La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), de Córdoba criticó ayer la privatización de los registros civiles que pretende llevar a cabo el Gobierno. Según ha podido saber este sindicato, el pasado martes se celebró una reunión entre representantes del Ministerio de Justicia y del Colegio de Registradores de la Propiedad en la que terminó de perfilarse esta medida "tan perniciosa" para los ciudadanos.
Ante esta situación, la central sindical "está preparando una serie de movilizaciones en los registros civiles de la provincia y de todo el país y no se descarta la convocatoria de una huelga. Esta decisión deja en el aire la situación laboral de más de 3.500 funcionarios de toda España".
Según este organismo "en el acuerdo se otorga a los registradores plena autonomía de organización territorial, material y tecnológica de los registros civiles, con lo que el Ministerio de Justicia renuncia también a la competencia en materia de organización de los servicios públicos y se va a limitar a realizar un mero traspaso de poderes". Por su parte el CSIF lamentó que "el servicio público financiado con recursos públicos en beneficio del ciudadano se convierte, pues, en negocio privado a costa del bolsillo de los ciudadanos"
"Esta decisión va en detrimento de un servicio público y supondrá a todos los ciudadanos un coste, aun sin cuantificar, en trámites como inscripciones, certificaciones (matrimonio, nacimiento, defunciones, fe de vida, etc) que hasta ahora eran gratuitas, además "en el paquete se regalan, a fondo perdido, cerca de 200 millones de euros de todos los ciudadanos que el Gobierno se ha gastado en digitalizar los registros civiles en los últimos años", añadió
El sindicato aseguró "que esta decisión supone la privatización de un servicio público que se venía prestando desde el año 1870 por funcionarios de Justicia independientes, especializados y que acumulan una ingente experiencia en esta materia a los que ahora se desprecia en favor de intereses particulares".
Esta medida se toma sin que "el Ministerio de Justicia se haya dignado a responder siquiera a las propuestas alternativas que desde la central sindical mayoritaria en la Administración de Justicia (CSIF) se han realizado ni atender a nuestras peticiones de reuniones para tratar esta cuestión", explicó.
Según el CSIF "el sector de Justicia quiere destacar la labor de estos funcionarios, que siempre han actuado a pleno rendimiento a pesar de la precariedad de medios que el poder político ha dispensado, desde siempre, a la Administración de Justicia y a su hermano pobre, el Registro Civil".
"Especialmente grave es el trato dispensado por el equipo del ministro Gallardón, que desde que tomó posesión, no ha hecho otra cosa que recortar plantillas y reducir medios materiales asfixiando a la Administración de Justicia para luego, sin duda, justificar su privatización a trozos", denunció
CSIF ha remitido en varias ocasiones una propuesta alternativa al titular de Justicia que supone la desjudicialización del Registro Civil, tal y como marca la Ley, eso sí, manteniendo el carácter de servicio público del Registro y su gestión por parte de los funcionarios públicos, que a lo largo de todos estos años han demostrado su eficacia, compromiso y profesionalidad, "con una absoluta carencia de medios humanos y materiales", indicó.
Ante esta situación, la central sindical "está preparando una serie de movilizaciones en los registros civiles de la provincia y de todo el país y no se descarta la convocatoria de una huelga. Esta decisión deja en el aire la situación laboral de más de 3.500 funcionarios de toda España".
Según este organismo "en el acuerdo se otorga a los registradores plena autonomía de organización territorial, material y tecnológica de los registros civiles, con lo que el Ministerio de Justicia renuncia también a la competencia en materia de organización de los servicios públicos y se va a limitar a realizar un mero traspaso de poderes". Por su parte el CSIF lamentó que "el servicio público financiado con recursos públicos en beneficio del ciudadano se convierte, pues, en negocio privado a costa del bolsillo de los ciudadanos"
"Esta decisión va en detrimento de un servicio público y supondrá a todos los ciudadanos un coste, aun sin cuantificar, en trámites como inscripciones, certificaciones (matrimonio, nacimiento, defunciones, fe de vida, etc) que hasta ahora eran gratuitas, además "en el paquete se regalan, a fondo perdido, cerca de 200 millones de euros de todos los ciudadanos que el Gobierno se ha gastado en digitalizar los registros civiles en los últimos años", añadió
El sindicato aseguró "que esta decisión supone la privatización de un servicio público que se venía prestando desde el año 1870 por funcionarios de Justicia independientes, especializados y que acumulan una ingente experiencia en esta materia a los que ahora se desprecia en favor de intereses particulares".
Esta medida se toma sin que "el Ministerio de Justicia se haya dignado a responder siquiera a las propuestas alternativas que desde la central sindical mayoritaria en la Administración de Justicia (CSIF) se han realizado ni atender a nuestras peticiones de reuniones para tratar esta cuestión", explicó.
Según el CSIF "el sector de Justicia quiere destacar la labor de estos funcionarios, que siempre han actuado a pleno rendimiento a pesar de la precariedad de medios que el poder político ha dispensado, desde siempre, a la Administración de Justicia y a su hermano pobre, el Registro Civil".
"Especialmente grave es el trato dispensado por el equipo del ministro Gallardón, que desde que tomó posesión, no ha hecho otra cosa que recortar plantillas y reducir medios materiales asfixiando a la Administración de Justicia para luego, sin duda, justificar su privatización a trozos", denunció
CSIF ha remitido en varias ocasiones una propuesta alternativa al titular de Justicia que supone la desjudicialización del Registro Civil, tal y como marca la Ley, eso sí, manteniendo el carácter de servicio público del Registro y su gestión por parte de los funcionarios públicos, que a lo largo de todos estos años han demostrado su eficacia, compromiso y profesionalidad, "con una absoluta carencia de medios humanos y materiales", indicó.
REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
