La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha tramitado expedientes de obligaciones de pago pendientes de regularizar con empresas contratistas de infraestructuras y servicios de transporte por valor de 17,02 millones de euros en la provincia de Córdoba.
Este mecanismo extraordinario de financiación, que se inserta en el marco del Plan de Pago a Proveedores, permite regularizar y liquidar las deudas contraídas por el sector público con sus proveedores y suministradores antes del 31 de mayo de 2013.
La Consejería que dirige Elena Cortés se ha acogido a este tramo de la tercera fase del Plan de Proveedores que, de acuerdo a las previsiones del Ministerio de Hacienda, "se liquidará a finales del este mes de febrero, mediante transferencia de estos pagos por parte del ICO (Instituto de Crédito Oficial) a las empresas proveedoras y suministradoras de obras y servicios".
Este departamento del Gobierno andaluz ha informado que "ha venido trabajando desde finales del pasado año en la tramitación de expedientes de facturas vencidas, líquidas y exigibles, una vez cotejada las cuantías adeudadas hasta el 31 de mayo de 2013 con estos proveedores y suministradores que, además, tenían que dar su conformidad para acogerse a dicho mecanismo de pago, acordado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera".
Las empresas proveedoras de la Consejería de Fomento y Vivienda que se han sumado a este plan de pagos son, fundamentalmente, constructoras de obra pública, asistencias técnicas y consultoría que intervienen en la construcción de infraestructura y elaboración de proyectos y estudios de ingeniería, así como empresas con concesión para la ejecución, conservación y explotación de infraestructuras y servicios de transportes.
En total, se ha destinado un total de 132 millones de euros en toda la comunidad autónoma y se han resuelto favorablemente 642 expedientes relativos a débitos de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, ente de la Consejería de Fomento y Vivienda que ejecuta obras y proyectos de infraestructuras viarias y de transportes.
En el marco de este mecanismo de financiación, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en su reunión del pasado 11 de febrero, autorizaba la operación de endeudamiento que el Gobierno andaluz contrae ahora con el ICO, incluidos los correspondientes costes financieros, una vez liberado el pago de obligaciones a los contratistas y suministradores de las diferentes consejerías que se han acogido al Plan de Pago a Proveedores.
Los expedientes con una cuantía económica mayor se corresponden a los diferentes contratos de ejecución de obra, sistemas e instalaciones, así como otros equipamientos, con un importe de 91,49 millones de euros. Esta cifra representa casi el 70 por ciento de los pagos tramitados por la Consejería de Fomento y Vivienda conforme a este mecanismo de financiación.
El volumen económico restante, es decir, 40,3 millones, equivalentes al 30 por ciento, son contratos de asistencia técnica para las direcciones de obra y control de calidad, así como consultoría para la redacción de proyectos y estudios, trabajos específicos de geotecnia y cartografía e, igualmente, contratos de conservación integral de la red autonómica de carreteras
Teniendo en cuenta el ámbito de actuación, los expedientes tramitados por obligaciones de pago con empresas adjudicatarias de obras, proyectos y estudios relativos a infraestructuras viarias, o bien conservación de carreteras, se han elevado a 80,93 millones de euros. Este importe equivale al 61,4 por ciento del monto total adeudado.
Por su parte, las facturas asociadas a obras, proyectos y servicios en el ámbito de transporte han acaparado un montante de casi 50 millones de euros, en concreto, 49,8 millones de euros, equivalentes al 37,83 por ciento del total. Finalmente, se han incluido también facturas por importe de algo más de un millón de euros relativas a otras actuaciones en el ámbito de las infraestructuras, que representan sólo un 0,8 por ciento del total de los expedientes tramitados favorablemente.
Este mecanismo extraordinario de financiación, al que se acoge por segunda vez la Consejería de Fomento y Vivienda, unido a otros planes de pago de deuda con el sector, están contribuyendo a regularizar las obligaciones de pago con empresas contratistas y suministradoras del ámbito de las infraestructuras, que la menor disponibilidad presupuestaria ha impedido hacer frente en los plazos habituales.
Este mecanismo extraordinario de financiación, que se inserta en el marco del Plan de Pago a Proveedores, permite regularizar y liquidar las deudas contraídas por el sector público con sus proveedores y suministradores antes del 31 de mayo de 2013.
La Consejería que dirige Elena Cortés se ha acogido a este tramo de la tercera fase del Plan de Proveedores que, de acuerdo a las previsiones del Ministerio de Hacienda, "se liquidará a finales del este mes de febrero, mediante transferencia de estos pagos por parte del ICO (Instituto de Crédito Oficial) a las empresas proveedoras y suministradoras de obras y servicios".
Este departamento del Gobierno andaluz ha informado que "ha venido trabajando desde finales del pasado año en la tramitación de expedientes de facturas vencidas, líquidas y exigibles, una vez cotejada las cuantías adeudadas hasta el 31 de mayo de 2013 con estos proveedores y suministradores que, además, tenían que dar su conformidad para acogerse a dicho mecanismo de pago, acordado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera".
Las empresas proveedoras de la Consejería de Fomento y Vivienda que se han sumado a este plan de pagos son, fundamentalmente, constructoras de obra pública, asistencias técnicas y consultoría que intervienen en la construcción de infraestructura y elaboración de proyectos y estudios de ingeniería, así como empresas con concesión para la ejecución, conservación y explotación de infraestructuras y servicios de transportes.
En total, se ha destinado un total de 132 millones de euros en toda la comunidad autónoma y se han resuelto favorablemente 642 expedientes relativos a débitos de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, ente de la Consejería de Fomento y Vivienda que ejecuta obras y proyectos de infraestructuras viarias y de transportes.
En el marco de este mecanismo de financiación, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en su reunión del pasado 11 de febrero, autorizaba la operación de endeudamiento que el Gobierno andaluz contrae ahora con el ICO, incluidos los correspondientes costes financieros, una vez liberado el pago de obligaciones a los contratistas y suministradores de las diferentes consejerías que se han acogido al Plan de Pago a Proveedores.
Los expedientes con una cuantía económica mayor se corresponden a los diferentes contratos de ejecución de obra, sistemas e instalaciones, así como otros equipamientos, con un importe de 91,49 millones de euros. Esta cifra representa casi el 70 por ciento de los pagos tramitados por la Consejería de Fomento y Vivienda conforme a este mecanismo de financiación.
El volumen económico restante, es decir, 40,3 millones, equivalentes al 30 por ciento, son contratos de asistencia técnica para las direcciones de obra y control de calidad, así como consultoría para la redacción de proyectos y estudios, trabajos específicos de geotecnia y cartografía e, igualmente, contratos de conservación integral de la red autonómica de carreteras
Teniendo en cuenta el ámbito de actuación, los expedientes tramitados por obligaciones de pago con empresas adjudicatarias de obras, proyectos y estudios relativos a infraestructuras viarias, o bien conservación de carreteras, se han elevado a 80,93 millones de euros. Este importe equivale al 61,4 por ciento del monto total adeudado.
Por su parte, las facturas asociadas a obras, proyectos y servicios en el ámbito de transporte han acaparado un montante de casi 50 millones de euros, en concreto, 49,8 millones de euros, equivalentes al 37,83 por ciento del total. Finalmente, se han incluido también facturas por importe de algo más de un millón de euros relativas a otras actuaciones en el ámbito de las infraestructuras, que representan sólo un 0,8 por ciento del total de los expedientes tramitados favorablemente.
Este mecanismo extraordinario de financiación, al que se acoge por segunda vez la Consejería de Fomento y Vivienda, unido a otros planes de pago de deuda con el sector, están contribuyendo a regularizar las obligaciones de pago con empresas contratistas y suministradoras del ámbito de las infraestructuras, que la menor disponibilidad presupuestaria ha impedido hacer frente en los plazos habituales.
REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
