La Comisión Ejecutiva de la Unión Provincial de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba ha aprobado una resolución de apoyo al activista Carlos Cano Navarro, natural de Castro del Río, y a Carmen Bajo Cremer, condenados a prisión por un juzgado de Granada por participar en un piquete informativo de unas 200 personas en la huelga general del 29 de marzo de 2012.
CCOO ya respaldó la multitudinaria manifestación que se celebró el pasado 14 de junio en la localidad castreña para pedir la puesta en libertad de ambos activistas, que han recibido un amplio apoyo en las redes sociales, y ahora vuelve a exigir su inmediata puesta en libertad con esta resolución con la que, además, pretenden denunciar la creciente criminalización de la protesta social y la ofensiva penal contra el derecho de huelga.
Para el sindicato, "Carmen y Carlos son víctimas de las embestidas continuas al sindicalismo de clase y a quienes ejercen su derecho constitucional a la huelga y su caso es un ejemplo más del ataque sin precedentes que está sufriendo el derecho al trabajo en un país con más de 4,5 millones de personas en paro".
En este sentido, la organización sindical recuerda que, en la actualidad, "hay en todo el país más de 200 sindicalistas que han sido sancionados y/o procesados por participar en la convocatoria y extensión de huelgas contras las políticas antisociales del Gobierno". Unos procedimientos que, para CCOO, suponen "conductas dictatoriales que pretende hacer callar a la ciudadanía y provocar el miedo para restar voces contra sus políticas injustas".
A juicio de CCOO, "esta tendencia es un síntoma de un problema más grave y que afecta de manera singular a la movilización social y al sindicalismo de clase". De hecho, CCOO va a poner en marcha una sostenida campaña de información y movilización contra este tipo de actuaciones "autoritarias y antidemocráticas de los poderes públicos", y en defensa de la democracia, cuyas fechas se darán a conocer próximamente.
CCOO ya respaldó la multitudinaria manifestación que se celebró el pasado 14 de junio en la localidad castreña para pedir la puesta en libertad de ambos activistas, que han recibido un amplio apoyo en las redes sociales, y ahora vuelve a exigir su inmediata puesta en libertad con esta resolución con la que, además, pretenden denunciar la creciente criminalización de la protesta social y la ofensiva penal contra el derecho de huelga.
Para el sindicato, "Carmen y Carlos son víctimas de las embestidas continuas al sindicalismo de clase y a quienes ejercen su derecho constitucional a la huelga y su caso es un ejemplo más del ataque sin precedentes que está sufriendo el derecho al trabajo en un país con más de 4,5 millones de personas en paro".
En este sentido, la organización sindical recuerda que, en la actualidad, "hay en todo el país más de 200 sindicalistas que han sido sancionados y/o procesados por participar en la convocatoria y extensión de huelgas contras las políticas antisociales del Gobierno". Unos procedimientos que, para CCOO, suponen "conductas dictatoriales que pretende hacer callar a la ciudadanía y provocar el miedo para restar voces contra sus políticas injustas".
A juicio de CCOO, "esta tendencia es un síntoma de un problema más grave y que afecta de manera singular a la movilización social y al sindicalismo de clase". De hecho, CCOO va a poner en marcha una sostenida campaña de información y movilización contra este tipo de actuaciones "autoritarias y antidemocráticas de los poderes públicos", y en defensa de la democracia, cuyas fechas se darán a conocer próximamente.
REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
