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1/5/20

  • 1.5.20
El economista social Rafael Luque Muñoz (La Rambla, 1973) es el ecónomo general de Lares, una asociación de residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario a la que pertenecen 17 asociaciones autonómicas y que aglutina 1.050 centros y servicios en toda España. La entidad atiende a 70.000 mayores cada día y, en sus centros, trabajan unos 35.000 profesionales, así como 9.500 voluntarios.



En Andalucía, Lares atiende 134 centros, algunos de ellos en localidades como Baena, Belmez, Cabra, Córdoba, Dos Torres, El Viso, Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, La Rambla, Lucena, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco o Priego de Córdoba. Su ecónomo general es, además, miembro del Consejo Andaluz de Personas Mayores –en calidad de representante de las entidades no lucrativas– y es también director de la Residencia Cristo de los Remedios de La Rambla.

—¿Cuál es la situación actual de los centros Lares en Córdoba?

—En Córdoba contamos con 25 centros repartidos por toda la provincia y, actualmente, solo en cuatro de ellos hay personas contagiadas por el Covid-19, aunque el número de afectados alcanza el centenar: 82 residentes y 18 trabajadores. En la residencia que yo dirijo, la del Santísimo Cristo de los Remedios de La Rambla, no tenemos ninguna persona afectada hasta este momento.

—¿Entonces han hecho análisis en sus centros?

—Sí, hace días nos hicieron los test rápidos a todos –residentes, trabajadores y religiosas– y todos dimos negativo, afortunadamente. En este sentido, tengo que agradecer a la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios de la Junta, al Centro de Salud de La Rambla y al enfermero de enlace su total disposición y cercanía.

—¿Cuentan en sus centros con material para protección?

—El material ha ido llegando, aunque en mucha menor medida del que necesitamos. Al principio de la crisis es cierto que nos mandaban todos los días protocolos de actuación pero, sin embargo, no nos facilitaban el material para ponerlo en práctica. Yo comparaba la situación con un supuesto en el que alguien tiene hambre y, en lugar de alimentos, le proporcionan recetas de cocina y una guía de alimentación.

Ahora, superados ya los protocolos y los complicados Planes de Contingencia, desde la Administración nos preguntan todas las semanas qué material tenemos y qué material necesitamos, es decir, conocen nuestras necesidades pero, sin embargo, no las cubren. La comunicación es buena, sí. Pero, en nuestro caso, ha llegado poco material: escasas mascarillas quirúrgicas y unos pocos guantes. Y, además, todo ha llegado más bien tarde, cuando la situación estaba en algunos casos muy avanzada.

Hoy por hoy, disponemos de material para la prevención y contención de la enfermedad, pero no tanto para la atención y, menos aún, para la cura de la misma. El material que tenemos, o lo hemos adquirido nosotros con nuestros medios, o nos los han donado empresas locales y particulares, o nos lo ha regalado el Ayuntamiento de La Rambla. En ese sentido, debo decir que desde el primer día hemos contado con el respaldo de nuestro alcalde, Jorge Jiménez, que se ha interesado y ha actuado para tratar de darnos todo lo que han podido.

—¿Cuáles son, a día de hoy, sus principales demandas materiales?

—Desde Lares creemos imprescindible hacer pruebas PCR porque los test rápidos actuales tienen un margen de error y, por tanto, pueden ofrecer resultados que luego no sean reales. Donde no hay casos sí podría servir esta práctica, pero donde existen casos positivos reclamamos realizar test PCR a residentes y trabajadores desde el primer día.

Para nosotros es muy importante ese diagnóstico PCR, ya que pondría en valor las cohortes recomendadas por la Administración Pública y que se han llevado a cabo en los centros de mayores para agrupar por categorías, según su relación con el virus. Los países que han tenido una menor incidencia del Covid-19 lo han sido por esta preventiva de detección del contagiador y su consiguiente aislamiento, de modo que todo lo que no sea realizar esta labor es abocar a las residencias a seguir incrementando las cifras de contagiados y fallecidos. Por tanto, consideramos muy injusto exigir a las residencias que no entre el virus y que no haya contagiados cuando no se nos está facilitando el material que necesitamos.

—Y aparte de las pruebas PCR, ¿tienen otras necesidades de equipamiento?

—Las residencias han realizado una gran inversión en gastos y materiales. A los guantes, mascarillas, gorros, cubrezapatos, geles hidroalcóholicos, batas, uniformes, esterillos, gafas, caretas o monos hay que sumar mobiliario especial para los planes de contención y aislamiento como camas, mesillas o barandillas.

Con respecto al personal, los centros sin contagios no solo hemos reforzado nuestras plantillas sino que, además, aquellas residencias que han tenido casos positivos han tenido que contratar personal que cubra a los compañeros que se encuentran de baja, con la enorme dificultad que entraña en estos momentos encontrar personal especializado, máxime si tenemos en cuenta que el Servicio Andaluz de Salud también ha intentado reforzar sus plantillas a costa de nuestras enfermeras, a las que se les advertía que podían salir de la bolsa pública de empleo.

—¿Han recibido apoyo económico por parte de la Junta de Andalucía?

—Desde hace semanas veníamos denunciando que Andalucía asumía el 80 por ciento del coste de las plazas de discapacidad, pero no el de las residencias de ancianos cuando, justamente, éramos y somos el sector que más sufre esta crisis sanitaria y el único que continúa trabajando. Por eso, hemos presentado decenas de instancias por diferentes medios y la única respuesta que obteníamos de la Dirección de Personas de Mayores durante 50 días era que se lo estaban pensando.

Afortunadamente, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tomó este miércoles en consideración las medidas económicas de carácter extraordinario adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para la financiación del 100 por cien del coste de las plazas residenciales vacantes por fallecimiento desde que se decretaron las medidas de contención del Covid-19, que suspendían los ingresos en los centros.

Esta medida fortalece sin duda el servicio prestado en los centros de atención residencial a personas en situación de dependencia, ya que las residencias arrastran históricamente una precaria situación económica como consecuencia de los precios por plaza concertada, que durante lustros han estado muy por debajo del coste real por plaza. Aparte, hay que tener en cuenta que nuestras plazas privadas son, realmente, plazas sociales que están aún más por debajo de ese coste, por lo que urgíamos a poner en práctica por parte de la Administración andaluza medidas como la que se adoptó ayer.

—Con respecto a las medidas de confinamiento que se adoptaron el pasado 14 de marzo con la declaración del Estado de alarma, ¿es partidario de que los mayores puedan salir a sus casas para poder estar con sus familiares?

—Desde la Administración autonómica ya se ha invitado acertadamente a que esto se pueda hacer, pero cada caso hay que estudiarlo de manera individual, ya que los decretos son muy amplios, abarcan situaciones generales y, por tanto, tienen muchas lagunas. Evidentemente, si las condiciones son las idóneas, sería un respiro para nuestros mayores poder estar en casa con los suyos, aunque puedo asegurar que, en el caso de La Rambla, el lugar más seguro ahora mismo para vivir lejos del Covid-19 es su residencia de ancianos.

—¿Cómo afectará esta crisis al día a día de los centros de mayores? ¿Habrá un antes y un después para las residencias?

—Seguro que sí y, desde luego, espero que así sea. Llevamos veinte años proponiéndole a la Junta de Andalucía un sistema sociosanitario mixto que contemple la realidad del modelo residencial y de los propios hospitales. En una situación normal, el 40 por ciento de las plazas hospitalarias están ocupadas por personas mayores con enfermedades crónicas y los hospitales deberían destinarse a pacientes que sufran enfermedades agudas. En ese sentido, pienso que tiene todo el sentido crear ese sistema sociosanitario que, hasta ahora, no se ha considerado válido por los costes que supone.

Lo que no podemos pretender es que todas las residencias que hay en España se medicalicen de un día para otro: eso no es posible. Las residencias nos dedicamos a cuidar, no a curar. Y, en ocasiones, se nos ha acusado durante esta crisis de no haber contado con respiradores suficientes cuando la realidad es que no hemos tenido que usarlos nunca, salvo excepciones, al igual que no tenemos respiradores en todos y cada uno de nuestros hogares.

—¿Considera que la sociedad valora el papel que están desempeñando las residencias?

—Quiero creer que sí, aunque a veces pienso que igual que salimos cada día a aplaudir a los sanitarios de los hospitales, también sería necesario visibilizar nuestra labor, ya que estamos haciendo lo mismo que ellos, con muchísimos menos medios y, encima, solo recibimos titulares negativos. Insisto: más del 85 por ciento de las residencias Lares no tienen contagio alguno y eso es un logro que hemos conseguido nosotros, que no somos hospitales, somos hogares. Somos la voz de los mayores y de los cuidadores, por eso pedimos que no nos hagan invisibles.

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

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