El coordinador regional de Sanidad del PP andaluz y portavoz de Sanidad en el Senado, Jesús Aguirre, aseguró que la subasta de medicamentos promovida por Junta de Andalucía "merma la accesibilidad a todos los medicamentos en igualdad de condiciones con en el resto de España para los médicos andaluces, perjudicando así a los pacientes" en un acto, en el que también afirmó que esta decisión está provocando inequidad entre las comunidades autónomas.
En este sentido, Aguirre apuntó que "las subastas farmacéuticas sólo llevan a una sanidad torticera, en la que no existe variabilidad de opciones de tratamiento ni posibilidades de elección, perjudicando gravemente a los pacientes".
A su vez, recordó que las medidas de impacto económico y de ahorro que argumenta el Ejecutivo andaluz son las que el Gobierno de la Nación está tomando y que ya se han puesto en marcha, destacando entre ellas la actualización del Nomenclátor que convierte en un precio menor el precio más bajo de los fármacos.
En este sentido, "la mayoría de los medicamentos de la subasta andaluza ya se han rebajado para toda España y se han aprobado desde el Gobierno modificaciones normativas para que el precio más bajo se aplique en toda España y, por supuesto, en Andalucía", apuntó Aguirre.
Además, explicó que desde el Ministerio de Sanidad se están aplicando las medidas necesarias bajo el criterio de la eficiencia y con el objetivo del ahorro e incidió en que la comisión de precios revisa periódicamente todas las ofertas de los fármacos y adapta los precios más asequibles para toda España, sin que ningún ciudadano deba pagar más o menos por un fármaco en función de su lugar de residencia.
Del mismo modo, aseveró que, por el contrario, "la medida de la Junta de Andalucía supone crear diferencias e incluso puede generar problemas de abastecimiento entre las diferentes provincias andaluzas" y explicó que el real decreto 16/2012 para la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud ha supuesto un uso más adecuado de los medicamentos.
Este decreto también contribuido a generar una importante concienciación del buen uso de los medicamentos por parte de médicos y pacientes, una bajada del 6 por ciento en el número de recetas y una bajada media de más del 20 por ciento en el gasto en farmacia extra hospitalaria.
Por este motivo el coordinador regional de Sanidad del PP andaluz argumentó que "no era de recibo la incineración anual de unas 3.700 toneladas de medicamentos no utilizados y pagados por el Sistema Nacional de Salud", a la vez que añadió que "con las medidas del Gobierno se ha conseguido un ahorro de 2.700 millones de euros a nivel nacional, de los cuales más de 400 millones corresponden al ahorro de las arcas de la Junta de Andalucía".
Aguirre afirmó que “la Junta de Andalucía ha inventado un procedimiento cuyo diseño le correspondería al Gobierno mediante Real Decreto y, que en cualquier caso, lo ha hecho rompiendo los más elementales principios de cortesía institucional, que hubiera sido su notificación e información al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”.
Subasta asiática de Susana Díaz
En un segundo punto de su intervención Jesús Aguirre lamentó que la Junta de Andalucía encargue mediante subasta el 70 por ciento de los medicamentos a empresas asiáticas, algunas de ellas multadas y prohibidas en el mercado estadounidense.
Según los datos recopilados por Aguirre, a las subastas de medicamentos organizadas por el Gobierno andaluz no concurren las grandes empresas farmacéuticas españolas, mientras que sí lo hacen empresas radicadas en la India y Bangladesh, algunas de ellas multadas por la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA) y otras con prohibiciones expresas de exportaciones a Estados Unidos.
Otro dato que añadió el portavoz de Sanidad en el Senado para su argumentación es que "el 70 por ciento de los medicamentos seleccionados por la Consejería de Salud se fabrican en Asia, el 16 por ciento en Eslovenia y sólo el 13 por ciento de ellos los fabrican empresas españolas con poca presencia en el sector".
Para finalizar, el popular indicó que la producción de fármacos se encarga a empresas que no presentan instalaciones productivas ni en Andalucía ni en el resto de España, por lo que su aportación al PIB, a la economía nacional y a la creación de empleo es nula.
En este sentido, Aguirre apuntó que "las subastas farmacéuticas sólo llevan a una sanidad torticera, en la que no existe variabilidad de opciones de tratamiento ni posibilidades de elección, perjudicando gravemente a los pacientes".
A su vez, recordó que las medidas de impacto económico y de ahorro que argumenta el Ejecutivo andaluz son las que el Gobierno de la Nación está tomando y que ya se han puesto en marcha, destacando entre ellas la actualización del Nomenclátor que convierte en un precio menor el precio más bajo de los fármacos.
En este sentido, "la mayoría de los medicamentos de la subasta andaluza ya se han rebajado para toda España y se han aprobado desde el Gobierno modificaciones normativas para que el precio más bajo se aplique en toda España y, por supuesto, en Andalucía", apuntó Aguirre.
Además, explicó que desde el Ministerio de Sanidad se están aplicando las medidas necesarias bajo el criterio de la eficiencia y con el objetivo del ahorro e incidió en que la comisión de precios revisa periódicamente todas las ofertas de los fármacos y adapta los precios más asequibles para toda España, sin que ningún ciudadano deba pagar más o menos por un fármaco en función de su lugar de residencia.
Del mismo modo, aseveró que, por el contrario, "la medida de la Junta de Andalucía supone crear diferencias e incluso puede generar problemas de abastecimiento entre las diferentes provincias andaluzas" y explicó que el real decreto 16/2012 para la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud ha supuesto un uso más adecuado de los medicamentos.
Este decreto también contribuido a generar una importante concienciación del buen uso de los medicamentos por parte de médicos y pacientes, una bajada del 6 por ciento en el número de recetas y una bajada media de más del 20 por ciento en el gasto en farmacia extra hospitalaria.
Por este motivo el coordinador regional de Sanidad del PP andaluz argumentó que "no era de recibo la incineración anual de unas 3.700 toneladas de medicamentos no utilizados y pagados por el Sistema Nacional de Salud", a la vez que añadió que "con las medidas del Gobierno se ha conseguido un ahorro de 2.700 millones de euros a nivel nacional, de los cuales más de 400 millones corresponden al ahorro de las arcas de la Junta de Andalucía".
Aguirre afirmó que “la Junta de Andalucía ha inventado un procedimiento cuyo diseño le correspondería al Gobierno mediante Real Decreto y, que en cualquier caso, lo ha hecho rompiendo los más elementales principios de cortesía institucional, que hubiera sido su notificación e información al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”.
Subasta asiática de Susana Díaz
En un segundo punto de su intervención Jesús Aguirre lamentó que la Junta de Andalucía encargue mediante subasta el 70 por ciento de los medicamentos a empresas asiáticas, algunas de ellas multadas y prohibidas en el mercado estadounidense.
Según los datos recopilados por Aguirre, a las subastas de medicamentos organizadas por el Gobierno andaluz no concurren las grandes empresas farmacéuticas españolas, mientras que sí lo hacen empresas radicadas en la India y Bangladesh, algunas de ellas multadas por la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA) y otras con prohibiciones expresas de exportaciones a Estados Unidos.
Otro dato que añadió el portavoz de Sanidad en el Senado para su argumentación es que "el 70 por ciento de los medicamentos seleccionados por la Consejería de Salud se fabrican en Asia, el 16 por ciento en Eslovenia y sólo el 13 por ciento de ellos los fabrican empresas españolas con poca presencia en el sector".
Para finalizar, el popular indicó que la producción de fármacos se encarga a empresas que no presentan instalaciones productivas ni en Andalucía ni en el resto de España, por lo que su aportación al PIB, a la economía nacional y a la creación de empleo es nula.
REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
