La vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular de Córdoba, Rafaela Obrero, afirmó ayer que Andalucía y Córdoba "necesitan una ley andaluza de inclusión social y el derecho a la renta básica, por la difícil y dramática situación que están sufriendo muchas familias en estos momentos".
Obrero anunció que el Partido Popular "llevará una moción a los plenos de las corporaciones locales instando al gobierno andaluz a aprobar, a la mayor brevedad, un proyecto de ley de inclusión social que regule, entre otros asuntos, la renta básica como derecho de todos los andaluces, como se recoge en el Estatuto de Autonomía de Andalucía".
"Nuestra comunidad autónoma necesita una legislación que garantice una condiciones de vida dignas para muchas familias andaluzas que lo están pasando mal, con el principal objetivo de prevenir las situaciones de pobreza, exclusión y marginación social, y poder así eliminarlas", dijo la parlamentaria andaluza.
"Andalucía registra unos elevados índices de pobreza situándose entre las comunidades autónomas con mayores tasas de pobreza y de paro de España. Cada día que pasa crece el número de personas y familias en situación de pobreza o exclusión social, y así lo ponen de manifiesto los últimos informes publicados, como el de Cáritas que revela que Andalucía es la Comunidad donde es mayor la intensidad de la pobreza; o la Encuesta de Condiciones de Vida 2013, que alerta de que uno de cada tres andaluces vive por debajo del umbral de la pobreza", apuntó.
Según apuntó Obrero "las causas de la exclusión son variadas, pero en Andalucía se intensifican especialmente por problemas derivados de las alarmantes cifras de desempleo registradas en nuestra comunidad autónoma, que ostenta la mayor tasa de hogares con todos sus miembros en paro y se sitúa a la cabeza en el desempleo de larga duración, circunstancias que se traducen más pronto que tarde en un mayor empobrecimiento y deterioro social y económico de las personas y de sus familias".
"Por esto, en Andalucía se hacen más necesario que nunca y que en cualquier otro lugar de España, instrumentos para reducir los niveles de exclusión social existentes, ya que la única normativa que hay en este sentido es la que regula el denominado Ingreso Mínimo de Solidaridad, que, además de ser claramente insuficiente, el Gobierno andaluz la incumple sistemáticamente", explicó Rafaela Obrero.
Además, el gobierno de Susana Díaz "ha recortado en 421 millones de euros de las inversiones previstas en el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2014, en los tres pilares fundamentales de las políticas sociales en nuestra tierra, como son sanidad, educación y políticas sociales" .
Así mismo, la aprobación de una ley que regule la renta básica es un mandato estatuario que sigue sin cumplirse, a pesar de que ha sido la eterna promesa tanto del PSOE como de Izquierda Unida en campañas electorales y en el Parlamento Andaluz.
Obrero ha recordado que "en el año 2009 se elaboró un anteproyecto de ley de inclusión social que se anunció que llegaría al Parlamento antes de que terminara ese año, pero esta promesa volvió a quedarse en el cajón de los incumplimientos del PSOE".
"Esta es la forma del Partido Socialista de hacer política y de gestionar los recursos de todos los andaluces, vender humo, hacer anuncios y crear falsas expectativas en los ciudadanos que nunca llegan a cumplir ni a ejecutar; en definitiva, una política de pose y pandereta", indicó la vicesecretaria popular.
En los últimos tiempos, debido a la crítica situación en la que se encuentra Andalucía, diversos colectivos y asociaciones que trabajan con las personas más vulnerables en nuestra comunidad vienen reclamando y considerando de vital importancia la aprobación de una ley de inclusión social y la regulación de la renta básica.
“Esto contrasta mucho con el compromiso del Gobierno de España con los más vulnerables”, dice Obrero, quien ha recordado que la provincia de Córdoba ha recibido por parte del Estado más de 2´5 millones de euros para Fines de Interés Social correspondientes a la asignación tributaria del IRPF de la pasada campaña de la Renta 2013.
“La labor solidaria de los españoles en su aportación económica de la declaración de la Rente y el apoyo del Gobierno a las entidades sociales que realizan una labor social fundamental en estos tiempos, contrastas con la desidia y paralización del gobierno andaluz ante esta realidad”, dice Obrero.
Medidas del Gobierno para las familias con vulnerabilidad
Así mismo, vicesecretaria de Políticas Sociales del PP cordobés ha valorado las medidas recientemente aprobadas por el Gobierno de España para ayudar a las familias en situación de mayor vulnerabilidad, como es el Plan Nacional de Inclusión Social 2013-2016.
Este plan, dotado con 136 millones de euros para los cuatro años de duración destinará 93 millones de euros al día, y tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades sociales, mejorando la eficacia de nuestro sistema de protección y dirigiéndolo a las personas más vulnerables, dice Jurado.
El proyecto ha sido elaborado en colaboración con Comunidades Autónomas, entidades locales y, de manera especial, con el Tercer Sector de Acción Social, como un instrumento integrador de todas las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social en España, y al mismo tiempo da respuesta al compromiso de la Estrategia Europa 2020 de reducir entre 1,4 y 1,5 millones el número de personas en riesgo de sufrir esta situación.
También detalló que el Plan "cuenta con 240 medidas y se articula en tres objetivos estratégicos como son el empleo, el Sistema de Prestaciones y Servicios Básicos, además de un apartado específico de atención a todos los grupos que pueden encontrarse en riesgo de exclusión".
Para Obrero "el Gobierno persigue impulsar la inclusión a través del empleo, dirigidos a jóvenes, mayores de 45 años, a mujeres víctimas de violencia de género", además -apuntó- "otro de los ejes de este plan es la garantía de un sistema de prestaciones económicas para las personas más vulnerables, dando continuidad al programa Prepara y reorganizando las prestaciones no contributivas para evitar lagunas de cobertura".
Según informó la vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular de Córdoba "el tercero de los ejes es el compromiso con los servicios básicos, enfocados a la población más desfavorecida en el ámbito de la educación, la sanidad, en vivienda y nuevas tecnologías".
También añadió que "este Plan de Inclusión del Gobierno de España es el primero que incorpora un objetivo transversal de lucha contra la pobreza infantil, y para ello el Gobierno cuenta con un Fondo Extraordinario de 17 millones de euros, íntegramente dedicado a luchar contra la pobreza infantil".
"A lo que se suman 40 millones de euros para el primer trimestre de 2014 del Fondo Europeo de Ayuda a los Más Desfavorecidos, que facilita alimentos a las familias que los necesita; y 20 millones de euros del Plan de Urgencia Social, para evitar que los niños se vean perjudicados por las dificultades económicas de las familias", explicó.
También, el Plan de Inclusión "incorpora un apartado específico dirigido a la atención de los grupos más vulnerables: personas con discapacidad, mayores, en situación de dependencia, víctimas de la violencia de género, población gitana, víctimas de discriminación, reclusos o ex reclusos y personas sin hogar", concluyo Rafaela Obrero.
Obrero anunció que el Partido Popular "llevará una moción a los plenos de las corporaciones locales instando al gobierno andaluz a aprobar, a la mayor brevedad, un proyecto de ley de inclusión social que regule, entre otros asuntos, la renta básica como derecho de todos los andaluces, como se recoge en el Estatuto de Autonomía de Andalucía".
"Nuestra comunidad autónoma necesita una legislación que garantice una condiciones de vida dignas para muchas familias andaluzas que lo están pasando mal, con el principal objetivo de prevenir las situaciones de pobreza, exclusión y marginación social, y poder así eliminarlas", dijo la parlamentaria andaluza.
"Andalucía registra unos elevados índices de pobreza situándose entre las comunidades autónomas con mayores tasas de pobreza y de paro de España. Cada día que pasa crece el número de personas y familias en situación de pobreza o exclusión social, y así lo ponen de manifiesto los últimos informes publicados, como el de Cáritas que revela que Andalucía es la Comunidad donde es mayor la intensidad de la pobreza; o la Encuesta de Condiciones de Vida 2013, que alerta de que uno de cada tres andaluces vive por debajo del umbral de la pobreza", apuntó.
Según apuntó Obrero "las causas de la exclusión son variadas, pero en Andalucía se intensifican especialmente por problemas derivados de las alarmantes cifras de desempleo registradas en nuestra comunidad autónoma, que ostenta la mayor tasa de hogares con todos sus miembros en paro y se sitúa a la cabeza en el desempleo de larga duración, circunstancias que se traducen más pronto que tarde en un mayor empobrecimiento y deterioro social y económico de las personas y de sus familias".
"Por esto, en Andalucía se hacen más necesario que nunca y que en cualquier otro lugar de España, instrumentos para reducir los niveles de exclusión social existentes, ya que la única normativa que hay en este sentido es la que regula el denominado Ingreso Mínimo de Solidaridad, que, además de ser claramente insuficiente, el Gobierno andaluz la incumple sistemáticamente", explicó Rafaela Obrero.
Además, el gobierno de Susana Díaz "ha recortado en 421 millones de euros de las inversiones previstas en el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2014, en los tres pilares fundamentales de las políticas sociales en nuestra tierra, como son sanidad, educación y políticas sociales" .
Así mismo, la aprobación de una ley que regule la renta básica es un mandato estatuario que sigue sin cumplirse, a pesar de que ha sido la eterna promesa tanto del PSOE como de Izquierda Unida en campañas electorales y en el Parlamento Andaluz.
Obrero ha recordado que "en el año 2009 se elaboró un anteproyecto de ley de inclusión social que se anunció que llegaría al Parlamento antes de que terminara ese año, pero esta promesa volvió a quedarse en el cajón de los incumplimientos del PSOE".
"Esta es la forma del Partido Socialista de hacer política y de gestionar los recursos de todos los andaluces, vender humo, hacer anuncios y crear falsas expectativas en los ciudadanos que nunca llegan a cumplir ni a ejecutar; en definitiva, una política de pose y pandereta", indicó la vicesecretaria popular.
En los últimos tiempos, debido a la crítica situación en la que se encuentra Andalucía, diversos colectivos y asociaciones que trabajan con las personas más vulnerables en nuestra comunidad vienen reclamando y considerando de vital importancia la aprobación de una ley de inclusión social y la regulación de la renta básica.
“Esto contrasta mucho con el compromiso del Gobierno de España con los más vulnerables”, dice Obrero, quien ha recordado que la provincia de Córdoba ha recibido por parte del Estado más de 2´5 millones de euros para Fines de Interés Social correspondientes a la asignación tributaria del IRPF de la pasada campaña de la Renta 2013.
“La labor solidaria de los españoles en su aportación económica de la declaración de la Rente y el apoyo del Gobierno a las entidades sociales que realizan una labor social fundamental en estos tiempos, contrastas con la desidia y paralización del gobierno andaluz ante esta realidad”, dice Obrero.
Medidas del Gobierno para las familias con vulnerabilidad
Así mismo, vicesecretaria de Políticas Sociales del PP cordobés ha valorado las medidas recientemente aprobadas por el Gobierno de España para ayudar a las familias en situación de mayor vulnerabilidad, como es el Plan Nacional de Inclusión Social 2013-2016.
Este plan, dotado con 136 millones de euros para los cuatro años de duración destinará 93 millones de euros al día, y tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades sociales, mejorando la eficacia de nuestro sistema de protección y dirigiéndolo a las personas más vulnerables, dice Jurado.
El proyecto ha sido elaborado en colaboración con Comunidades Autónomas, entidades locales y, de manera especial, con el Tercer Sector de Acción Social, como un instrumento integrador de todas las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social en España, y al mismo tiempo da respuesta al compromiso de la Estrategia Europa 2020 de reducir entre 1,4 y 1,5 millones el número de personas en riesgo de sufrir esta situación.
También detalló que el Plan "cuenta con 240 medidas y se articula en tres objetivos estratégicos como son el empleo, el Sistema de Prestaciones y Servicios Básicos, además de un apartado específico de atención a todos los grupos que pueden encontrarse en riesgo de exclusión".
Para Obrero "el Gobierno persigue impulsar la inclusión a través del empleo, dirigidos a jóvenes, mayores de 45 años, a mujeres víctimas de violencia de género", además -apuntó- "otro de los ejes de este plan es la garantía de un sistema de prestaciones económicas para las personas más vulnerables, dando continuidad al programa Prepara y reorganizando las prestaciones no contributivas para evitar lagunas de cobertura".
Según informó la vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular de Córdoba "el tercero de los ejes es el compromiso con los servicios básicos, enfocados a la población más desfavorecida en el ámbito de la educación, la sanidad, en vivienda y nuevas tecnologías".
También añadió que "este Plan de Inclusión del Gobierno de España es el primero que incorpora un objetivo transversal de lucha contra la pobreza infantil, y para ello el Gobierno cuenta con un Fondo Extraordinario de 17 millones de euros, íntegramente dedicado a luchar contra la pobreza infantil".
"A lo que se suman 40 millones de euros para el primer trimestre de 2014 del Fondo Europeo de Ayuda a los Más Desfavorecidos, que facilita alimentos a las familias que los necesita; y 20 millones de euros del Plan de Urgencia Social, para evitar que los niños se vean perjudicados por las dificultades económicas de las familias", explicó.
También, el Plan de Inclusión "incorpora un apartado específico dirigido a la atención de los grupos más vulnerables: personas con discapacidad, mayores, en situación de dependencia, víctimas de la violencia de género, población gitana, víctimas de discriminación, reclusos o ex reclusos y personas sin hogar", concluyo Rafaela Obrero.
REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
