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Los trabajos de exhumación realizados en una fosa de Monturque concluyen con el hallazgo de siete cuerpos

La delegada del Gobierno, Rafi Crespín, junto al director general de Memoria Democrática, Javier Giráldez y la alcaldesa de Monturque visitaron ayer las fosas del municipio donde, a través de los trabajos desarrollados por la Junta de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento, se han exhumado siete cuerpos que presentan claras evidencias de muerte violenta.



Los siete cuerpos hallados a raíz de los trabajos desarrollados de forma conjunta por ambas administraciones están siendo analizados a través de un estudio antropológico que permita determinar las causas de la muerte, edad aproximada, sexo o complexión entre otra información.

A partir de ahora se va a proceder a la toma de muestras de saliva a los supuestos familiares, como a los propios cuerpos (dientes y huesos largos) para establecer, si es posible técnicamente, correlación genética, es decir, su identificación. De forma paralela el equipo técnico, después de una reunión mantenida recientemente con otros familiares, van a realizar sondeos en un nuevo espacio, ante los testimonios orales que insisten en señalar que existiría otra parte en la que podrían aparecer restos.

"Los que disfrutamos de un estado democrático como el nuestro, tenemos una deuda pendiente con lss víctimas y sus familiares que tienen todo el derecho a conocer la verdad, a sentir el respaldo de la justicia y de la reparación", defendió Crespín, quien señaló el compromiso del Gobierno andaluz por apoyar "la dignificación de las víctimas de la guerra y la dictadura mediante una legislación y una dotación presupuestaria que permita actuar y responder ante lo que es un derecho".

El trabajo en Monturque está siendo llevado a cabo por un equipo dirigido por el arqueólogo y antropólogo Andrés Fernández, con una dilatada experiencia en intervenciones en fosas del franquismo, como la de Málaga, la mayor fosa exhumada de Andalucía, con un total de 2.840 cuerpos recuperados. También ha trabajado en otras fosas de municipios de Córdoba, como Obejo o Adamuz.

Asimismo, destaca la colaboración entre administraciones para realizar esta actuación, especialmente, la ayuda prestada por el Ayuntamiento de Monturque en maquinaria y operarios, así como su labor de interlocución con los propietarios de los terrenos en los que han aparecido los restos, que han mostrado, desde un primer momento, su total predisposición a colaborar y sensibilidad suficiente.

Además, ha sido fundamental el papel de Francisco Luque, funcionario del Ayuntamiento e historiador por su trabajo de investigación que recoge la historia de estos enterramientos ilegales, posibilitando la zona aproximada en la que podrían encontrarse. También la del historiador Arcángel Bédmar, que está colaborando en la investigación y búsqueda de familiares.

También la Guardia Civil ha desarrollado desde el primer momento un trabajo de colaboración y apoyo, levantando acta de la aparición de los restos para su posterior tramitación ante el Juzgado y velando para que su traslado desde la fosa se realizara con garantías.

Por otro lado, los voluntarios y voluntarias, vecinas del pueblo han colaborado en estas tareas, así como los colectivos memorialistas, sostén fundamental en este trabajo de recuperación de la Memoria Histórica, que han apoyado en todo este proceso, fundamentalmente en la búsqueda de familiares.

El impulsor del proyecto es Jorge Gómez, familiar de las víctimas que se dirigió a la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía solicitando la actuación específica en la fosa. Asimismo contactó con otros familiares como Miguel de Cabra, presente en el acto de ayer.

Como señalaron la delegada y el director general, esta intervención forma parte de las 37 aprobadas el año pasado por el Gobierno andaluz, en distintos puntos de la comunidad, y que tienen como objetivo la recuperación física de las víctimas y la reparación moral de sus familiares, lo que consolida en este aspecto a Andalucía en la vanguardia en el desarrollo de las políticas públicas de Memoria en su máxima expresión: las intervenciones en fosas.

"La Ley de Memoria Histórica es un instrumento para impartir justicia y defender un futuro de convivencia y democracia, conociendo nuestra historia para cerrar heridas y recordar y honrar a las personas que de-fendieron valores como la libertad y la democracia", sostuvo Crespín.

En este sentido, la Junta ha concluido la fase de valoración para la declaración de 14 nuevos Lugares de Memoria Democrática en seis provincias andaluzas, de acuerdo con el decreto 264/2011 y la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática, que instaura esta figura para situar los espacios emblemáticos vinculados al golpe militar de julio de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura, así como servir de recuerdo y homenaje a las víctimas de la represión franquista.

En Córdoba estos lugares son la Plaza de la Constitución de Baena, donde se estima que del 28 al 30 de julio de 1936 fueron asesinadas más de 300 personas; el cementerio de Baena, donde se sucedieron fusilamientos hasta después de finalizada la guerra; y el refugio antiaéreo Plaza de España de Villanueva de Córdoba, símbolo de la lucha y resistencia de la población de esta localidad y de toda la provincia.

"Andalucía está a la vanguardia para recuperar la memoria del pasado en un ejercicio de pedagogía social, que permita conocer nuestra historia para no repetir errores, con un impulso de la sociedad civil organizada en una democracia como la nuestra", insistió la delegada.

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN