La vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular y parlamentaria andaluza, Rafaela Obrero, denunció ayer que la Junta de Andalucía "da la espalda los dependientes andaluces y cordobeses, y castigue a las residencias de mayores con plazas concertadas".
Obrero debatió con la Consejera Sánchez Rubio, en la Comisión de Igualdad y Bienestar Social del Parlamento Andaluz, sobre los retrasos en el pago a las entidades locales y organizaciones sociales, "como la intención del gobierno andaluz de modificar los conciertos en las plazas que ofrecen las residencias y los centros de día".
"La deuda que mantiene la Consejería de Bienestar Social con las corporaciones locales solo en dependencia alcanza los 60 millones de euros, a lo que hay que sumar la enorme deuda también en dependencia que supera los 70 millones de euros", manifestó la vicesecretaria popular.
"Desde hace años la Ley de dependencia ha estado totalmente paralizada, no cubriendo ni siquiera la tasa de reposición y engordando una lista de espera hasta llegar a los 53.981 dependientes en Andalucía, de los que unos 3.000 son cordobeses", explicó.
"El PSOE e IU han retenido, han secuestrado el ejercicio efectivo de este derecho para los andaluces, y su inacción ha obligado a los ayuntamientos, diputaciones y entidades sociales a asumir el coste de la atención a los usuarios que ya estuvieran en el sistema", afirmó Rafaela Obrero.
Por otro lado consideró que "los andaluces y cordobeses saben que la Junta no ha estado a la altura de las circunstancias, desamparando a las políticas sociales e incumplimiento acuerdos y convenios firmados, así como las transferencias económicas para el desarrollo de estas políticas"
"Además, los ciudadanos son conscientes de que son los ayuntamientos, las diputaciones y las organizaciones sociales quienes han estado haciendo el trabajo de la Consejería de Bienestar Social, sin financiación, demostrando el verdadero compromiso con sus vecinos", insistió.
"La Junta se ha ganado a pulso el título de morosa, y por no pagar las políticas de dependencia estas instituciones se han visto obligadas a concertar operaciones de crédito con las entidades bancarias, algo que debiera haber hecho la Consejería, asumiendo los intereses que todo esto conlleva", dijo y afirmó que eso se llama mala fe, mala práctica política y pésima gestión económica".
Según Obrero "el PSOE ha traspasado todas las líneas rojas, ha puesto en peligro el estado de bienestar y han provocado que algunos ayuntamientos denunciaran el convenio de colaboración con la Consejería y acudan a la vía judicial, porque el retraso en los tiempos de pago provocan a su vez incumplimiento de los ayuntamientos para con las empresas subcontratadas que están prestando el servicio de ayuda a domicilio, y con sus trabajadores".
"En el Partido Popular no vamos a permitir es que los campeones de los recortes sociales en Andalucía, PSOE e IU digan con total impunidad que la culpa la tiene Rajoy, cuando el anterior Gobierno de Zapatero llegó a gastar 2.724 millones de euros más de lo inicialmente previsto, dejo una lista de espera de 300.000 personas, una deuda de más de 1.000 millones por cuotas impagadas a las seguridad social, y además el último año socialista se recortaron 235 millones de euros cuando se preveía que entrasen 200.000 nuevos dependientes", aseguró.
Por otro lado lamentó que "el PSOE siempre hace lo mismo, en pensiones dejaron quebrado el sistema, en sanidad 16.000 millones de deuda y en dependencia nos encontramos un sistema insostenible" y ecplicó que "según el Tribunal de Cuentas entre 2007 y 2011, con Zapatero en el Gobierno, había unos 29.169 fallecidos que seguían considerados como beneficiarios de la prestación por dependencia, de los que 4.190 eran andaluces".
Para Obrero "esto supuso un gasto de 140.348.268 euros que iba a las CCAA porque se computaban como usuarios del sistema ha personas que había fallecido y evidencia la ausencia de control del PSOE sobre el sistema de dependencia".
"Todo ello provoco que el Gobierno del Partido Popular tuviera que adoptar medidas para garantizar la sostenibilidad de sistema y proteger a las personas con mayor grado de dependencia. Se hizo en el Consejo Territorial del 10 de julio de 2012, con el acuerdo de todas las CCAA también de Andalucía", dijo.
"Desde entonces todas las CCAA han ido adecuándose pero la ley no ha dejado de aplicarse, entrando nuevos usuarios al sistema de dependencia; todas menos Andalucía, que en ese discurso de confrontación permanente, vio la oportunidad de dejar de aplicar la ley echando la culpa a Rajoy", afirmó Rafaela Obrero. quien añadió que "al PSOE solo le interesa buscar rédito político a costa de tener a nuestros mayores dependientes sin la atención adecuada".
Y ahora, el PSOE nos dice que la Junta reactiva la dependencia en Córdoba tras año y medio de parón en donde no ha cambiado nada en Andalucía, con lo cual han perdido casi dos años en la aplicación de esta ley, siendo los grandes perjudicados de esto los dependientes y sus familias.
Mientras tanto, el Gobierno de España del Partido Popular ha enviado a la Junta 30 millones de euros al mes, 360 millones de euros al año, para dependencia, “y no han hecho nada, ni siquiera pagar lo que deben”.
Así mismo, el Tribunal de Cuentas ha reconocido el esfuerzo del Gobierno para poner orden en dependencia, de manera que de una lista de espera de 305.900 personas en 2011 con Zapatero, se ha pasado a 190.000 a diciembre de 2013.
Sin embargo, Andalucía es la comunidad autónoma que más personas tiene en lista de espera con 53.981 andaluces. Es más, en 2013 Andalucía ha experimentado un descenso del número de beneficiarios en 18.864 personas. No podemos entender como con las mismas circunstancias económicas y sociales, 12 CCAA ha aumentado el número de beneficiarios excepto Andalucía", explicó.
Plazas en residencias de mayores
En otro orden de cosas, Rafaela Obrero lamentó que la Junta de Andalucía de PSOE e IU "hayan desoído a las entidades que gestionan los centros residenciales y centros de día que albergan plazas para mayores y dependientes, ya que se acaba de aprobar la nueva orden que regula los conciertos de estas plazas y que certifica que la Junta de Andalucía no va a dar cobertura a muchos dependientes de nuestra provincia a pesar de quedar plazas disponibles en residencias de mayores".
Además, "como ya anunciamos desde el Partido Popular, esta nueva orden mete la mano en el bolsillo de los usuarios ya que la Junta podrá pedir hasta el 90 por ciento de la pensión de la persona mayor o dependiente para el coste de su plaza residencial, cuando hasta ahora era del 75 por ciento", manifestó.
"Con esta decisión de la Junta no se van a cubrir el 100 por ciento de las plazas públicas o convenidas que queden libres en los centros, pues reconoce expresamente que financiará hasta el límite del 85 por ciento de las plazas concertadas que se hallen desocupadas. Luego el bipartito de PSOE e IU en la Junta no va a dar cobertura a dependientes cordobeses a pesar de quedar plazas disponibles en las residencias de mayores", dijo Obrero.
Según la popular "lo realmente surrealista es que se permite a los centros residenciales cubrir temporalmente hasta el 15 por ciento de las plazas públicas que estén sin cubrir, pero la Junta de Andalucía se reserva el derecho a exigir la disposición efectiva de estas plazas cuando lo necesite para su cobertura efectiva"
"Esto supone una incertidumbre para las familias que consiguen una plaza para el mayor en un centro residencial, porque en cualquier momento la Junta puede requerir su plaza para que otro dependiente la ocupe", concluyó.
Obrero debatió con la Consejera Sánchez Rubio, en la Comisión de Igualdad y Bienestar Social del Parlamento Andaluz, sobre los retrasos en el pago a las entidades locales y organizaciones sociales, "como la intención del gobierno andaluz de modificar los conciertos en las plazas que ofrecen las residencias y los centros de día".
"La deuda que mantiene la Consejería de Bienestar Social con las corporaciones locales solo en dependencia alcanza los 60 millones de euros, a lo que hay que sumar la enorme deuda también en dependencia que supera los 70 millones de euros", manifestó la vicesecretaria popular.
"Desde hace años la Ley de dependencia ha estado totalmente paralizada, no cubriendo ni siquiera la tasa de reposición y engordando una lista de espera hasta llegar a los 53.981 dependientes en Andalucía, de los que unos 3.000 son cordobeses", explicó.
"El PSOE e IU han retenido, han secuestrado el ejercicio efectivo de este derecho para los andaluces, y su inacción ha obligado a los ayuntamientos, diputaciones y entidades sociales a asumir el coste de la atención a los usuarios que ya estuvieran en el sistema", afirmó Rafaela Obrero.
Por otro lado consideró que "los andaluces y cordobeses saben que la Junta no ha estado a la altura de las circunstancias, desamparando a las políticas sociales e incumplimiento acuerdos y convenios firmados, así como las transferencias económicas para el desarrollo de estas políticas"
"Además, los ciudadanos son conscientes de que son los ayuntamientos, las diputaciones y las organizaciones sociales quienes han estado haciendo el trabajo de la Consejería de Bienestar Social, sin financiación, demostrando el verdadero compromiso con sus vecinos", insistió.
"La Junta se ha ganado a pulso el título de morosa, y por no pagar las políticas de dependencia estas instituciones se han visto obligadas a concertar operaciones de crédito con las entidades bancarias, algo que debiera haber hecho la Consejería, asumiendo los intereses que todo esto conlleva", dijo y afirmó que eso se llama mala fe, mala práctica política y pésima gestión económica".
Según Obrero "el PSOE ha traspasado todas las líneas rojas, ha puesto en peligro el estado de bienestar y han provocado que algunos ayuntamientos denunciaran el convenio de colaboración con la Consejería y acudan a la vía judicial, porque el retraso en los tiempos de pago provocan a su vez incumplimiento de los ayuntamientos para con las empresas subcontratadas que están prestando el servicio de ayuda a domicilio, y con sus trabajadores".
"En el Partido Popular no vamos a permitir es que los campeones de los recortes sociales en Andalucía, PSOE e IU digan con total impunidad que la culpa la tiene Rajoy, cuando el anterior Gobierno de Zapatero llegó a gastar 2.724 millones de euros más de lo inicialmente previsto, dejo una lista de espera de 300.000 personas, una deuda de más de 1.000 millones por cuotas impagadas a las seguridad social, y además el último año socialista se recortaron 235 millones de euros cuando se preveía que entrasen 200.000 nuevos dependientes", aseguró.
Por otro lado lamentó que "el PSOE siempre hace lo mismo, en pensiones dejaron quebrado el sistema, en sanidad 16.000 millones de deuda y en dependencia nos encontramos un sistema insostenible" y ecplicó que "según el Tribunal de Cuentas entre 2007 y 2011, con Zapatero en el Gobierno, había unos 29.169 fallecidos que seguían considerados como beneficiarios de la prestación por dependencia, de los que 4.190 eran andaluces".
Para Obrero "esto supuso un gasto de 140.348.268 euros que iba a las CCAA porque se computaban como usuarios del sistema ha personas que había fallecido y evidencia la ausencia de control del PSOE sobre el sistema de dependencia".
"Todo ello provoco que el Gobierno del Partido Popular tuviera que adoptar medidas para garantizar la sostenibilidad de sistema y proteger a las personas con mayor grado de dependencia. Se hizo en el Consejo Territorial del 10 de julio de 2012, con el acuerdo de todas las CCAA también de Andalucía", dijo.
"Desde entonces todas las CCAA han ido adecuándose pero la ley no ha dejado de aplicarse, entrando nuevos usuarios al sistema de dependencia; todas menos Andalucía, que en ese discurso de confrontación permanente, vio la oportunidad de dejar de aplicar la ley echando la culpa a Rajoy", afirmó Rafaela Obrero. quien añadió que "al PSOE solo le interesa buscar rédito político a costa de tener a nuestros mayores dependientes sin la atención adecuada".
Y ahora, el PSOE nos dice que la Junta reactiva la dependencia en Córdoba tras año y medio de parón en donde no ha cambiado nada en Andalucía, con lo cual han perdido casi dos años en la aplicación de esta ley, siendo los grandes perjudicados de esto los dependientes y sus familias.
Mientras tanto, el Gobierno de España del Partido Popular ha enviado a la Junta 30 millones de euros al mes, 360 millones de euros al año, para dependencia, “y no han hecho nada, ni siquiera pagar lo que deben”.
Así mismo, el Tribunal de Cuentas ha reconocido el esfuerzo del Gobierno para poner orden en dependencia, de manera que de una lista de espera de 305.900 personas en 2011 con Zapatero, se ha pasado a 190.000 a diciembre de 2013.
Sin embargo, Andalucía es la comunidad autónoma que más personas tiene en lista de espera con 53.981 andaluces. Es más, en 2013 Andalucía ha experimentado un descenso del número de beneficiarios en 18.864 personas. No podemos entender como con las mismas circunstancias económicas y sociales, 12 CCAA ha aumentado el número de beneficiarios excepto Andalucía", explicó.
Plazas en residencias de mayores
En otro orden de cosas, Rafaela Obrero lamentó que la Junta de Andalucía de PSOE e IU "hayan desoído a las entidades que gestionan los centros residenciales y centros de día que albergan plazas para mayores y dependientes, ya que se acaba de aprobar la nueva orden que regula los conciertos de estas plazas y que certifica que la Junta de Andalucía no va a dar cobertura a muchos dependientes de nuestra provincia a pesar de quedar plazas disponibles en residencias de mayores".
Además, "como ya anunciamos desde el Partido Popular, esta nueva orden mete la mano en el bolsillo de los usuarios ya que la Junta podrá pedir hasta el 90 por ciento de la pensión de la persona mayor o dependiente para el coste de su plaza residencial, cuando hasta ahora era del 75 por ciento", manifestó.
"Con esta decisión de la Junta no se van a cubrir el 100 por ciento de las plazas públicas o convenidas que queden libres en los centros, pues reconoce expresamente que financiará hasta el límite del 85 por ciento de las plazas concertadas que se hallen desocupadas. Luego el bipartito de PSOE e IU en la Junta no va a dar cobertura a dependientes cordobeses a pesar de quedar plazas disponibles en las residencias de mayores", dijo Obrero.
Según la popular "lo realmente surrealista es que se permite a los centros residenciales cubrir temporalmente hasta el 15 por ciento de las plazas públicas que estén sin cubrir, pero la Junta de Andalucía se reserva el derecho a exigir la disposición efectiva de estas plazas cuando lo necesite para su cobertura efectiva"
"Esto supone una incertidumbre para las familias que consiguen una plaza para el mayor en un centro residencial, porque en cualquier momento la Junta puede requerir su plaza para que otro dependiente la ocupe", concluyó.
REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
