"Hoy por hoy, cuatro de cada cinco discapacitados están en el paro, no tienen empleo y sin posibilidades de encontrarlo". Así de contundente se mostró la parlamentaria andaluza y vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular de Córdoba, Rafaela Obrero, en una intervención en la que denunció que el gobierno de la Junta de Andalucía desatiende y olvida a las personas con discapacidad.
Estas afirmaciones se sustentan en los datos de los presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2014, que a juicio de Obrero "siguen perjudicando los intereses de los andaluces y los cordobeses más vulnerables como son las personas con discapacidad".
Y es que según la parlamentaria "la insensibilidad hacia este colectivo se hace patente en el sablazo que el gobierno de Partido Socialista e Izquierda Unida han llevado a cabo en las transferencias corrientes a corporaciones locales para la atención a las personas con discapacidad, con un recorte en los últimos tres años de 1´4 millones de euros".
A su vez, Obrero afirmó que a pesar de que la Junta de Andalucía sea "la administración más cercana a los ciudadanos, los ayuntamientos se han quedado solos en la atención de las personas con discapacidad". También manifestó que "lo mismo ocurre con las transferencias corrientes a las instituciones sin ánimo de lucro y a las familias con un recorte de 6,7 millones de euros en los últimos tres años".
También reprochó al gobierno del bipartito andaluz que el presupuesto no prevea la creación de nuevas plazas para mayores ni personas con discapacidad, ya que según Obrero "se reducen las plazas en centros ocupaciones para personas con discapacidad un 36 por ciento, lo que supone 2.156 plazas menos en Andalucía".
Estos datos se traducen en la que "la nefasta gestión del gobierno autonómico y la política de impagos de la Junta de Andalucía está desembocando en la exclusión social y la asfixia económica de las entidades más representativas de la discapacidad, llegando a los 35 millones de euros de deuda pendiente de pago", señaló la parlamentaria popular, y añadió que esta situación "es el triple engaño del gobierno socialista-comunista andaluz, primero es no presupuestar, segundo es no ejecutar, y tercero es no pagar".
Según Rafaela Obrero, la consecuencia de esta gestión de la Junta conlleva a que haya "un 8,5 por ciento de analfabetismo en este colectivo y un 3,7 por ciento que tenga estudios universitarios, algo que se justifica por la escasa inversión de la Junta a las universidades para la atención a las personas y programas de discapacidad, que este año se ha quedado en solo 2.000 euros para 15 universidades en toda Andalucía”, confirmó la vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular de Córdoba.
Según datos de FEAPS-Andalucía, la importante deuda que la Junta mantiene con los centros especiales de empleo, de más de 7 millones de euros, están provocando que muchos de ellos estén a punto de desaparecer por los problemas de financiación que esto conlleva, con la consecuencia de que se dejan unos 8.000 puestos de trabajo en el aire y el futuro de muchas personas.
Concretamente la pronvincia de Córdoba sigue siendo una de las más castigadas por el desempleo en este colectivo, con 2.088 parados con discapacidad según indican los datos ofrecidos el pasado mes de noviembre por el Observatorio Argos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Estas afirmaciones se sustentan en los datos de los presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2014, que a juicio de Obrero "siguen perjudicando los intereses de los andaluces y los cordobeses más vulnerables como son las personas con discapacidad".
Y es que según la parlamentaria "la insensibilidad hacia este colectivo se hace patente en el sablazo que el gobierno de Partido Socialista e Izquierda Unida han llevado a cabo en las transferencias corrientes a corporaciones locales para la atención a las personas con discapacidad, con un recorte en los últimos tres años de 1´4 millones de euros".
También reprochó al gobierno del bipartito andaluz que el presupuesto no prevea la creación de nuevas plazas para mayores ni personas con discapacidad, ya que según Obrero "se reducen las plazas en centros ocupaciones para personas con discapacidad un 36 por ciento, lo que supone 2.156 plazas menos en Andalucía".
Estos datos se traducen en la que "la nefasta gestión del gobierno autonómico y la política de impagos de la Junta de Andalucía está desembocando en la exclusión social y la asfixia económica de las entidades más representativas de la discapacidad, llegando a los 35 millones de euros de deuda pendiente de pago", señaló la parlamentaria popular, y añadió que esta situación "es el triple engaño del gobierno socialista-comunista andaluz, primero es no presupuestar, segundo es no ejecutar, y tercero es no pagar".
Según Rafaela Obrero, la consecuencia de esta gestión de la Junta conlleva a que haya "un 8,5 por ciento de analfabetismo en este colectivo y un 3,7 por ciento que tenga estudios universitarios, algo que se justifica por la escasa inversión de la Junta a las universidades para la atención a las personas y programas de discapacidad, que este año se ha quedado en solo 2.000 euros para 15 universidades en toda Andalucía”, confirmó la vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular de Córdoba.
Según datos de FEAPS-Andalucía, la importante deuda que la Junta mantiene con los centros especiales de empleo, de más de 7 millones de euros, están provocando que muchos de ellos estén a punto de desaparecer por los problemas de financiación que esto conlleva, con la consecuencia de que se dejan unos 8.000 puestos de trabajo en el aire y el futuro de muchas personas.
Concretamente la pronvincia de Córdoba sigue siendo una de las más castigadas por el desempleo en este colectivo, con 2.088 parados con discapacidad según indican los datos ofrecidos el pasado mes de noviembre por el Observatorio Argos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
