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La nueva asociación de hosteleros estudiará la regulación de las terrazas en el casco urbano

Ahosmont. Así se llama la nueva Asociación de Hosteleros de Montilla que estudiará mañana un primer borrador de la ordenanza municipal que, en adelante, tratará de regular la ocupación temporal de la vía pública por parte de bares y restaurantes. La reunión del colectivo, abierta a todos los empresarios del sector, tendrá lugar a las 17.00 de la tarde en el salón de actos de la Casa de la Juventud, en la calle Ronda de Curtidores.

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La normativa, que ya fue objeto de estudio por parte de los grupos municipales durante el transcurso de una reunión de la Comisión Informativa del Área de Desarrollo Urbano que tuvo lugar el pasado 22 de septiembre, es un compendio de otras ordenanzas similares que ya se están aplicando en otros municipios andaluces y pretende regular la instalación de terrazas y veladores por parte de los hosteleros montillanos.

Con la inminente aprobación de esta ordenanza, el Consistorio montillano pretende poner fin a la polémica surgida a finales del pasado mes de julio, cuando el alcalde, Federico Cabello de Alba, instó a los establecimientos a recoger sus terrazas una vez finalizada la jornada comercial para, de esta forma, "evitar sanciones indeseadas".

El aviso provocó, en un primer momento, el malestar y las quejas de algunos hosteleros que, incluso, llegaron a reunir cerca de un millar de firmas para trasladar al Ayuntamiento su rechazo a la aplicación de las actuales ordenanzas fiscales, que prevén multas de hasta 500 euros para los establecimientos que no recojan sus terrazas al finalizar la jornada comercial.

Apenas 48 horas después de que los hosteleros registraran en el Consistorio las 972 firmas reunidas entre sus amigos, familiares y clientes, el alcalde se comprometió a crear una comisión para tratar de consensuar con el sector de la hostelería la regulación de las terrazas y de los veladores, así como a "buscar soluciones concretas" para los establecimientos que, por su menor capacidad, presentan dificultades para almacenar en su interior las mesas, sillas y sombrillas.

Pero además de suscitar las quejas de algunos hosteleros, la medida anunciada por Cabello de Alba sirvió también para animar a algunos propietarios de bares y restaurantes a formar una nueva asociación profesional que diera respuesta a la "falta de unidad" que venían detectando en el sector de la hostelería montillana.

"Cada uno hace la guerra por su lado y somos incapaces de hacer un frente común para defender algo que es de justicia y que nos afecta a todos", aseguraba un joven empresario, para quien la creación de "un colectivo fuerte de hosteleros" ayudaría a canalizar "las quejas y las demandas" del sector.

Dicho y hecho. La nueva Asociación de Hosteleros de Montilla, que aglutina ya a una veintena de empresarios, celebrará mañana una primera reunión en la que, además de explicar los objetivos concretos del colectivo a cualquier empresario que esté interesado en asistir, se someterá a estudio el borrador de la nueva ordenanza que ha esbozado el Ayuntamiento.

Tal y como avanzó Montilla Digital, la nueva normativa prevé la constitución de una comisión especial en la que, además de concejales del Ayuntamiento, habrá representantes del sector de la hostelería y de la Policía Local, al objeto de que informen sobre las incidencias que pueda plantear la aplicación de la nueva normativa.

Asimismo, aunque el borrador establece con carácter general la necesidad de retirar de la vía pública el mobiliario de las terrazas al cumplirse la hora de cierre, se muestra flexible con aquellos establecimientos que acrediten dificultades para almacenar sus mesas, sillas y sombrillas, si bien únicamente para el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 1 de octubre.

En cualquier caso, el Consistorio montillano se reserva el derecho de acotar zonas en las que no se pueda almacenar este material y a instar a los hosteleros a adoptar medidas que garanticen la seguridad de los viandantes y que afecten lo menos posible a la estética urbana.

Por último, el borrador de la nueva ordenanza estipula un régimen de sanciones que oscilan entre los 100 euros para las infracciones más leves y los 1.800 euros para las muy graves que, en su caso, podrían llevar aparejadas la revocación de la licencia y la inhabilitación para la obtención de la misma por un período de hasta cinco años.

REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
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