La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) expresó ayer su rechazo a la creación de un posible nuevo impuesto sobre el vino, recogida en el Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español que fue entregado el pasado jueves en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
La organización que integra en la actualidad a 52 consejos reguladores, representativos de 54 denominaciones de Origen de toda España, expresó ayer su preocupación por el informe elaborado por un grupo de expertos presidido por el catedrático de Hacienda Manuel Lagares y que recoge una serie de recomendaciones para la reforma fiscal que está estudiando el Gobierno, entre las que se propone “considerar la posibilidad de establecer un impuesto a tipo muy reducido sobre el vino, como recientemente se ha hecho en Francia”.
El informe incluye el vino en su apartado de propuestas sobre imposición de alcoholes. En este marco, desde el comité de expertos estiman, además de la creación del impuesto, “la necesidad de proceder a un incremento progresivo de los impuestos sobre el alcohol, hasta acercarse a la media comunitaria, incrementos que deberían tener en cuenta también la posible evolución de la demanda”.
Asimismo, proponen “revisar periódicamente los tipos específicos, para conseguir que se mantenga el peso de la imposición sobre el precio final”. Los argumentos que el informe emplea para justificar estas medidas son esencialmente dos: la necesidad de corregir los efectos externos negativos derivados del consumo y equiparar la realidad impositiva de este producto a países de nuestro entorno, hasta alcanzar la media europea de imposición sobre el alcohol.
La CECRV –de la que forma parte Montilla-Moriles- considera que “estas propuestas obvian la realidad actual del sector, cuyo maltrecho nivel de consumo está entre los más bajos de los países de nuestro entorno, por lo que un impuesto que gravase el vino, por pequeño que fuera, sólo serviría para reducir aún más los bajos niveles de consumo de vino en nuestro país, lo que tendría consecuencias dramáticas para el sector”.
De igual modo, la organización resalta "los esfuerzos del sector en la lucha contra los excesos y a favor de las pautas adecuadas de consumo, entendiendo que la educación en el consumo es la vía más efectiva en este ámbito".
Por otra parte, la Conferencia estima "esencial" tener en cuenta la realidad sociocultural y económica que el vino tiene en cada país. "No se puede considerar el impuesto francés sobre el vino un referente para gravar el producto en España; en primer lugar, porque dicho impuesto, que no es de reciente creación, no tiene fines recaudatorios, sino de control. Y en segundo lugar, porque precisamente el año pasado la movilización del sector francés permitió frenar una iniciativa del Gobierno para imponer un impuesto al producto, precisamente por el grave perjuicio económico que tendría para un sector que está considerado patrimonio cultural y económico del país", apuntaron.
De igual modo, la CECRV entiende que el Informe Lagares no respeta la categorización diferencial del vino dentro de las bebidas alcohólicas, en tanto que el vino está considerado como alimento por la legislación española.
"De igual modo, se considera también parte integrante de la dieta mediterránea consumido con moderación y durante las comidas", apunta la organización, para añadir que "se trata de un producto que contribuye de forma significativa a una actividad tan importante para la economía de nuestro país como el turismo, que configura y aporta una realidad paisajística y medioambiental innegable, que fija población al medio rural y que forma parte del patrimonio cultural de nuestro país".
"Teniendo en cuenta esto, un posible impuesto tendría efectos muy negativos sobre la actividad económica que comporta el vino en numerosas regiones, así como en las exportaciones del producto, que han contribuido significativamente al superávit que presenta la balanza comercial del sector agroalimentario en los últimos años, uno de los principales activos compensadores de nuestro elevado déficit comercial", continúa la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas.
A juicio de esta organización, "una merma en las exportaciones beneficiaría a los países que compiten directamente con España dentro del sector, lo que redundaría en la caída de la actividad. Asimismo, y en consecuencia, tendría también efectos negativos en términos de patrimonio cultural y natural, por el descenso de la actividad que podría comportar".
Por todas estas razones, la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas se posicionó ayer totalmente en contra de la creación de un impuesto que "perjudicaría gravemente la actividad y el desarrollo de un producto que forma parte de nuestra cultura y de nuestro patrimonio y que es fuente de calidad y prestigio para nuestro país".
CECRV
La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas integra en la actualidad a 52 consejos reguladores, representativos de 54 denominaciones de Origen (los consejos de Jerez y Málaga lo son también de las DO Manzanilla y Sierras de Málaga, respectivamente).
En términos comerciales sus asociados agrupan a más de 4.500 bodegas en todo el país, que comercializan una cifra superior a 1.384.000.000 botellas de vino con DO. De igual modo, los 52 consejos reguladores integran más de 134.500 viticultores, titulares de más de 580.000 hectáreas de viñedo.
La organización que integra en la actualidad a 52 consejos reguladores, representativos de 54 denominaciones de Origen de toda España, expresó ayer su preocupación por el informe elaborado por un grupo de expertos presidido por el catedrático de Hacienda Manuel Lagares y que recoge una serie de recomendaciones para la reforma fiscal que está estudiando el Gobierno, entre las que se propone “considerar la posibilidad de establecer un impuesto a tipo muy reducido sobre el vino, como recientemente se ha hecho en Francia”.
El informe incluye el vino en su apartado de propuestas sobre imposición de alcoholes. En este marco, desde el comité de expertos estiman, además de la creación del impuesto, “la necesidad de proceder a un incremento progresivo de los impuestos sobre el alcohol, hasta acercarse a la media comunitaria, incrementos que deberían tener en cuenta también la posible evolución de la demanda”.
Asimismo, proponen “revisar periódicamente los tipos específicos, para conseguir que se mantenga el peso de la imposición sobre el precio final”. Los argumentos que el informe emplea para justificar estas medidas son esencialmente dos: la necesidad de corregir los efectos externos negativos derivados del consumo y equiparar la realidad impositiva de este producto a países de nuestro entorno, hasta alcanzar la media europea de imposición sobre el alcohol.
La CECRV –de la que forma parte Montilla-Moriles- considera que “estas propuestas obvian la realidad actual del sector, cuyo maltrecho nivel de consumo está entre los más bajos de los países de nuestro entorno, por lo que un impuesto que gravase el vino, por pequeño que fuera, sólo serviría para reducir aún más los bajos niveles de consumo de vino en nuestro país, lo que tendría consecuencias dramáticas para el sector”.
De igual modo, la organización resalta "los esfuerzos del sector en la lucha contra los excesos y a favor de las pautas adecuadas de consumo, entendiendo que la educación en el consumo es la vía más efectiva en este ámbito".
Por otra parte, la Conferencia estima "esencial" tener en cuenta la realidad sociocultural y económica que el vino tiene en cada país. "No se puede considerar el impuesto francés sobre el vino un referente para gravar el producto en España; en primer lugar, porque dicho impuesto, que no es de reciente creación, no tiene fines recaudatorios, sino de control. Y en segundo lugar, porque precisamente el año pasado la movilización del sector francés permitió frenar una iniciativa del Gobierno para imponer un impuesto al producto, precisamente por el grave perjuicio económico que tendría para un sector que está considerado patrimonio cultural y económico del país", apuntaron.
De igual modo, la CECRV entiende que el Informe Lagares no respeta la categorización diferencial del vino dentro de las bebidas alcohólicas, en tanto que el vino está considerado como alimento por la legislación española.
"De igual modo, se considera también parte integrante de la dieta mediterránea consumido con moderación y durante las comidas", apunta la organización, para añadir que "se trata de un producto que contribuye de forma significativa a una actividad tan importante para la economía de nuestro país como el turismo, que configura y aporta una realidad paisajística y medioambiental innegable, que fija población al medio rural y que forma parte del patrimonio cultural de nuestro país".
"Teniendo en cuenta esto, un posible impuesto tendría efectos muy negativos sobre la actividad económica que comporta el vino en numerosas regiones, así como en las exportaciones del producto, que han contribuido significativamente al superávit que presenta la balanza comercial del sector agroalimentario en los últimos años, uno de los principales activos compensadores de nuestro elevado déficit comercial", continúa la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas.
A juicio de esta organización, "una merma en las exportaciones beneficiaría a los países que compiten directamente con España dentro del sector, lo que redundaría en la caída de la actividad. Asimismo, y en consecuencia, tendría también efectos negativos en términos de patrimonio cultural y natural, por el descenso de la actividad que podría comportar".
Por todas estas razones, la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas se posicionó ayer totalmente en contra de la creación de un impuesto que "perjudicaría gravemente la actividad y el desarrollo de un producto que forma parte de nuestra cultura y de nuestro patrimonio y que es fuente de calidad y prestigio para nuestro país".
CECRV
La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas integra en la actualidad a 52 consejos reguladores, representativos de 54 denominaciones de Origen (los consejos de Jerez y Málaga lo son también de las DO Manzanilla y Sierras de Málaga, respectivamente).
En términos comerciales sus asociados agrupan a más de 4.500 bodegas en todo el país, que comercializan una cifra superior a 1.384.000.000 botellas de vino con DO. De igual modo, los 52 consejos reguladores integran más de 134.500 viticultores, titulares de más de 580.000 hectáreas de viñedo.
REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
