La delegada del Gobierno, Isabel Ambrosio, ha manifestado su "preocupación" por las "consecuencias negativas que puede tener para la ciudadanía" el proyecto de ley de Justicia Gratuita, que se tramita en el Congreso de los Diputados, y ha expresado el compromiso de la Junta con este servicio, que garantiza la igualdad a las personas con rentas más bajas. En lo que va de legislatura, la Junta has prestado más de 650.000 asistencias y ha invertido 95 millones de euros en justicia gratuita en Andalucía.
La delegada ha señalado que "la justicia gratuita, para quien no pueda sufragarla, es un mandato constitucional y, por tanto, debe tener financiación adecuada y asegurada". El proyecto de Ley que se tramita en el Congreso de los Diputados amplía la cobertura de este servicio, y requiere que la Administración Central aporte los recursos financieros necesarios a las comunidades autónomas, que son quienes tienen la competencia sobre la prestación del mismo. "Si no lo hace así, las comunidades autónomas no podrán dar respuesta a esa ampliación que la ley va a efectuar", asegura.
Isabel Ambrosio se refiere también al informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto de ley en el que ya avisó de la imprecisión sobre las disponibilidades presupuestarias y alertó de la "asfixia económica" que la ley que se tramita puede comportar para las comunidades autónomas y para los profesionales que prestan este servicio.
Por otra parte, la delegada asegura que desde la entrada en vigor de la Ley de tasas y su modificación por Decreto de 22 de febrero de 2013, "Andalucía no ha recibido un solo euro de lo recaudado, mientras que los ingresos por este concepto ascienden a 33 millones de euros, según se recoge en el informe emitido por el CGPJ".
La normativa prescribe que esta recaudación debe beneficiar a la ciudadanía revirtiendo en la justicia gratuita, y fue reclamada al Ministerio por todas las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia de diciembre del 2013, " sin que se haya obtenido respuesta".
La delegada afirma que hay colectivos que se van a ver claramente perjudicados con la actual redacción del Proyecto de Ley. “Por ejemplo, para las unidades familiares con una persona, la cuantía de recursos para acceder al derecho se rebaja de 14.910 euros anuales a 12.780 euros".
"Es decir, antes una persona que viviera sola tenía este derecho si sus ingresos no superaban 1.243 euros mensuales, mientras que ahora, si cobra más de 1.064, deberá pagarlo", afirma Ambrosio, para quien "es difícilmente asumible para una persona que cobre 1.100 euros, que quedaría sin derecho a la justicia gratuita con este proyecto, poder gastar 800 euros en pagar la tasa de un recurso de apelación".
Finalmente, Isabel Ambrosio denuncia la "intención disuasoria y culpabilizadora de los ciudadanos" que trasluce este proyecto de ley "cuando justifica la medida diciendo que existe un abuso en el ejercicio de los derechos ciudadanos".
"Parece como que las personas, sencillamente por gusto, reclaman y recurren sus salarios, sus despidos, sus desahucios o sus denegaciones de prestaciones de desempleo", afirma la delegada del Gobierno.
"Desde Andalucía seguiremos garantizando el derecho a la justicia gratuita como política social removiendo cuantos obstáculos de naturaleza económica puedan impedir el ejercicio de un derecho fundamental recogido en la Constitución", concluye la delegada.
La delegada ha señalado que "la justicia gratuita, para quien no pueda sufragarla, es un mandato constitucional y, por tanto, debe tener financiación adecuada y asegurada". El proyecto de Ley que se tramita en el Congreso de los Diputados amplía la cobertura de este servicio, y requiere que la Administración Central aporte los recursos financieros necesarios a las comunidades autónomas, que son quienes tienen la competencia sobre la prestación del mismo. "Si no lo hace así, las comunidades autónomas no podrán dar respuesta a esa ampliación que la ley va a efectuar", asegura.
Isabel Ambrosio se refiere también al informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto de ley en el que ya avisó de la imprecisión sobre las disponibilidades presupuestarias y alertó de la "asfixia económica" que la ley que se tramita puede comportar para las comunidades autónomas y para los profesionales que prestan este servicio.
Por otra parte, la delegada asegura que desde la entrada en vigor de la Ley de tasas y su modificación por Decreto de 22 de febrero de 2013, "Andalucía no ha recibido un solo euro de lo recaudado, mientras que los ingresos por este concepto ascienden a 33 millones de euros, según se recoge en el informe emitido por el CGPJ".
La normativa prescribe que esta recaudación debe beneficiar a la ciudadanía revirtiendo en la justicia gratuita, y fue reclamada al Ministerio por todas las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia de diciembre del 2013, " sin que se haya obtenido respuesta".
La delegada afirma que hay colectivos que se van a ver claramente perjudicados con la actual redacción del Proyecto de Ley. “Por ejemplo, para las unidades familiares con una persona, la cuantía de recursos para acceder al derecho se rebaja de 14.910 euros anuales a 12.780 euros".
"Es decir, antes una persona que viviera sola tenía este derecho si sus ingresos no superaban 1.243 euros mensuales, mientras que ahora, si cobra más de 1.064, deberá pagarlo", afirma Ambrosio, para quien "es difícilmente asumible para una persona que cobre 1.100 euros, que quedaría sin derecho a la justicia gratuita con este proyecto, poder gastar 800 euros en pagar la tasa de un recurso de apelación".
Finalmente, Isabel Ambrosio denuncia la "intención disuasoria y culpabilizadora de los ciudadanos" que trasluce este proyecto de ley "cuando justifica la medida diciendo que existe un abuso en el ejercicio de los derechos ciudadanos".
"Parece como que las personas, sencillamente por gusto, reclaman y recurren sus salarios, sus despidos, sus desahucios o sus denegaciones de prestaciones de desempleo", afirma la delegada del Gobierno.
"Desde Andalucía seguiremos garantizando el derecho a la justicia gratuita como política social removiendo cuantos obstáculos de naturaleza económica puedan impedir el ejercicio de un derecho fundamental recogido en la Constitución", concluye la delegada.
REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
