La Junta obliga al Ayuntamiento de Montilla a redactar un Plan Urbano de Movilidad Sostenible, tal y como se recoge en el anteproyecto de la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible, aprobado el 16 de septiembre y que el Consejo de Gobierno prevé llevar al Parlamento en el segundo periodo de sesiones de 2015.
Junto con Montilla, se sumarán en esta obligación legal Baena, Cabra, Córdoba, Lucena, Palma del Río, Priego de Córdoba y Puente Genil, así como todos los municipios en los que el Plan Territorial de Movilidad Sostenible de la Aglomeración Urbana de Córdoba, actualmente en elaboración por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda, detecte "problemas, carencias o necesidades especiales en materia de movilidad".
Los Planes Urbanos que deben realizar los ayuntamientos incluirán un diagnóstico de la movilidad y su evolución previsible, además de trazados de plataformas reservadas para el transporte público y trazados de vías ciclistas y peatonales.
De igual manera, el documento debe recoger medidas para el fomento de la intermodalidad y la recuperación del espacio público libre de vehículos; mapas de zonas de calmado de tráfico; caminos escolares seguros; una planificación de infraestructuras con programas de inversiones y previsión de costes de mantenimiento; objetivos concretos a lograr en materia de movilidad sostenible; un estudio económico que contemple sus instrumentos de financiación; y un informe de costes externos de todas las actuaciones recogidas.
Dichos Planes Urbanos deberán a su vez identificar los centros generadores de movilidad en cada municipio, entre ellos, centros de trabajo con 200 o más empleados; centros educativos con más de 250 personas, entre alumnado y profesorado; polígonos industriales y parques empresariales; grandes superficies minoristas y centros de ocio; hospitales, centros de salud y establecimientos sanitarios que cuenten con más de 250 personas entre usuarios y personal; estadios, pabellones deportivos y edificaciones donde se desarrollen espectáculos con gran afluencia de público. Estos centros deberán elaborar también planes de movilidad sostenible.
“La Ley incidirá en los mismos principios de La Ciudad Amable: más transporte público, más bicicleta y rentabilidad social garantizada en todos los proyectos de infraestructuras, que deberán incluir no sólo un informe de viabilidad económica, sino también de costes externos. Es decir, de costes ambiéntales, sociales y sobre la salud pública”, explicó la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, que recordó que Andalucía es “la primera comunidad que establece este requisito”. Todos los Planes Urbanos deberán incluir también informes de costes externos.
Pago de los promotores urbanísticos
“La Ley –señaló Cortés– también promoverá un modelo de ciudad compacta y fácil de surtir de servicios”. La consejera explicó que “el anteproyecto establece que los promotores de nuevas urbanizaciones que generen más necesidades de movilidad y por lo tanto de infraestructuras deberán contribuir a sufragar el coste de las mismas”, lo que incidirá en la eficiencia del desarrollo urbanístico y el modelo de ciudad.
Ello implica que si un desarrollo urbanístico aislado implica la construcción de una nueva infraestructura, el promotor deberá contribuir económicamente a sufragarla, según detalló Elena Cortés.
Junto con Montilla, se sumarán en esta obligación legal Baena, Cabra, Córdoba, Lucena, Palma del Río, Priego de Córdoba y Puente Genil, así como todos los municipios en los que el Plan Territorial de Movilidad Sostenible de la Aglomeración Urbana de Córdoba, actualmente en elaboración por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda, detecte "problemas, carencias o necesidades especiales en materia de movilidad".
Los Planes Urbanos que deben realizar los ayuntamientos incluirán un diagnóstico de la movilidad y su evolución previsible, además de trazados de plataformas reservadas para el transporte público y trazados de vías ciclistas y peatonales.
De igual manera, el documento debe recoger medidas para el fomento de la intermodalidad y la recuperación del espacio público libre de vehículos; mapas de zonas de calmado de tráfico; caminos escolares seguros; una planificación de infraestructuras con programas de inversiones y previsión de costes de mantenimiento; objetivos concretos a lograr en materia de movilidad sostenible; un estudio económico que contemple sus instrumentos de financiación; y un informe de costes externos de todas las actuaciones recogidas.
Dichos Planes Urbanos deberán a su vez identificar los centros generadores de movilidad en cada municipio, entre ellos, centros de trabajo con 200 o más empleados; centros educativos con más de 250 personas, entre alumnado y profesorado; polígonos industriales y parques empresariales; grandes superficies minoristas y centros de ocio; hospitales, centros de salud y establecimientos sanitarios que cuenten con más de 250 personas entre usuarios y personal; estadios, pabellones deportivos y edificaciones donde se desarrollen espectáculos con gran afluencia de público. Estos centros deberán elaborar también planes de movilidad sostenible.
“La Ley incidirá en los mismos principios de La Ciudad Amable: más transporte público, más bicicleta y rentabilidad social garantizada en todos los proyectos de infraestructuras, que deberán incluir no sólo un informe de viabilidad económica, sino también de costes externos. Es decir, de costes ambiéntales, sociales y sobre la salud pública”, explicó la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, que recordó que Andalucía es “la primera comunidad que establece este requisito”. Todos los Planes Urbanos deberán incluir también informes de costes externos.
Pago de los promotores urbanísticos
“La Ley –señaló Cortés– también promoverá un modelo de ciudad compacta y fácil de surtir de servicios”. La consejera explicó que “el anteproyecto establece que los promotores de nuevas urbanizaciones que generen más necesidades de movilidad y por lo tanto de infraestructuras deberán contribuir a sufragar el coste de las mismas”, lo que incidirá en la eficiencia del desarrollo urbanístico y el modelo de ciudad.
Ello implica que si un desarrollo urbanístico aislado implica la construcción de una nueva infraestructura, el promotor deberá contribuir económicamente a sufragarla, según detalló Elena Cortés.
REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
