La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha comenzado hoy la expropiación de un inmueble en la localidad de La Rambla con el fin de evitar el desahucio de una familia que se encuentra en riesgo de exclusión social.
Se trata de un matrimonio con tres hijos, uno de ellos menor, que solicitó acogerse a la medida de protección recogida en la Ley de la Función Social de la Vivienda. Los dos miembros de la pareja están sin empleo ya que el marido no percibe ninguna prestación y la mujer agota en enero el subsidio agrícola.
Este proceso también se ha iniciado hoy en el municipio de La Carlota con el objetivo de impedir el desahucio de otra familia que se encuentra en riesgo de exclusión social y que está compuesta por un matrimonio en situación de desempleo y dos hijos menores. En el caso de la familia carloteña la mujer percibe el subsidio por desempleo y el marido no cuenta con ningún ingreso.
Esta familia también se acogió a la medida de la Consejería dirigida por Elena Cortés, la cual, ha realizado en los cinco meses en que lleva en vigor la norma (como Decreto o como Ley) un total de 39 expropiaciones, dos de ellas ya culminadas en el Consejo de Gobierno siendo 15 en Málaga; 6 en Granada, 5 en Córdoba, 5 en Sevilla, 3 en Cádiz, 3 en Almería y 2 en Huelva.
Las expropiaciones del uso de las viviendas, que han sido publicadas hoy en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), impiden el desalojo de la familia durante tres años. Por otra parte, el anuncio publicado este boletín es el paso previo al proceso de expropiación temporal del uso, que se aplica a los inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.
Tras haber sido realizada esta publicación, las sociedades adjudicatarias del piso, en este caso BBK-Cajasur y General Electric Capital Bank, disponen de un plazo de 15 días para presentar alegaciones y si éstas no son aceptadas, se establecerá un justiprecio y se emitirá un informe técnico de la Dirección General de Vivienda, dependiente de la Consejería.
Posteriormente este informe será publicado de nuevo en el Boletín Oficial de la Junta, como paso previo a la aprobación definitiva de la expropiación por parte del Consejo de Gobierno, iniciándose así un proceso plenamente garantista.
Las expropiaciones que se han iniciado hoy en estos dos municipios son la tercera y la cuarta desde que el Consejo de Ministros acordó, el pasado viernes 13 de diciembre, presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley, invocando el artículo 161.2 de la Constitución, lo que motivará su suspensión inmediata en que cuanto sea interpuesto.
Dicho recurso motivará la suspensión de los artículos impugnados, entre ellos el que faculta a la Consejería para expropiar viviendas al objeto de evitar desahucios de familias en riesgo acreditado de exclusión social. El Tribunal Constitucional tendrá cinco meses para decidir sobre el levantamiento o no de la suspensión cautelar de la norma.
Ante esta situación, la Consejería remitirá al juzgado de 1ª instancia número 8 de Córdoba, un escrito formal reclamando que no se ejecute el desahucio hasta que el Constitucional no emita una sentencia. De igual manera, este procedimiento se realizará con los otros expedientes publicados en BOJA.
Se trata de una medida igual a la ya adoptada por la Consejería cuando el Gobierno presentó un recurso contra el Decreto que precedió a la Ley. Ninguna de las familias que se han acogido a esta medida, sea como Decreto o como Ley, han sido desahuciadas.
En el momento en que el Tribunal Constitucional comunique a la Consejería la suspensión de la Ley, el departamento que dirige Elena Cortés solicitará formalmente el levantamiento de la suspensión cautelar de la misma, al producirse una situación de desprotección de derechos constitucionales.
Se trata de un matrimonio con tres hijos, uno de ellos menor, que solicitó acogerse a la medida de protección recogida en la Ley de la Función Social de la Vivienda. Los dos miembros de la pareja están sin empleo ya que el marido no percibe ninguna prestación y la mujer agota en enero el subsidio agrícola.
Este proceso también se ha iniciado hoy en el municipio de La Carlota con el objetivo de impedir el desahucio de otra familia que se encuentra en riesgo de exclusión social y que está compuesta por un matrimonio en situación de desempleo y dos hijos menores. En el caso de la familia carloteña la mujer percibe el subsidio por desempleo y el marido no cuenta con ningún ingreso.
Esta familia también se acogió a la medida de la Consejería dirigida por Elena Cortés, la cual, ha realizado en los cinco meses en que lleva en vigor la norma (como Decreto o como Ley) un total de 39 expropiaciones, dos de ellas ya culminadas en el Consejo de Gobierno siendo 15 en Málaga; 6 en Granada, 5 en Córdoba, 5 en Sevilla, 3 en Cádiz, 3 en Almería y 2 en Huelva.
Las expropiaciones del uso de las viviendas, que han sido publicadas hoy en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), impiden el desalojo de la familia durante tres años. Por otra parte, el anuncio publicado este boletín es el paso previo al proceso de expropiación temporal del uso, que se aplica a los inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.
Tras haber sido realizada esta publicación, las sociedades adjudicatarias del piso, en este caso BBK-Cajasur y General Electric Capital Bank, disponen de un plazo de 15 días para presentar alegaciones y si éstas no son aceptadas, se establecerá un justiprecio y se emitirá un informe técnico de la Dirección General de Vivienda, dependiente de la Consejería.
Posteriormente este informe será publicado de nuevo en el Boletín Oficial de la Junta, como paso previo a la aprobación definitiva de la expropiación por parte del Consejo de Gobierno, iniciándose así un proceso plenamente garantista.
Las expropiaciones que se han iniciado hoy en estos dos municipios son la tercera y la cuarta desde que el Consejo de Ministros acordó, el pasado viernes 13 de diciembre, presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley, invocando el artículo 161.2 de la Constitución, lo que motivará su suspensión inmediata en que cuanto sea interpuesto.
Dicho recurso motivará la suspensión de los artículos impugnados, entre ellos el que faculta a la Consejería para expropiar viviendas al objeto de evitar desahucios de familias en riesgo acreditado de exclusión social. El Tribunal Constitucional tendrá cinco meses para decidir sobre el levantamiento o no de la suspensión cautelar de la norma.
Ante esta situación, la Consejería remitirá al juzgado de 1ª instancia número 8 de Córdoba, un escrito formal reclamando que no se ejecute el desahucio hasta que el Constitucional no emita una sentencia. De igual manera, este procedimiento se realizará con los otros expedientes publicados en BOJA.
Se trata de una medida igual a la ya adoptada por la Consejería cuando el Gobierno presentó un recurso contra el Decreto que precedió a la Ley. Ninguna de las familias que se han acogido a esta medida, sea como Decreto o como Ley, han sido desahuciadas.
En el momento en que el Tribunal Constitucional comunique a la Consejería la suspensión de la Ley, el departamento que dirige Elena Cortés solicitará formalmente el levantamiento de la suspensión cautelar de la misma, al producirse una situación de desprotección de derechos constitucionales.
REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
