La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Córdoba exige a los ayuntamientos, a la Diputación y a las demás entidades locales de la provincia que abonen a los empleados municipales el salario detraído en diciembre de 2012 que corresponde a 44 días de la paga extraordinaria de ese mismo año.
El presidente del Sector de Administración Local de la central sindical en Córdoba, Rafael García, explica que, a raíz del Real Decreto-Ley 20/2012 sobre Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, se eliminaron una serie de derechos hacia los trabajadores municipales, “todo ello de forma injusta y, además, en el caso de la supresión de la paga extraordinaria, de manera ilegal”.
El sindicato afirma que existen varias sentencias judiciales que han venido a dar la razón a los trabajadores. La primera de estas resoluciones fue emitida por la Audiencia Nacional en enero de 2013. Posteriormente, se han hecho públicas otras sentencias de distintos juzgados de lo Social condenando a la Administración a abonar lo detraído de la paga extraordinaria a las plantillas municipales.
Dichas resoluciones judiciales dejan claro que la paga extraordinaria no es una gratificación, sino que es una retribución diferida al formar parte del salario, de manera que el devengo de esta se produce día a día, aunque generalmente se cobra en julio y diciembre.
El sindicato mayoritario en la Función Pública Andaluza señala que a todo esto hay que añadir que las reformas legales producen efecto cuando entran en vigor, no antes, con lo cual cualquier posible retroacción de una norma debe contenerse expresamente.
García resalta que cuando entró en vigor el citado decreto ley que suprime la paga extra en julio de 2012 “los empleados municipales ya habíamos sudado el derecho a percibir la parte que correspondía”.
“Según nuestros cálculos, las cantidades adeudadas media por profesional rondan entre los 300 y los 500 euros, dependiendo del grupo al que se pertenezca”. Este dirigente sindical recordó que el decreto ley se adoptó en un momento en el que había que reducir el déficit público y “meter la mano en los bolsillos de los empleados públicos”.
García subraya que en estos momentos se están elaborando los presupuestos municipales para 2014, por lo que “es el momento de ser responsables e incorporar la devolución de la parte proporcional de la paga extraordinaria a sus plantillas”.
“Desde CSIF suponemos que los alcaldes, alcaldesas y la presidenta de la Diputación quieren hacer su trabajo de la mejor manera posible, por lo que, desde el respeto a las leyes laborales y a los trabajadores que conforman su personal, les pedimos que devuelvan la cantidad retraída de una manera injusta e ilegal”.
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El presidente del Sector de Administración Local de la central sindical en Córdoba, Rafael García, explica que, a raíz del Real Decreto-Ley 20/2012 sobre Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, se eliminaron una serie de derechos hacia los trabajadores municipales, “todo ello de forma injusta y, además, en el caso de la supresión de la paga extraordinaria, de manera ilegal”.
El sindicato afirma que existen varias sentencias judiciales que han venido a dar la razón a los trabajadores. La primera de estas resoluciones fue emitida por la Audiencia Nacional en enero de 2013. Posteriormente, se han hecho públicas otras sentencias de distintos juzgados de lo Social condenando a la Administración a abonar lo detraído de la paga extraordinaria a las plantillas municipales.
Dichas resoluciones judiciales dejan claro que la paga extraordinaria no es una gratificación, sino que es una retribución diferida al formar parte del salario, de manera que el devengo de esta se produce día a día, aunque generalmente se cobra en julio y diciembre.
El sindicato mayoritario en la Función Pública Andaluza señala que a todo esto hay que añadir que las reformas legales producen efecto cuando entran en vigor, no antes, con lo cual cualquier posible retroacción de una norma debe contenerse expresamente.
García resalta que cuando entró en vigor el citado decreto ley que suprime la paga extra en julio de 2012 “los empleados municipales ya habíamos sudado el derecho a percibir la parte que correspondía”.
“Según nuestros cálculos, las cantidades adeudadas media por profesional rondan entre los 300 y los 500 euros, dependiendo del grupo al que se pertenezca”. Este dirigente sindical recordó que el decreto ley se adoptó en un momento en el que había que reducir el déficit público y “meter la mano en los bolsillos de los empleados públicos”.
García subraya que en estos momentos se están elaborando los presupuestos municipales para 2014, por lo que “es el momento de ser responsables e incorporar la devolución de la parte proporcional de la paga extraordinaria a sus plantillas”.
“Desde CSIF suponemos que los alcaldes, alcaldesas y la presidenta de la Diputación quieren hacer su trabajo de la mejor manera posible, por lo que, desde el respeto a las leyes laborales y a los trabajadores que conforman su personal, les pedimos que devuelvan la cantidad retraída de una manera injusta e ilegal”.
REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
