La Junta de Andalucía exigió ayer al Ministerio de Justicia la retirada del Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada ya que desde la Junta se considera que "esta reforma legal vulnera la libertad y la capacidad de decisión de la mujer en relación a su maternidad y supone un serio riesgo para la salud sexual y reproductiva de la mujer".
Esta petición se ha hecho a través de un escrito dirigido al ministro de Justicia, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. En este documento se ha señalado "que las modificaciones planteadas suponen inseguridad jurídica para los profesionales de la salud".
Además se ha indicado que la nueva ley es "una imposición ideológica para la que no existía una demanda social mayoritaria". También se destaca "que estas modificaciones de la ley afectan a las mujeres con menos recursos y sitúa a España a la cola de Europa en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo".
Tal y como señaló la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, "el Gobierno andaluz exige la paralización de este anteproyecto de ley y ha encargado un análisis jurídico del texto para determinar si es constitucional o incompatible con otras normas vigentes actualmente, con el objetivo de emprender las acciones jurídicas oportunas".A su vez, Sánchez Rubio insistió en que "la Junta de Andalucía agotará todos los recursos jurídicos disponibles para evitar la entrada en vigor de estas reformas que vulneran los derechos de la mujer".
Consejo de Participación de las Mujeres
El Gobierno andaluz ha tomado esta medida a instancias del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, organismo representante de más de 2.000 asociaciones de mujeres de Andalucía y que canaliza las propuestas y aportaciones del movimiento asociativo en relación con las políticas autonómicas de igualdad de género.
El Pleno del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres acordó que el Gobierno andaluz traslade al Ministerio de Justicia la necesidad de evitar la entrada en vigor de estas reformas. Igualmente, este Consejo trasladará a los distintos partidos políticos, tanto en el ámbito de los grupos parlamentarios como en ayuntamientos y diputaciones, que realicen las mociones correspondientes dirigidas al Gobierno de España para anular las modificaciones de la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Además, desde este órgano se informará a los consejos provinciales, comarcales y locales de la Mujer para que conozcan el anteproyecto de ley y el grave retroceso que supone este nuevo texto para la libertad y los derechos de la mujer.
Para la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, es imprescindible que "la mujer continúe teniendo una voz determinante en su salud sexual y en su salud reproductiva", y que el Gobierno defienda "los derechos y libertades de las mujeres, en igualdad de condiciones, y en sintonía con el resto de leyes europeas".
Esta petición se ha hecho a través de un escrito dirigido al ministro de Justicia, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. En este documento se ha señalado "que las modificaciones planteadas suponen inseguridad jurídica para los profesionales de la salud".
Además se ha indicado que la nueva ley es "una imposición ideológica para la que no existía una demanda social mayoritaria". También se destaca "que estas modificaciones de la ley afectan a las mujeres con menos recursos y sitúa a España a la cola de Europa en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo".
Tal y como señaló la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, "el Gobierno andaluz exige la paralización de este anteproyecto de ley y ha encargado un análisis jurídico del texto para determinar si es constitucional o incompatible con otras normas vigentes actualmente, con el objetivo de emprender las acciones jurídicas oportunas".A su vez, Sánchez Rubio insistió en que "la Junta de Andalucía agotará todos los recursos jurídicos disponibles para evitar la entrada en vigor de estas reformas que vulneran los derechos de la mujer".
Consejo de Participación de las Mujeres
El Gobierno andaluz ha tomado esta medida a instancias del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, organismo representante de más de 2.000 asociaciones de mujeres de Andalucía y que canaliza las propuestas y aportaciones del movimiento asociativo en relación con las políticas autonómicas de igualdad de género.
El Pleno del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres acordó que el Gobierno andaluz traslade al Ministerio de Justicia la necesidad de evitar la entrada en vigor de estas reformas. Igualmente, este Consejo trasladará a los distintos partidos políticos, tanto en el ámbito de los grupos parlamentarios como en ayuntamientos y diputaciones, que realicen las mociones correspondientes dirigidas al Gobierno de España para anular las modificaciones de la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Además, desde este órgano se informará a los consejos provinciales, comarcales y locales de la Mujer para que conozcan el anteproyecto de ley y el grave retroceso que supone este nuevo texto para la libertad y los derechos de la mujer.
Para la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, es imprescindible que "la mujer continúe teniendo una voz determinante en su salud sexual y en su salud reproductiva", y que el Gobierno defienda "los derechos y libertades de las mujeres, en igualdad de condiciones, y en sintonía con el resto de leyes europeas".
REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
