El presidente provincial del Partido Popular de Córdoba, José Antonio Nieto, mantuvo ayer un encuentro con los representantes de los 98 administrativos de colegios de la provincia de Córdoba que han sido despedidos recientemente por un cambio en el sistema de contratación aplicado por el Gobierno andaluz.
En esta nueva reunión, en la que también participaron el secretario general del PP cordobés, Adolfo Molina, y la secretaria de Educación, Luisa María Arcas, se abordó la situación en que se encuentran estos 98 administrativos en paro, después de más de siete años prestando servicio en los centros educativos de la Junta de Andalucía a través de subcontratas.
“Este personal, en su mayoría mujeres, llevaban encadenando contratos por obras y servicios solo durante el curso escolar desde 2006, viendo cómo sufren recortes, aceptando un salario medio de 4,5 euros la hora, y toda esta precariedad laboral es consecuencia de la elección de este modelo de contratación por parte del Gobierno andaluz”, dijo Molina.
Para el parlamentario egabrense, “ahora no se puede pasar esta patata caliente a nadie y mirar hacia otro lado en esta cuestión cuando han sido cómplices de esas empresas al mismo tiempo que entregaban las llaves de los centros a estos trabajadores, que han llevado adelante a las secretarías de los centros”.
Así mismo, el secretario general del PP de Córdoba recordó que el Gobierno andaluz fue avisado por los propios trabajadores el pasado mes de julio de los incumplimientos respecto a los pliegos firmados entre las empresas subcontratadas y el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía). "Y es obligación del Gobierno andaluz, del ISE y de la Consejería de Educación velar por el cumplimiento de los pliegos y de las condiciones que recogen, pero no ha sido así", apostilló.
Según Molina, "ahora nos encontramos con un colectivo de 98 cordobeses que se quedan en el paro sin que su trayectoria profesional en los últimos siete años les sirva para nada, además del consiguiente perjuicio para los centros educativos que van a dejar de contar con la experiencia acumulada de todos estos trabajadores".
"A pesar de que la Junta haya anunciado la paralización del plan de choque para sustituir a este personal, los 98 administrativos cordobeses están en paro y sin ninguna perspectiva de futuro", añadió Adolfo Molina.
Desde el Partido Popular instaron ayer a la Junta de Andalucía a resolver este conflicto "generado por la arbitrariedad en la forma de contratar servicios para los centros educativos andaluces y cordobeses, sin pensar en el personal que desempeña ese trabajo y en su situación de futuro".
"Para ello, instamos a la administración autonómica a que permita el acceso a una oferta pública de empleo para este tipo de puestos a estos 98 administrativos cordobeses despedidos y a los casi 900 en toda Andalucía", reiteró el parlamentario andaluz.
En esta nueva reunión, en la que también participaron el secretario general del PP cordobés, Adolfo Molina, y la secretaria de Educación, Luisa María Arcas, se abordó la situación en que se encuentran estos 98 administrativos en paro, después de más de siete años prestando servicio en los centros educativos de la Junta de Andalucía a través de subcontratas.
“Este personal, en su mayoría mujeres, llevaban encadenando contratos por obras y servicios solo durante el curso escolar desde 2006, viendo cómo sufren recortes, aceptando un salario medio de 4,5 euros la hora, y toda esta precariedad laboral es consecuencia de la elección de este modelo de contratación por parte del Gobierno andaluz”, dijo Molina.
Para el parlamentario egabrense, “ahora no se puede pasar esta patata caliente a nadie y mirar hacia otro lado en esta cuestión cuando han sido cómplices de esas empresas al mismo tiempo que entregaban las llaves de los centros a estos trabajadores, que han llevado adelante a las secretarías de los centros”.
Así mismo, el secretario general del PP de Córdoba recordó que el Gobierno andaluz fue avisado por los propios trabajadores el pasado mes de julio de los incumplimientos respecto a los pliegos firmados entre las empresas subcontratadas y el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía). "Y es obligación del Gobierno andaluz, del ISE y de la Consejería de Educación velar por el cumplimiento de los pliegos y de las condiciones que recogen, pero no ha sido así", apostilló.
Según Molina, "ahora nos encontramos con un colectivo de 98 cordobeses que se quedan en el paro sin que su trayectoria profesional en los últimos siete años les sirva para nada, además del consiguiente perjuicio para los centros educativos que van a dejar de contar con la experiencia acumulada de todos estos trabajadores".
"A pesar de que la Junta haya anunciado la paralización del plan de choque para sustituir a este personal, los 98 administrativos cordobeses están en paro y sin ninguna perspectiva de futuro", añadió Adolfo Molina.
Desde el Partido Popular instaron ayer a la Junta de Andalucía a resolver este conflicto "generado por la arbitrariedad en la forma de contratar servicios para los centros educativos andaluces y cordobeses, sin pensar en el personal que desempeña ese trabajo y en su situación de futuro".
"Para ello, instamos a la administración autonómica a que permita el acceso a una oferta pública de empleo para este tipo de puestos a estos 98 administrativos cordobeses despedidos y a los casi 900 en toda Andalucía", reiteró el parlamentario andaluz.
REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
