"El Ayuntamiento tiene la obligación legal de hacer cumplir la retirada de las mesas y sillas a una determinada hora, así como la limpieza de la vía pública ocupada, porque así viene recogido desde hace años en las ordenanzas". En estos términos volvió a manifestarse ayer el alcalde de Montilla, Federico Cabello de Alba, quien, a lo largo del día de hoy, mantendrá un encuentro con una representación de los hosteleros.
Según avanzó el propio regidor en un comunicado, el objeto de la reunión no es otro que el de trasladar a los propietarios de los establecimientos afectados "los motivos por los cuales ha de cumplirse la normativa vigente en cuanto a la ocupación de la vía pública con mesas y sillas vinculadas a locales".
La reunión con el alcalde Montilla se celebrará apenas 48 horas después de que Antonio Jurado y José González, en representación de un grupo de hosteleros de la localidad, registraran en el Consistorio un escrito, acompañado de 972 firmas, contra la aplicación de las ordenanzas fiscales, que prevén multas de hasta 500 euros para los establecimientos que no recojan sus terrazas al finalizar la jornada comercial.
Cabello de Alba volvió a insistir ayer en que las sanciones por incumplimiento de estas normas fueron aprobadas por unanimidad por todos los grupos políticos, sin presentarse ninguna alegación en el tiempo estipulado para ello, con el objetivo de evitar la revocación de la autorización al empresario.
Una autorización –prosiguió el alcalde- que "sólo puede conceder el Ayuntamiento y que se rige por unos principios establecidos en las ordenanzas fiscales aprobadas hace más de veinte años en Pleno", lo que, a juicio de Federico Cabello de Alba, "deja claro que no existen unas ordenanzas nuevas al respecto".
Sin embargo, el Grupo Municipal Socialista volvió a insistir ayer en que el cuadro de sanciones que establece el Anexo III de las ordenanzas fiscales en vigor –y que prevé multas que oscilan entre los 100 y los 500 euros- "no tiene, ni mucho menos, veinte años de antigüedad, dado que fue incorporado por el equipo de gobierno del Partido Popular en el año 2013".
A juicio del concejal socialista Rafael Llamas, el alcalde "no puede justificar las sanciones con las que amenaza a estos trabajadores autónomos alegando que ahora está obligado a cumplir una norma que su propio equipo de gobierno introdujo en 2013 y que, desde entonces, no se había preocupado por hacerla cumplir".
En ese sentido, Rafael Llamas reiteró la voluntad del PSOE de plantear una "propuesta consensuada" con el sector de la hostelería y propiciar una "mayoría suficiente" en la Corporación para "cambiar lo que sea necesario en las ordenanzas municipales", que se revisarán antes del próximo mes de noviembre.
"Es necesario que el interés general de Montilla esté garantizado sin que ningún trabajador, ninguna empresa ni ninguna familia se vean perjudicados por determinadas decisiones políticas", señaló Rafael Llamas.
"Toque de atención"
Por otro lado, Federico Cabello de Alba defendió el régimen de sanciones que recogen las ordenanzas "con el objeto de no dificultar el tráfico peatonal, así como evitar peligro hacia los peatones, se prohíbe el almacenamiento en la vía pública de mesas y sillas, fuera del horario permitido para su uso".
"Antes de quitarle a alguien la licencia, preferimos sancionarle como toque de atención, ya que ante cualquier denuncia que proceda de un peatón o vecino que encuentre dificultad de paso o cualquier riesgo ante montañas de sillas apiladas, por ejemplo, la responsabilidad recae sobre mí", declaró el alcalde.
Según avanzó el propio regidor en un comunicado, el objeto de la reunión no es otro que el de trasladar a los propietarios de los establecimientos afectados "los motivos por los cuales ha de cumplirse la normativa vigente en cuanto a la ocupación de la vía pública con mesas y sillas vinculadas a locales".
La reunión con el alcalde Montilla se celebrará apenas 48 horas después de que Antonio Jurado y José González, en representación de un grupo de hosteleros de la localidad, registraran en el Consistorio un escrito, acompañado de 972 firmas, contra la aplicación de las ordenanzas fiscales, que prevén multas de hasta 500 euros para los establecimientos que no recojan sus terrazas al finalizar la jornada comercial.
Cabello de Alba volvió a insistir ayer en que las sanciones por incumplimiento de estas normas fueron aprobadas por unanimidad por todos los grupos políticos, sin presentarse ninguna alegación en el tiempo estipulado para ello, con el objetivo de evitar la revocación de la autorización al empresario.
Una autorización –prosiguió el alcalde- que "sólo puede conceder el Ayuntamiento y que se rige por unos principios establecidos en las ordenanzas fiscales aprobadas hace más de veinte años en Pleno", lo que, a juicio de Federico Cabello de Alba, "deja claro que no existen unas ordenanzas nuevas al respecto".
Sin embargo, el Grupo Municipal Socialista volvió a insistir ayer en que el cuadro de sanciones que establece el Anexo III de las ordenanzas fiscales en vigor –y que prevé multas que oscilan entre los 100 y los 500 euros- "no tiene, ni mucho menos, veinte años de antigüedad, dado que fue incorporado por el equipo de gobierno del Partido Popular en el año 2013".
A juicio del concejal socialista Rafael Llamas, el alcalde "no puede justificar las sanciones con las que amenaza a estos trabajadores autónomos alegando que ahora está obligado a cumplir una norma que su propio equipo de gobierno introdujo en 2013 y que, desde entonces, no se había preocupado por hacerla cumplir".
En ese sentido, Rafael Llamas reiteró la voluntad del PSOE de plantear una "propuesta consensuada" con el sector de la hostelería y propiciar una "mayoría suficiente" en la Corporación para "cambiar lo que sea necesario en las ordenanzas municipales", que se revisarán antes del próximo mes de noviembre.
"Es necesario que el interés general de Montilla esté garantizado sin que ningún trabajador, ninguna empresa ni ninguna familia se vean perjudicados por determinadas decisiones políticas", señaló Rafael Llamas.
"Toque de atención"
Por otro lado, Federico Cabello de Alba defendió el régimen de sanciones que recogen las ordenanzas "con el objeto de no dificultar el tráfico peatonal, así como evitar peligro hacia los peatones, se prohíbe el almacenamiento en la vía pública de mesas y sillas, fuera del horario permitido para su uso".
"Antes de quitarle a alguien la licencia, preferimos sancionarle como toque de atención, ya que ante cualquier denuncia que proceda de un peatón o vecino que encuentre dificultad de paso o cualquier riesgo ante montañas de sillas apiladas, por ejemplo, la responsabilidad recae sobre mí", declaró el alcalde.
REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: FRANCIS SALAS
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