El pasado lunes, 12 de octubre, presenciamos la celebración de la Fiesta Nacional y, como siempre, de manera oficial se celebra con un desfile militar, como si eso fuera lo que nos define o nos interesa como nación. ¿No sería más razonable hacer un desfile de nuestros servidores públicos: médicos, maestros, bomberos o agricultores?
Lo que sí nos interpela es la movilización popular en defensa del derecho constitucional a la vivienda. Dentro de esa indignación, el pasado 7 de octubre por la noche falleció Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de su casa, en la que había vivido más de setenta años, porque ninguno de los gobiernos de la democracia ha cumplido el artículo 47 de nuestra Constitución, que dice:
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
En este artículo de la Constitución veo cuatro conceptos explicados con absoluta claridad por los constituyentes:
Queda claro que ese artículo debería impedir el uso de las viviendas como un producto más de mercado. Pues bien, ninguno de esos cuatro conceptos se ha cumplido en los 48 años que lleva vigente la Constitución. Más bien, la vivienda, con la complicidad necesaria de todos los gobiernos, se ha convertido en uno de los mercados especulativos más rentables.
Veamos ahora lo que dice la Constitución sobre la propiedad privada en su artículo 33:
1.Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
En el caso de Maricarmen ha quedado patente que, para la Justicia, el derecho a obtener beneficio de la propiedad privada está por encima del derecho a la vivienda. Lo llamativo es que la Constitución garantiza el derecho a la propiedad privada, pero en el mismo artículo nos dice que esta tendrá una función social.
Como última nota al respecto, no está mal recordar el artículo 128.1: Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Si tenemos en cuenta esta pequeña revisión de la Constitución, habría que pensar que lo revolucionario en 2026 es exigir el cumplimiento estricto de la Constitución de mínimos que fue la del 78, redactada bajo la vigilancia de los ejércitos y los jueces franquistas.
La historia nos enseña que, de tanto en tanto, los pueblos se hartan de su situación de felpudo de los poderosos y se rebelan. En algunas ocasiones, las menos, logran tomar el poder o, sin tomarlo, logran mejorar alguna de sus condiciones de vida.
Nos han convencido de las bondades del Estado de derecho, en el que obviamente se condena la violencia. Pero son los poderosos, o los que trabajan para los poderosos, los que dicen qué es o no es violencia. Frente a eso, es evidente que echar a una anciana de 87 años de la casa en la que ha vivido casi toda su vida y que ha pagado religiosamente hasta que los especuladores suben el alquiler a cifras inalcanzables para ella, aunque sea legal, es injusto, parece anticonstitucional y es violencia.
Ahora estamos viendo una revuelta popular pacífica en nuestra patria y muchos dirán que es por el desahucio de Maricarmen pero, a poco que pensemos, nos daremos cuenta de que el malestar por la enorme dificultad de acceder a una vivienda digna y permanecer en ella cuando las cosas vienen mal lleva años conviviendo con nosotros, al menos desde la crisis de 2008 y los desahucios por las hipotecas.
Aquello había generado las distintas asociaciones de autoprotección, como las Plataformas de Afectados por la Hipoteca o el Sindicato de Inquilinas, que intentan defender a los débiles frente a los más fuertes, que además cuentan con la complicidad necesaria de las distintas fuerzas políticas que legislan a favor del derecho a la propiedad privada frente al derecho a una vivienda digna.
Esta revuelta se une a las revueltas de París, con cerca de 7.000 detenidos; a los más de 30.000 manifestantes de Bruselas contra la austeridad del gobierno belga; a los triunfos de la izquierda en Berlín o Nueva York, apoyándose en propuestas a favor de la gente y en contra de las grandes fortunas; o a los miles de manifestantes contra la visita de Marcos Rubio a Grecia.
Todos estos hechos que están ocurriendo o han ocurrido en las pasadas semanas nos indican que existe una enorme frustración y enfado en amplias capas sociales y también que sigue existiendo una ciudadanía —y, especialmente, una juventud— informada y dispuesta a exigir sus derechos.
Pese a que los medios de comunicación se empeñan en asustarnos cada día con la llegada del fascismo, la realidad es que los movimientos organizados antifascistas son más numerosos, como se está viendo en la Puerta del Sol con la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), que ha inundado la acampada con banderas rojas y se declara abiertamente comunista e internacionalista, y se coordina con grupos similares en otros estados de la UE para intentar crear un partido europeo que haga la revolución socialista frente al modelo capitalista de acumulación económica, que, a pesar de los esfuerzos de los medios de información por disimularlo, deja ver las costuras de las desigualdades sociales y las enormes dificultades para conseguir unas condiciones de reparto de la riqueza mínimamente razonables.
Amplias capas de la sociedad tienen la sensación de que lo que importa de verdad no se decide en el Parlamento ni por los representantes de la soberanía popular, sino en otros sitios: en los palcos de los grandes equipos de fútbol, en reuniones con lobistas en Madrid o en Bruselas. Y, a nivel general, los que deciden son aquellos que se reúnen en el exclusivo Club Bilderberg, que son unos 120 o 140 de los más influyentes personajes del mundo. Eso no es democracia; se llama plutocracia: es el gobierno de los ricos.
Pero entonces, ¿para qué nos sirve la democracia? Esa pregunta se responde con otra pregunta: ¿qué pasaría si no existiera la democracia y las libertades que dice defender? ¿La libertad de reunión, de asociación, de expresión, de prensa?
La democracia no es la meta; es el camino, es la herramienta para conseguir una sociedad que haga realidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando dice que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
Frente a las amenazas y los fracasos de la propia democracia no cabe el pasotismo ni la indiferencia; hay que ser ciudadano, buscar la información con sentido crítico y participar, cada cual defendiendo sus intereses, los suyos, no los de esos supuestos gurús de las redes que hablan de las dificultades de la gente común desde sus refugios fiscales en Andorra o esos otros medios o pseudomedios pagados por los poderosos para convencernos de que solo nos irá bien si a los de arriba les sobran las migajas que dejan caer de la mesa, o los peores, esos que han logrado convencer a muchos de que no somos millonarios porque no nos esforzamos lo suficiente o porque vivimos por encima de nuestras posibilidades. ¿Os suena de algo?
Estamos en precampaña electoral. Pues seamos ciudadanos responsables, pensemos en nuestros intereses particulares y también en los intereses de la sociedad. Pensemos en lo que ya nos dijo hace casi 2.000 años el filósofo estoico y emperador romano Marco Aurelio: “Lo que no es bueno para la colmena, no puede ser bueno para la abeja”. ¡Tiempos aquellos en los que mandaban los filósofos!
Lo que sí nos interpela es la movilización popular en defensa del derecho constitucional a la vivienda. Dentro de esa indignación, el pasado 7 de octubre por la noche falleció Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de su casa, en la que había vivido más de setenta años, porque ninguno de los gobiernos de la democracia ha cumplido el artículo 47 de nuestra Constitución, que dice:
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
En este artículo de la Constitución veo cuatro conceptos explicados con absoluta claridad por los constituyentes:
- El primer concepto expresa sin ningún matiz el derecho universal a la vivienda.
- El segundo obliga a los poderes públicos —a todos— a que hagan lo necesario para que ese derecho sea efectivo.
- El tercero menciona explícitamente que los poderes públicos —todos— deben impedir la especulación.
- El cuarto deja claro que la comunidad, es decir, lo público, lo de todos, debe beneficiarse de las plusvalías que pudieran generar las viviendas públicas.
Queda claro que ese artículo debería impedir el uso de las viviendas como un producto más de mercado. Pues bien, ninguno de esos cuatro conceptos se ha cumplido en los 48 años que lleva vigente la Constitución. Más bien, la vivienda, con la complicidad necesaria de todos los gobiernos, se ha convertido en uno de los mercados especulativos más rentables.
Veamos ahora lo que dice la Constitución sobre la propiedad privada en su artículo 33:
1.Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
En el caso de Maricarmen ha quedado patente que, para la Justicia, el derecho a obtener beneficio de la propiedad privada está por encima del derecho a la vivienda. Lo llamativo es que la Constitución garantiza el derecho a la propiedad privada, pero en el mismo artículo nos dice que esta tendrá una función social.
Como última nota al respecto, no está mal recordar el artículo 128.1: Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Si tenemos en cuenta esta pequeña revisión de la Constitución, habría que pensar que lo revolucionario en 2026 es exigir el cumplimiento estricto de la Constitución de mínimos que fue la del 78, redactada bajo la vigilancia de los ejércitos y los jueces franquistas.
La historia nos enseña que, de tanto en tanto, los pueblos se hartan de su situación de felpudo de los poderosos y se rebelan. En algunas ocasiones, las menos, logran tomar el poder o, sin tomarlo, logran mejorar alguna de sus condiciones de vida.
Nos han convencido de las bondades del Estado de derecho, en el que obviamente se condena la violencia. Pero son los poderosos, o los que trabajan para los poderosos, los que dicen qué es o no es violencia. Frente a eso, es evidente que echar a una anciana de 87 años de la casa en la que ha vivido casi toda su vida y que ha pagado religiosamente hasta que los especuladores suben el alquiler a cifras inalcanzables para ella, aunque sea legal, es injusto, parece anticonstitucional y es violencia.
Ahora estamos viendo una revuelta popular pacífica en nuestra patria y muchos dirán que es por el desahucio de Maricarmen pero, a poco que pensemos, nos daremos cuenta de que el malestar por la enorme dificultad de acceder a una vivienda digna y permanecer en ella cuando las cosas vienen mal lleva años conviviendo con nosotros, al menos desde la crisis de 2008 y los desahucios por las hipotecas.
Aquello había generado las distintas asociaciones de autoprotección, como las Plataformas de Afectados por la Hipoteca o el Sindicato de Inquilinas, que intentan defender a los débiles frente a los más fuertes, que además cuentan con la complicidad necesaria de las distintas fuerzas políticas que legislan a favor del derecho a la propiedad privada frente al derecho a una vivienda digna.
Esta revuelta se une a las revueltas de París, con cerca de 7.000 detenidos; a los más de 30.000 manifestantes de Bruselas contra la austeridad del gobierno belga; a los triunfos de la izquierda en Berlín o Nueva York, apoyándose en propuestas a favor de la gente y en contra de las grandes fortunas; o a los miles de manifestantes contra la visita de Marcos Rubio a Grecia.
Todos estos hechos que están ocurriendo o han ocurrido en las pasadas semanas nos indican que existe una enorme frustración y enfado en amplias capas sociales y también que sigue existiendo una ciudadanía —y, especialmente, una juventud— informada y dispuesta a exigir sus derechos.
Pese a que los medios de comunicación se empeñan en asustarnos cada día con la llegada del fascismo, la realidad es que los movimientos organizados antifascistas son más numerosos, como se está viendo en la Puerta del Sol con la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), que ha inundado la acampada con banderas rojas y se declara abiertamente comunista e internacionalista, y se coordina con grupos similares en otros estados de la UE para intentar crear un partido europeo que haga la revolución socialista frente al modelo capitalista de acumulación económica, que, a pesar de los esfuerzos de los medios de información por disimularlo, deja ver las costuras de las desigualdades sociales y las enormes dificultades para conseguir unas condiciones de reparto de la riqueza mínimamente razonables.
Amplias capas de la sociedad tienen la sensación de que lo que importa de verdad no se decide en el Parlamento ni por los representantes de la soberanía popular, sino en otros sitios: en los palcos de los grandes equipos de fútbol, en reuniones con lobistas en Madrid o en Bruselas. Y, a nivel general, los que deciden son aquellos que se reúnen en el exclusivo Club Bilderberg, que son unos 120 o 140 de los más influyentes personajes del mundo. Eso no es democracia; se llama plutocracia: es el gobierno de los ricos.
Pero entonces, ¿para qué nos sirve la democracia? Esa pregunta se responde con otra pregunta: ¿qué pasaría si no existiera la democracia y las libertades que dice defender? ¿La libertad de reunión, de asociación, de expresión, de prensa?
La democracia no es la meta; es el camino, es la herramienta para conseguir una sociedad que haga realidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando dice que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
Frente a las amenazas y los fracasos de la propia democracia no cabe el pasotismo ni la indiferencia; hay que ser ciudadano, buscar la información con sentido crítico y participar, cada cual defendiendo sus intereses, los suyos, no los de esos supuestos gurús de las redes que hablan de las dificultades de la gente común desde sus refugios fiscales en Andorra o esos otros medios o pseudomedios pagados por los poderosos para convencernos de que solo nos irá bien si a los de arriba les sobran las migajas que dejan caer de la mesa, o los peores, esos que han logrado convencer a muchos de que no somos millonarios porque no nos esforzamos lo suficiente o porque vivimos por encima de nuestras posibilidades. ¿Os suena de algo?
Estamos en precampaña electoral. Pues seamos ciudadanos responsables, pensemos en nuestros intereses particulares y también en los intereses de la sociedad. Pensemos en lo que ya nos dijo hace casi 2.000 años el filósofo estoico y emperador romano Marco Aurelio: “Lo que no es bueno para la colmena, no puede ser bueno para la abeja”. ¡Tiempos aquellos en los que mandaban los filósofos!
ÁNGEL DÍEZ DE MIGUEL
ILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL
ILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL
