no entremos ya en la espinosa cuestión de la remuneración de los cuidadores…

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, rememorado hace poco por el compañero Daniel Guerrero, fue tan fecundo en buenas ideas como incompetente para llevarlas a cabo. Dentro de sus políticas sociales, aprobó en 2006 la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, más conocida como Ley de Dependencia.

La idea que subyacía en la ley era apoyar a las familias con personas dependientes, ya lo fueran por complicaciones físicas o psicológicas. Quizá, fue una de las medidas más interesantes y directas de cara al cuidado de nuestros mayores. Sin embargo, ese problema crónico de nuestro país que es el de las competencias y, sobre todo, los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, dieron lugar a que la medida no tuviera todo el alcance deseado.

Ahora, en plena crisis del covid-19, existe un debate sobre el número de muertos en residencias de mayores y, sobre todo, con respecto a los procedimientos llevados a cabo para proteger a los ancianos que se encontraban en estos espacios.

Yo echo de menos un debate serio sobre qué hacer con nuestros mayores, y cómo conciliar la vida laboral y familiar, que parece más enfocada que nunca al cuidado de los pequeños de la casa.

El hecho es que ha habido un número limitado de residencias de ancianos con casos de covid-19, mientras que otras muchas adoptaron medidas tajantes desde el principio para proteger a sus usuarios. Sin embargo, ¿qué hijo que ame a sus padres los metería ahora, sin un nudo en la garganta, en una de estas residencias?

Partimos de la base de que un número importante de ellos lo hacen porque no tienen más opciones. Y aún así, es un gasto difícil de asumir ante la falta de plazas en las residencias públicas.

Los ancianos son cada vez más longevos, el culto a la productividad nos exige más sacrificios en tiempo y sentimientos, los cuidados son más caros, y el coste público del mantenimiento de nuestros mayores está al alza. Y no podemos abandonarlos: sería una ignominia.

En el Decálogo de preguntas y respuestas sobre el impacto previsional del COVID-19, publicado el pasado mes de abril por el Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones, se lleva a cabo una loa del teletrabajo, panacea de todos los males. Aumento de la productividad, facilidades para la conciliación y aumento de la vida laboral… Un chollo para el empresario que esté dispuesto en invertir en los medios.

Desde luego, soy defensor del teletrabajo para los oficios que lo permitan. En efecto, el principal argumento es la relativa facilitación de la conciliación entre la vida familiar y la laboral. Sin embargo, no podemos obviar las trampas que lleva detrás. El empresario sin escrúpulos, que los hay, sabe que estás en tu casa. No puedes escapar del trabajo. Por eso debe ser regulado, y evitar abusos.

Retomando la cuestión de nuestros mayores, todo parece apuntar a que el teletrabajo facilitará la ampliación de la vida laboral, al igual que la conciliación. Sin embargo, está lejos de ser una medida suficiente. Ni siquiera está cerca de ser una medida.

Si hablamos con propiedad, el problema de la tercera edad no es una complicación española en exclusiva. Sin embargo, es dentro de los límites del Estado y del cachondeo autonómico actual donde debemos abordarlo.

La era postcovid-19 debe estar basado en un modelo social más sostenible en un sentido amplio del término. Sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica, sostenibilidad del nuevo modelo de familia… Y el debate sobre el cuidado de la tercera edad es obligatorio. A ver si entre tanta bronca chabacana en el Congreso, le podemos sacar algún hueco…

Haereticus dixit.

RAFAEL SOTO

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