La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha firmado hoy en Córdoba la adhesión de 12 ayuntamientos de la provincia al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. Estos municipios son Aguilar de la Frontera, Dos Torres, Iznájar, Luque, Moriles, Santaella, Valsequillo, El Viso, Villanueva del Duque, Villanueva de Córdoba, Zuheros y Cabra, además de la Mancomunidad de Municipios Cordobeses del Alto Guadalquivir.
En total son ya 44 ayuntamientos cordobeses los que forman parte del Programa y 251 los que se han adherido en toda Andalucía. La consejera ha agradecido a los alcaldes firmantes su "compromiso y rebeldí" y ha afirmado que con esta nueva firma "el bloque institucional contra los desahucios, que complementa al bloque social, es cada vez más fuerte".
También ha realizado hoy un llamamiento público a las familias en riesgo de desahucio para que "acudan a las oficinas de este Programa", que en su primer año de funcionamiento "han contribuido a evitar más de 3.261 desahucios en Andalucía, más de 270 de ellos en Córdoba.Nos vamos a poner de su parte y a ayudarles a mantener su vivienda", ha señalado Cortés.
"Vamos a continuar luchando contra los desahucios con todas las herramientas a nuestro alcance, apurando al máximo nuestras competencias", ha añadido Cortés, quien ha recordado "que el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional por Mariano Rajoy contra diversos preceptos de la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda supone que momentáneamente la Consejería no puede realizar expropiaciones de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social ni tampoco sancionar viviendas vacías en manos de entidades financieras".
La Ley recurrida, en vigor desde el 9 de octubre, ha permitido realizar 39 expropiaciones para evitar desahucios, cinco de ellas en Córdoba (dos en la capital, una en La Rambla, otra en Doña Mencía y una más en La Carlota).
También ha declarado que "en paralelo al trabajo de las oficinas contra los desahucios, y en cuanto reciba la notificación del Constitucional de la paralización de la Ley la Consejería solicitará a dicho Tribunal que no agote el plazo de cinco meses que tiene para decidir sobre el levantamiento o no de la suspensión cautelar de la Ley hasta que haya una sentencia firme".
Para Cortés, "la suspensión provoca una desprotección gravísima del derecho a la vivienda de todas las personas en problemas con su hipoteca, que se quedan vendidas". Además, en Cataluña "funciona una Ley con preceptos similares a la de Andalucía, que también permite sancionar a los bancos por tener viviendas vacías, y no se produce ninguna lesión de derechos, ha señalado Cortés, que ha añadido que "a las puertas del 28F el Gobierno quiere ningunear la autonomía de Andalucía".
"Este recurso provoca desahucios, facilita la especulación y encarece el acceso a la vivienda. Las familias con problemas para pagar su hipoteca se quedan desprotegidas y a merced de las entidades financieras. Los jóvenes que buscan independizarse lo tienen hoy más difícil que ayer", ha señalado la consejera, que ha recordado "que los propósitos fundamentales de la Ley son evitar el desahucio de familias en riesgo de exclusión social y promover la salida en alquiler de las más de 700.000 viviendas existentes en la comunidad".
"A pesar de que el Gobierno haya forzado por las bravas la paralización cautelar de la Ley, sin aportar ni un "solo argumento jurídico solvente, vamos a continuar trabajando por los mismos objetivos", ha señalado la consejera, que ha recordado que las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda constituyen una herramienta útil y eficaz de la Consejería para evitar desahucios".
En total son ya 44 ayuntamientos cordobeses los que forman parte del Programa y 251 los que se han adherido en toda Andalucía. La consejera ha agradecido a los alcaldes firmantes su "compromiso y rebeldí" y ha afirmado que con esta nueva firma "el bloque institucional contra los desahucios, que complementa al bloque social, es cada vez más fuerte".
También ha realizado hoy un llamamiento público a las familias en riesgo de desahucio para que "acudan a las oficinas de este Programa", que en su primer año de funcionamiento "han contribuido a evitar más de 3.261 desahucios en Andalucía, más de 270 de ellos en Córdoba.Nos vamos a poner de su parte y a ayudarles a mantener su vivienda", ha señalado Cortés.
"Vamos a continuar luchando contra los desahucios con todas las herramientas a nuestro alcance, apurando al máximo nuestras competencias", ha añadido Cortés, quien ha recordado "que el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional por Mariano Rajoy contra diversos preceptos de la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda supone que momentáneamente la Consejería no puede realizar expropiaciones de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social ni tampoco sancionar viviendas vacías en manos de entidades financieras".
La Ley recurrida, en vigor desde el 9 de octubre, ha permitido realizar 39 expropiaciones para evitar desahucios, cinco de ellas en Córdoba (dos en la capital, una en La Rambla, otra en Doña Mencía y una más en La Carlota).
También ha declarado que "en paralelo al trabajo de las oficinas contra los desahucios, y en cuanto reciba la notificación del Constitucional de la paralización de la Ley la Consejería solicitará a dicho Tribunal que no agote el plazo de cinco meses que tiene para decidir sobre el levantamiento o no de la suspensión cautelar de la Ley hasta que haya una sentencia firme".
Para Cortés, "la suspensión provoca una desprotección gravísima del derecho a la vivienda de todas las personas en problemas con su hipoteca, que se quedan vendidas". Además, en Cataluña "funciona una Ley con preceptos similares a la de Andalucía, que también permite sancionar a los bancos por tener viviendas vacías, y no se produce ninguna lesión de derechos, ha señalado Cortés, que ha añadido que "a las puertas del 28F el Gobierno quiere ningunear la autonomía de Andalucía".
"Este recurso provoca desahucios, facilita la especulación y encarece el acceso a la vivienda. Las familias con problemas para pagar su hipoteca se quedan desprotegidas y a merced de las entidades financieras. Los jóvenes que buscan independizarse lo tienen hoy más difícil que ayer", ha señalado la consejera, que ha recordado "que los propósitos fundamentales de la Ley son evitar el desahucio de familias en riesgo de exclusión social y promover la salida en alquiler de las más de 700.000 viviendas existentes en la comunidad".
"A pesar de que el Gobierno haya forzado por las bravas la paralización cautelar de la Ley, sin aportar ni un "solo argumento jurídico solvente, vamos a continuar trabajando por los mismos objetivos", ha señalado la consejera, que ha recordado que las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda constituyen una herramienta útil y eficaz de la Consejería para evitar desahucios".
REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
