El alcalde de La Rambla, Juan Jiménez Campos, deberá comparecer ante el Juzgado de lo Penal de Córdoba en calidad de acusado por un delito de prevaricación, después de que la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montilla número 1, Sara Herrera, haya decretado la apertura de juicio oral contra el regidor rambleño, una vez concluido el procedimiento abreviado que se inició en 2013 tras la denuncia formulada por el exalcalde del municipio, Manuel Fernández Campos, y tres concejales del Grupo Municipal Socialista, a resultas del sistema de contratación empleado por el actual regidor.
El auto dictado por la magistrada Sara Herrera, al que ha tenido acceso este periódico, alude al escrito de acusación presentado por el Ministerio Fiscal contra Juan Jiménez Campos por un delito de prevaricación, en el que se solicita la imposición de una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de nueve años. La acusación particular, por su parte, solicita ampliar esta pena de inhabilitación hasta los diez años.
El escrito de acusación de la Fiscalía es contundente. No en vano, asegura que entre diciembre del 2011 y octubre del 2012, y "a sabiendas de que actuaba de forma contraria al ordenamiento jurídico" y "manifiestamente injusta", Juan Jiménez Campos realizó "numerosas contrataciones" de personal laboral temporal, "sin que las mismas fueran precedidas de ninguna publicidad y sin que se diera la oportunidad de optar a estas plazas a personas diferentes a las nombradas".
"Los contratos se celebraron sin existir consignación presupuestaria, ni haberse hecho pública la modificación de la plantilla y a pesar de la existencia de continuos reparos puestos de manifiesto, en hasta en ocho informes, por parte de la Intervención del Ayuntamiento, que reiteradamente hizo constar las irregularidades", continúa el Ministerio Público, para concluir que Juan Jiménez Campos dictó ocho decretos para levantar otros tantos reparos de la interventora municipal, "perjudicando las legítimas expectativas de los ciudadanos".
La Fiscalía rechaza el argumento esgrimido por el alcalde de La Rambla acerca de la "urgente necesidad" de las contrataciones, aseverando que se trataba de contrataciones para cubrir "puestos estructurales" del Ayuntamiento y censura, igualmente, la aplicación "sistemática y continúa" de un complemento de productividad de entre 686 y 806 euros mensuales al jefe de Obras contratado por el primer edil que el Ministerio Público considera "irregular y arbitraria".
"Todo en la vida tiene un porqué y los rambleños están totalmente informados y concienciados con la situación que sabíamos que se iba a presentar a raíz de la denuncia", aseguró el alcalde de La Rambla en declaraciones a Campiña Digital.
"Para poder opinar sobre este asunto sería necesario conocer la realidad que nos encontramos cuando tomamos posesión en nuestro Ayuntamiento", afirmó Jiménez Campos, quien resumió el legado recibido del anterior alcalde, Manuel Fernández, en "miles y miles de euros en facturas sin pagar, una desorganización total en muchos departamentos y unas contrataciones desorbitadas y realizadas de manera clientelar y sin consignación presupuestaria en la mayoría de los casos".
Según el regidor rambleño, cuando el equipo de gobierno de IU accedió a la Alcaldía tras las elecciones municipales del 2011 se propuso "erradicar esta situación desde el primer momento pero para eso necesitábamos un tiempo que es el mismo que le faltó a los culpables de tal desaguisado para interponer la denuncia por lo mismo que ellos venían haciendo".
Lejos de mostrar arrepentimiento por el delito que se le imputa, Juan Jiménez Campos aseguró afrontar el juicio "con tranquilidad" y "totalmente dispuesto a asumir la responsabilidad" e hizo hincapié en que "lo único que se hizo ante una situación de emergencia fue usar el sentido común" a la hora de fijar las contrataciones, ante la perentoria necesidad que presentaban algunas familias de la localidad para poder subsistir. "Si se volviera a repetir, creo que actuaría en las mismas circunstancias", aseguró.
"No he metido la mano y no se han hecho cosas que pudieran herir a nadie", dijo el alcalde, quien desligó del procedimiento judicial en curso su decisión de no concurrir a las próximas elecciones municipales. "Yo decidí encabezar la candidatura en 2011 por unas circunstancias muy especiales, pero desde primer momento tuve claro que debíamos preparar una alternativa para las siguientes elecciones", declaró el alcalde, quien confirmó que la asamblea de militantes de IU elegirá hoy a Alfonso Osuna, concejal de Deportes y diputado provincial.
El auto dictado por la magistrada Sara Herrera, al que ha tenido acceso este periódico, alude al escrito de acusación presentado por el Ministerio Fiscal contra Juan Jiménez Campos por un delito de prevaricación, en el que se solicita la imposición de una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de nueve años. La acusación particular, por su parte, solicita ampliar esta pena de inhabilitación hasta los diez años.
El escrito de acusación de la Fiscalía es contundente. No en vano, asegura que entre diciembre del 2011 y octubre del 2012, y "a sabiendas de que actuaba de forma contraria al ordenamiento jurídico" y "manifiestamente injusta", Juan Jiménez Campos realizó "numerosas contrataciones" de personal laboral temporal, "sin que las mismas fueran precedidas de ninguna publicidad y sin que se diera la oportunidad de optar a estas plazas a personas diferentes a las nombradas".
"Los contratos se celebraron sin existir consignación presupuestaria, ni haberse hecho pública la modificación de la plantilla y a pesar de la existencia de continuos reparos puestos de manifiesto, en hasta en ocho informes, por parte de la Intervención del Ayuntamiento, que reiteradamente hizo constar las irregularidades", continúa el Ministerio Público, para concluir que Juan Jiménez Campos dictó ocho decretos para levantar otros tantos reparos de la interventora municipal, "perjudicando las legítimas expectativas de los ciudadanos".
La Fiscalía rechaza el argumento esgrimido por el alcalde de La Rambla acerca de la "urgente necesidad" de las contrataciones, aseverando que se trataba de contrataciones para cubrir "puestos estructurales" del Ayuntamiento y censura, igualmente, la aplicación "sistemática y continúa" de un complemento de productividad de entre 686 y 806 euros mensuales al jefe de Obras contratado por el primer edil que el Ministerio Público considera "irregular y arbitraria".
"Todo en la vida tiene un porqué y los rambleños están totalmente informados y concienciados con la situación que sabíamos que se iba a presentar a raíz de la denuncia", aseguró el alcalde de La Rambla en declaraciones a Campiña Digital.
"Para poder opinar sobre este asunto sería necesario conocer la realidad que nos encontramos cuando tomamos posesión en nuestro Ayuntamiento", afirmó Jiménez Campos, quien resumió el legado recibido del anterior alcalde, Manuel Fernández, en "miles y miles de euros en facturas sin pagar, una desorganización total en muchos departamentos y unas contrataciones desorbitadas y realizadas de manera clientelar y sin consignación presupuestaria en la mayoría de los casos".
Según el regidor rambleño, cuando el equipo de gobierno de IU accedió a la Alcaldía tras las elecciones municipales del 2011 se propuso "erradicar esta situación desde el primer momento pero para eso necesitábamos un tiempo que es el mismo que le faltó a los culpables de tal desaguisado para interponer la denuncia por lo mismo que ellos venían haciendo".
Lejos de mostrar arrepentimiento por el delito que se le imputa, Juan Jiménez Campos aseguró afrontar el juicio "con tranquilidad" y "totalmente dispuesto a asumir la responsabilidad" e hizo hincapié en que "lo único que se hizo ante una situación de emergencia fue usar el sentido común" a la hora de fijar las contrataciones, ante la perentoria necesidad que presentaban algunas familias de la localidad para poder subsistir. "Si se volviera a repetir, creo que actuaría en las mismas circunstancias", aseguró.
"No he metido la mano y no se han hecho cosas que pudieran herir a nadie", dijo el alcalde, quien desligó del procedimiento judicial en curso su decisión de no concurrir a las próximas elecciones municipales. "Yo decidí encabezar la candidatura en 2011 por unas circunstancias muy especiales, pero desde primer momento tuve claro que debíamos preparar una alternativa para las siguientes elecciones", declaró el alcalde, quien confirmó que la asamblea de militantes de IU elegirá hoy a Alfonso Osuna, concejal de Deportes y diputado provincial.
J.P. BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
