La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, entregó ayer a ocho familias de Nueva Carteya las llaves de sus nuevos inmuebles públicos construidos por la Junta en la prolongación de la calle Cataluña, tras una inversión de 454.000 euros. Esta tipología de vivienda cumple una función social y de servicio público, por cuanto ofrece la posibilidad de alojamiento a sectores de la población con condiciones socioeconómicas más desfavorables.
“La Junta de Andalucía ha reforzado en esta Legislatura las políticas sociales encaminadas a garantizar el derecho a una vivienda digna a familias con escasos recursos, que son quienes peor lo están pasando en una situación de crisis como la actual”, explicó Cortés, que subrayó que “el parque público residencial de Andalucía, el mayor de España, ofrece un servicio público de primer orden perfectamente equiparable a otros como la educación y la sanidad”.
Las viviendas entregadas ayer están dirigidas mayoritariamente a jóvenes, familias numerosas y monoparentales con unos ingresos anuales que no superan las 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), es decir los 11.000 euros netos, un umbral que corresponde a las rentas más limitadas.
Atendiendo a estas especiales condiciones, las rentas que deberán abonar los adjudicatarios oscilan entre los 37 y 54 euros, según la superficie de los inmuebles. “Se trata, por tanto, de unas cuantías muy asequibles, en comparación con el mercado libre e incluso con las VPO de promoción pública en régimen de alquiler, y ajustadas a las particularidades económicas de estas familias, que tienen la oportunidad de ejercer su derecho estatutario y constitucional de una vivienda digna de forma inmediata y, sin necesidad de realizar un fuerte desembolso que lastre sus ingresos”, matizó la consejera.
En la selección de los inquilinos se ha establecido como prioridad atender a un amplio espectro de la demanda, de forma que convivirán en esta promoción el colectivo de jóvenes, deseosos de iniciar un nuevo proyecto vital, con familias numerosas y unidades familiares correspondientes al cupo general.
Las viviendas, de carácter unifamiliar, tienen entre dos y cuatro habitaciones y cuentan con unas superficies que varían entre los 55 y los 78 metros cuadrados útiles.
Parque público de viviendas de la Junta en Córdoba
Estas ocho viviendas se integran en el parque público residencial que la Junta posee en Córdoba, donde se localizan en torno a unos 9.000 inmuebles repartidos en 45 municipios, incluidos la capital. En Andalucía esta tipología de inmuebles, cuantificada en más de 81.000, da alojamiento a unas 350.00 personas residentes en más de 500 municipios.
La Consejería gestiona estas viviendas desde un punto de vista integral, que incluye la labor administrativa, la reparación y mantenimiento de los edificios y viviendas, así como un trabajo de integración social y ciudadana de los vecinos residentes.
El parque público residencial constituye una apuesta central de la política de vivienda de la Consejería, de forma que desde mayo de 2012 se ha puesto en marcha una serie de medidas, entre las que se encuentran la paralización de los desahucios de familias con menores o dependientes y que debido a la situación de empobrecimiento sobrevenido no pueden hacer frente, de buena fe, al alquiler.
También destacan la medida de compensación del alquiler con trabajos de reparación. Se trata de una iniciativa dirigida a inquilinos que no pueden hacer frente al pago de las rentas, por lo que asumen obligaciones con la conservación de este patrimonio, logrando además fortalecer la vinculación con las viviendas en las que residen.
A estas medidas se suma la rehabilitación energética del parque público orientada a mejorar la calidad de vida de los residentes, generando actividad y creando empleo en la pequeña y mediana empresa del sector de la construcción.
Estas actuaciones, incluidas en el Decreto de Construcción Sostenible, permiten reducir el consumo energético de las familias que habitan en las promociones afectadas. Las obras en Córdoba suponen 4,5 millones para la rehabilitación de 857 viviendas, donde residen 3.428 personas.
Por último, destaca la nueva línea de Ayudas al Alquiler para Personas Inquilinas en Situación de Especial Vulnerabilidad, impulsada con una dotación presupuestaria de 4,3 millones de euros, que tiene como objetivo facilitar el acceso de la población con ingresos limitados a viviendas gestionadas por entidades públicas.
“La Junta de Andalucía ha reforzado en esta Legislatura las políticas sociales encaminadas a garantizar el derecho a una vivienda digna a familias con escasos recursos, que son quienes peor lo están pasando en una situación de crisis como la actual”, explicó Cortés, que subrayó que “el parque público residencial de Andalucía, el mayor de España, ofrece un servicio público de primer orden perfectamente equiparable a otros como la educación y la sanidad”.
Las viviendas entregadas ayer están dirigidas mayoritariamente a jóvenes, familias numerosas y monoparentales con unos ingresos anuales que no superan las 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), es decir los 11.000 euros netos, un umbral que corresponde a las rentas más limitadas.
Atendiendo a estas especiales condiciones, las rentas que deberán abonar los adjudicatarios oscilan entre los 37 y 54 euros, según la superficie de los inmuebles. “Se trata, por tanto, de unas cuantías muy asequibles, en comparación con el mercado libre e incluso con las VPO de promoción pública en régimen de alquiler, y ajustadas a las particularidades económicas de estas familias, que tienen la oportunidad de ejercer su derecho estatutario y constitucional de una vivienda digna de forma inmediata y, sin necesidad de realizar un fuerte desembolso que lastre sus ingresos”, matizó la consejera.
En la selección de los inquilinos se ha establecido como prioridad atender a un amplio espectro de la demanda, de forma que convivirán en esta promoción el colectivo de jóvenes, deseosos de iniciar un nuevo proyecto vital, con familias numerosas y unidades familiares correspondientes al cupo general.
Las viviendas, de carácter unifamiliar, tienen entre dos y cuatro habitaciones y cuentan con unas superficies que varían entre los 55 y los 78 metros cuadrados útiles.
Parque público de viviendas de la Junta en Córdoba
Estas ocho viviendas se integran en el parque público residencial que la Junta posee en Córdoba, donde se localizan en torno a unos 9.000 inmuebles repartidos en 45 municipios, incluidos la capital. En Andalucía esta tipología de inmuebles, cuantificada en más de 81.000, da alojamiento a unas 350.00 personas residentes en más de 500 municipios.
La Consejería gestiona estas viviendas desde un punto de vista integral, que incluye la labor administrativa, la reparación y mantenimiento de los edificios y viviendas, así como un trabajo de integración social y ciudadana de los vecinos residentes.
El parque público residencial constituye una apuesta central de la política de vivienda de la Consejería, de forma que desde mayo de 2012 se ha puesto en marcha una serie de medidas, entre las que se encuentran la paralización de los desahucios de familias con menores o dependientes y que debido a la situación de empobrecimiento sobrevenido no pueden hacer frente, de buena fe, al alquiler.
También destacan la medida de compensación del alquiler con trabajos de reparación. Se trata de una iniciativa dirigida a inquilinos que no pueden hacer frente al pago de las rentas, por lo que asumen obligaciones con la conservación de este patrimonio, logrando además fortalecer la vinculación con las viviendas en las que residen.
A estas medidas se suma la rehabilitación energética del parque público orientada a mejorar la calidad de vida de los residentes, generando actividad y creando empleo en la pequeña y mediana empresa del sector de la construcción.
Estas actuaciones, incluidas en el Decreto de Construcción Sostenible, permiten reducir el consumo energético de las familias que habitan en las promociones afectadas. Las obras en Córdoba suponen 4,5 millones para la rehabilitación de 857 viviendas, donde residen 3.428 personas.
Por último, destaca la nueva línea de Ayudas al Alquiler para Personas Inquilinas en Situación de Especial Vulnerabilidad, impulsada con una dotación presupuestaria de 4,3 millones de euros, que tiene como objetivo facilitar el acceso de la población con ingresos limitados a viviendas gestionadas por entidades públicas.
REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
