El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, anunció que el Gobierno andaluz "está trabajando en un decreto que regulará cómo resarcir los daños provocados a los consumidores, reforzando de este modo sus derechos y garantías". Valderas calificó la futura norma como una "medida avanzada" y una "propuesta casi revolucionaria", que sitúa a la comunidad andaluza a la vanguardia en esta materia.
El vicepresidente realizó este anuncio en el marco de la presentación de una declaración con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores que se celebró ayer. En el acto estuvo acompañado por el viceconsejero de su departamento, José Luis Pérez Tapias, y la secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz.
Valderas detalló que el texto del decreto ha contado con la participación de las asociaciones de consumidores y podría estar aprobado antes de que finalice el año. "La norma va a permitir devolver las cantidades indebidamente percibidas, reponer e indemnizar los daños y perjuicios a los reclamantes. A partir de ahora, los consumidores tendrán un nuevo derecho, ya que no solo se multará a la empresa, sino que se reparará el daño al reclamante", explicó.
El representante del Gobierno aprovechó igualmente la celebración de esta efeméride para recalcar "la importancia de las políticas de consumo" que desarrolla Andalucía. Para avalar el trabajo realizado en este ámbito, ha dado a conocer algunos datos de balance desde el 1 de mayo de 2012 hasta la fecha actual, con un resultado de más de 50.000 actas levantadas fruto de las inspecciones llevadas a cabo en más de 36.000 establecimientos. Estas actuaciones han derivado en más de 6.000 expedientes con una propuesta de sanción por importe próximo a 10 millones de euros.
Asimismo resaltó "el papel que ocupan y están llamados a jugar" los consumidores en la concreción del nuevo modelo productivo que pretende impulsar Andalucía, y ha asegurado que "es impensable" caminar hacia un nuevo modo de producir sin tener en cuenta a este colectivo.
Por su parte, a las asociaciones de consumidores les pidió una "posición critica" por su peso específico en la defensa de los derechos de ciudadanía, y ha reivindicado el "papel insustituible que juegan" y por ello están llamadas a participar en el proceso de conformación del nuevo modelo productivo y diálogo social andaluz. Asimismo, las felicitó por su labor.
Por último, dio lectura a la declaración del Día del Consumidor concluyendo con un llamamiento a este colectivo para construir entre todos una "Andalucia libre de fraudes, con plenas garantías de los derechos de las personas consumidoras", además de defender la "capacidad de decidir nuestro futuro en cuanto somos origen, fundamento y finalidad de toda actividad económica".
Hoja de ruta
Por su parte, la secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz, subrayó el trabajo y las políticas de consumo que lleva a cabo la Junta a través de "una hoja de ruta potente, acordada y pactada". En este sentido, ha destacado el "cambio producido en la forma de trabajo que pone en el centro a la ciudadanía".
Del mismo modo, se refirió a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y ha recordado que están "seriamente amenazadas" por la aplicación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
El vicepresidente realizó este anuncio en el marco de la presentación de una declaración con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores que se celebró ayer. En el acto estuvo acompañado por el viceconsejero de su departamento, José Luis Pérez Tapias, y la secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz.
Valderas detalló que el texto del decreto ha contado con la participación de las asociaciones de consumidores y podría estar aprobado antes de que finalice el año. "La norma va a permitir devolver las cantidades indebidamente percibidas, reponer e indemnizar los daños y perjuicios a los reclamantes. A partir de ahora, los consumidores tendrán un nuevo derecho, ya que no solo se multará a la empresa, sino que se reparará el daño al reclamante", explicó.
El representante del Gobierno aprovechó igualmente la celebración de esta efeméride para recalcar "la importancia de las políticas de consumo" que desarrolla Andalucía. Para avalar el trabajo realizado en este ámbito, ha dado a conocer algunos datos de balance desde el 1 de mayo de 2012 hasta la fecha actual, con un resultado de más de 50.000 actas levantadas fruto de las inspecciones llevadas a cabo en más de 36.000 establecimientos. Estas actuaciones han derivado en más de 6.000 expedientes con una propuesta de sanción por importe próximo a 10 millones de euros.
Asimismo resaltó "el papel que ocupan y están llamados a jugar" los consumidores en la concreción del nuevo modelo productivo que pretende impulsar Andalucía, y ha asegurado que "es impensable" caminar hacia un nuevo modo de producir sin tener en cuenta a este colectivo.
Por su parte, a las asociaciones de consumidores les pidió una "posición critica" por su peso específico en la defensa de los derechos de ciudadanía, y ha reivindicado el "papel insustituible que juegan" y por ello están llamadas a participar en el proceso de conformación del nuevo modelo productivo y diálogo social andaluz. Asimismo, las felicitó por su labor.
Por último, dio lectura a la declaración del Día del Consumidor concluyendo con un llamamiento a este colectivo para construir entre todos una "Andalucia libre de fraudes, con plenas garantías de los derechos de las personas consumidoras", además de defender la "capacidad de decidir nuestro futuro en cuanto somos origen, fundamento y finalidad de toda actividad económica".
Hoja de ruta
Por su parte, la secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz, subrayó el trabajo y las políticas de consumo que lleva a cabo la Junta a través de "una hoja de ruta potente, acordada y pactada". En este sentido, ha destacado el "cambio producido en la forma de trabajo que pone en el centro a la ciudadanía".
Del mismo modo, se refirió a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y ha recordado que están "seriamente amenazadas" por la aplicación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
