El grupo político Izquierda Abierta de Andalucía (IzAb) afirmó ayer que el anteproyecto de ley en materia de interrupción voluntaria del embarazo, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros supone una "interpretación reaccionaria" del programa electoral del Partido Popular. Por ello solicitó a las fuerzas políticas "defensoras de la libertades públicas" que firmen un acuerdo donde se comprometan a derogar esta norma en la próxima legislatura.
Este partido político integrado en la coalición Izquierda Unida que se reconoce como "feminista", manifiestó que "no existen razones legales, ni oposición social, ni jurisprudencia del Tribunal Constitucional" que haga necesaria una modificación legislativa que "nos devuelve a tiempos antidemocráticos".
Para Lucía Márquez, coportavoz andaluza de IzAb, esta medida propuesta por el ministro de Justicia, responde a la "interpretación más reaccionaria" que se puede hacer del programa electoral del PP, "que se incumple en política económica y laboral y se cumple, con un rigor espeluznante, cuando se refiere a las libertades públicas".
Márquez consideró que "tendrá que ser una nueva mayoría de las fuerzas progresistas, las que deroguen esta ley que "convierte en delito los pecados de una religión que ya no es mayoritaria" en España.
Esta es la solución que propuso este grupo político para evitar el cumplimiento de este texto legislativo que a su juicio no solo "nos devuelve a la primera ley de supuestos, sino a un periodo anterior aún más oscuro", un tiempo en el que "para interrumpir libremente el embarazo era necesario emigrar a países con legislaciones más avanzadas".
Por estos motivos, IzAb ha solicitado a todos los partidos políticos, "defensores de las libertades públicas" y contrarios a la nueva y "aberrante Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Embarazada", a que firmen un acuerdo donde se comprometan a derogar la ley en cuanto la aritmética parlamentaria lo haga posible.
Este partido político integrado en la coalición Izquierda Unida que se reconoce como "feminista", manifiestó que "no existen razones legales, ni oposición social, ni jurisprudencia del Tribunal Constitucional" que haga necesaria una modificación legislativa que "nos devuelve a tiempos antidemocráticos".
Para Lucía Márquez, coportavoz andaluza de IzAb, esta medida propuesta por el ministro de Justicia, responde a la "interpretación más reaccionaria" que se puede hacer del programa electoral del PP, "que se incumple en política económica y laboral y se cumple, con un rigor espeluznante, cuando se refiere a las libertades públicas".
Márquez consideró que "tendrá que ser una nueva mayoría de las fuerzas progresistas, las que deroguen esta ley que "convierte en delito los pecados de una religión que ya no es mayoritaria" en España.
Esta es la solución que propuso este grupo político para evitar el cumplimiento de este texto legislativo que a su juicio no solo "nos devuelve a la primera ley de supuestos, sino a un periodo anterior aún más oscuro", un tiempo en el que "para interrumpir libremente el embarazo era necesario emigrar a países con legislaciones más avanzadas".
Por estos motivos, IzAb ha solicitado a todos los partidos políticos, "defensores de las libertades públicas" y contrarios a la nueva y "aberrante Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Embarazada", a que firmen un acuerdo donde se comprometan a derogar la ley en cuanto la aritmética parlamentaria lo haga posible.
REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
