El Partido Andalucista (PA) ha reclamado que las ayudas a la contratación en el marco del denominado Decreto de Inclusión de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía se destinen al sector de pymes y autónomos "con los objetivos de mejorar la contratación de los destinatarios y apoyar a este sector como agente generador de empleo y dinamizador socioeconómico".
En ese sentido se manifestó ayer la secretaria provincial del PA, María José Rider, que consideró que “la medida de la Junta de Andalucía debería ser un aliciente a la contratación por parte de autónomos y pequeñas y medianas empresas en las que los destinatarios y beneficiarios del programa tendrían opciones reales de continuar trabajando en estas empresas, además de unas posibilidades de formación que no tendrán en los ayuntamientos”.
La dirigente andalucista denunció que el Decreto de inclusión social, dotado con cerca de 40 millones de euros y que, según las previsiones del Gobierno andaluz, permitirá realizar más de 25.000 contratos a través de los ayuntamientos, “será poco efectivo para cumplir los objetivos de creación de puestos de trabajo que todos deseamos”.
María José Rider manifestó que la medida que la Junta pretende llevar a cabo “desconoce la realidad y no es acertada, ya que el dinero que se va destinar a este programa debería ser un aliciente a la contratación por parte de pymes y autónomos que sí pueden generar empleo real, con posibilidades de consolidación que tampoco tendrán los beneficiarios en los ayuntamientos”.
De igual modo, Rider recordó que “la poca efectividad de la medida se vio con el anterior Decreto de exclusión, otra actuación que también obligó a contratar a través de los municipios”. En ese sentido, a juicio de la dirigente andalucista, “hay que tener en cuenta que mientras que en una pyme, el trabajador está aprendiendo y desarrollando una acción, en contacto directo con el mercado laboral real, después sí puede tener opciones reales de continuar en la empresa, en un Ayuntamiento es imposible”.
La andalucista señaló que “con que un 10 por ciento de los beneficiarios pudieran seguir adelante en estas empresas, ya se habrían creado 2.500 puestos de trabajo". Sin embargo, con la medida planteada por la Junta, "la cantidad de trabajadores que podrán continuar será cero, ya que ninguno se quedará en los ayuntamientos que, además, están recortando personal, sometidos a planes de ajustes", dijo María José Rider, para quien "esa es la realidad que parece desconocer el Gobierno de la Junta de Andalucía".
En ese sentido se manifestó ayer la secretaria provincial del PA, María José Rider, que consideró que “la medida de la Junta de Andalucía debería ser un aliciente a la contratación por parte de autónomos y pequeñas y medianas empresas en las que los destinatarios y beneficiarios del programa tendrían opciones reales de continuar trabajando en estas empresas, además de unas posibilidades de formación que no tendrán en los ayuntamientos”.
La dirigente andalucista denunció que el Decreto de inclusión social, dotado con cerca de 40 millones de euros y que, según las previsiones del Gobierno andaluz, permitirá realizar más de 25.000 contratos a través de los ayuntamientos, “será poco efectivo para cumplir los objetivos de creación de puestos de trabajo que todos deseamos”.
María José Rider manifestó que la medida que la Junta pretende llevar a cabo “desconoce la realidad y no es acertada, ya que el dinero que se va destinar a este programa debería ser un aliciente a la contratación por parte de pymes y autónomos que sí pueden generar empleo real, con posibilidades de consolidación que tampoco tendrán los beneficiarios en los ayuntamientos”.
De igual modo, Rider recordó que “la poca efectividad de la medida se vio con el anterior Decreto de exclusión, otra actuación que también obligó a contratar a través de los municipios”. En ese sentido, a juicio de la dirigente andalucista, “hay que tener en cuenta que mientras que en una pyme, el trabajador está aprendiendo y desarrollando una acción, en contacto directo con el mercado laboral real, después sí puede tener opciones reales de continuar en la empresa, en un Ayuntamiento es imposible”.
La andalucista señaló que “con que un 10 por ciento de los beneficiarios pudieran seguir adelante en estas empresas, ya se habrían creado 2.500 puestos de trabajo". Sin embargo, con la medida planteada por la Junta, "la cantidad de trabajadores que podrán continuar será cero, ya que ninguno se quedará en los ayuntamientos que, además, están recortando personal, sometidos a planes de ajustes", dijo María José Rider, para quien "esa es la realidad que parece desconocer el Gobierno de la Junta de Andalucía".
REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
