Un año de prisión. Esa ha sido finalmente la condena que el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba ha impuesto a M.A.A.A., una vecina de La Guijarrosa, de 34 años de edad, acusada de un delito de desorden público por efectuar dos llamadas al Juzgado de Montilla anunciando la existencia de una bomba.
De esta forma, el titular del Juzgado de lo Penal ha atendido la solicitud de la defensa de la acusada de sustituir la multa de 3.780 euros que había solicitado la Fiscalía por una condena a prisión, dado que M.A.A.A. no cuenta con recursos económicos para afrontar ese pago. No obstante, la ya condenada no ingresará en prisión, al tratarse de una pena inferior a dos años y carecer de antecedentes penales.
Los hechos, que avanzó en primicia Montilla Digital, tuvieron lugar el 1 de julio de 2011, cuando alrededor de las 9.00 de la mañana se recibieron en la sede judicial dos llamadas telefónicas en las que una mujer anunciaba la colocación de un artefacto explosivo en las instalaciones situadas en la calle Arcipreste Fernández Casado, junto al Colegio Salesiano.
Según confirmó la Guardia Civil, los avisos fueron recibidos por una de las funcionarias del Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad quien, tras atender una primera llamada en la que la comunicante advertía de la colocación de un artefacto explosivo en el edificio, en apenas 30 segundos volvió a escuchar un mensaje similar.
Tras los avisos, que finalmente resultaron ser falsos, se desplazaron hasta el Palacio de Justicia varias patrullas de la Guardia Civil, que tras comprobar la veracidad de los hechos y entrevistarse con los magistrados titulares de los dos Juzgados con sede en el edificio, decidieron como medida de prevención desalojar el edificio y acordonar la zona, dado que en su interior se encontraban varios funcionarios y otros ciudadanos que practicaban diferentes gestiones.
A la vez que se producía el desalojo, varios agentes de la Benemérita inspeccionaron las instalaciones, descartando de inmediato que pudiera tratarse de una amenaza real. El Instituto Armado subrayó que "el desalojo del edificio se llevó a cabo de forma rápida y ordenada, aunque se vivieron momentos de preocupación y nerviosismo por parte de algunas personas que se encontraban en el interior de las instalaciones".
Tal y como avanzó en su día este periódico, el aviso de bomba creó alarma entre los empleados del Juzgado pero, también, entre los vecinos de los alrededores, donde en un radio de apenas 20 metros se encuentran, además del Colegio Salesiano, el Teatro Garnelo y la Casa de la Cultura.
Las gestiones que la Guardia civil venía practicando unidas a los datos aportados por el propio Juzgado, permitieron identificar plenamente a la autora de las llamadas, que resultó ser M.A.A.A., vecina de La Guijarrosa, quien debía asistir esa misma mañana al Palacio de Justicia para la celebración de una subasta pública de una vivienda propiedad de sus padres.
Por todo lo anterior, la Benemérita estableció un dispositivo de servicio orientado a la localización y detención de M.A.A.A., como supuesta autora de un delito de desórdenes públicos, que dio sus frutos en días posteriores.
"Este tipo de avisos ocasiona grandes trastornos, no sólo al personal trabajador de las instalaciones y a los vecinos de los edificios colindantes, sino también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la ciudadanía en general, ya que suponen que ante la gravedad de los hechos se tengan que desviar un gran número de efectivos para la comprobación y resolución de los hechos, lo cual supone también un grave perjuicio a la seguridad ciudadana", resaltó la Benemérita.
Ante ello, la Guardia Civil dio traslado al juez instructor de los "cuantiosos gastos" que ocasionó la actuación –fijados en 230 euros– que, de acuerdo con la sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba, deberán ser asumidos por la ya condenada.
De esta forma, el titular del Juzgado de lo Penal ha atendido la solicitud de la defensa de la acusada de sustituir la multa de 3.780 euros que había solicitado la Fiscalía por una condena a prisión, dado que M.A.A.A. no cuenta con recursos económicos para afrontar ese pago. No obstante, la ya condenada no ingresará en prisión, al tratarse de una pena inferior a dos años y carecer de antecedentes penales.
Los hechos, que avanzó en primicia Montilla Digital, tuvieron lugar el 1 de julio de 2011, cuando alrededor de las 9.00 de la mañana se recibieron en la sede judicial dos llamadas telefónicas en las que una mujer anunciaba la colocación de un artefacto explosivo en las instalaciones situadas en la calle Arcipreste Fernández Casado, junto al Colegio Salesiano.
Según confirmó la Guardia Civil, los avisos fueron recibidos por una de las funcionarias del Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad quien, tras atender una primera llamada en la que la comunicante advertía de la colocación de un artefacto explosivo en el edificio, en apenas 30 segundos volvió a escuchar un mensaje similar.
Tras los avisos, que finalmente resultaron ser falsos, se desplazaron hasta el Palacio de Justicia varias patrullas de la Guardia Civil, que tras comprobar la veracidad de los hechos y entrevistarse con los magistrados titulares de los dos Juzgados con sede en el edificio, decidieron como medida de prevención desalojar el edificio y acordonar la zona, dado que en su interior se encontraban varios funcionarios y otros ciudadanos que practicaban diferentes gestiones.
A la vez que se producía el desalojo, varios agentes de la Benemérita inspeccionaron las instalaciones, descartando de inmediato que pudiera tratarse de una amenaza real. El Instituto Armado subrayó que "el desalojo del edificio se llevó a cabo de forma rápida y ordenada, aunque se vivieron momentos de preocupación y nerviosismo por parte de algunas personas que se encontraban en el interior de las instalaciones".
Tal y como avanzó en su día este periódico, el aviso de bomba creó alarma entre los empleados del Juzgado pero, también, entre los vecinos de los alrededores, donde en un radio de apenas 20 metros se encuentran, además del Colegio Salesiano, el Teatro Garnelo y la Casa de la Cultura.
Las gestiones que la Guardia civil venía practicando unidas a los datos aportados por el propio Juzgado, permitieron identificar plenamente a la autora de las llamadas, que resultó ser M.A.A.A., vecina de La Guijarrosa, quien debía asistir esa misma mañana al Palacio de Justicia para la celebración de una subasta pública de una vivienda propiedad de sus padres.
Por todo lo anterior, la Benemérita estableció un dispositivo de servicio orientado a la localización y detención de M.A.A.A., como supuesta autora de un delito de desórdenes públicos, que dio sus frutos en días posteriores.
"Este tipo de avisos ocasiona grandes trastornos, no sólo al personal trabajador de las instalaciones y a los vecinos de los edificios colindantes, sino también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la ciudadanía en general, ya que suponen que ante la gravedad de los hechos se tengan que desviar un gran número de efectivos para la comprobación y resolución de los hechos, lo cual supone también un grave perjuicio a la seguridad ciudadana", resaltó la Benemérita.
Ante ello, la Guardia Civil dio traslado al juez instructor de los "cuantiosos gastos" que ocasionó la actuación –fijados en 230 euros– que, de acuerdo con la sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba, deberán ser asumidos por la ya condenada.
J.P. BELLIDO / REDACCIÓN
