El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de La Rambla ha asegurado en su último boletín informativo que varios juzgados de la provincia de Córdoba "revisan un centenar de contrataciones realizadas por el alcalde de La Rambla, Juan Jiménez (IU), después de que la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales los haya recurrido al considerarlos irregulares".
Según la Agrupación Socialista de La Rambla, "el hecho de que una Consejería que dirige un compañero de partido de Juan Jiménez, el vicepresidente de la Junta y excoordinador de IU en Andalucía, Diego Valderas, haya denunciado siete decretos con contrataciones que considera irregulares desmonta el intento del alcalde de culpar a los socialistas de sus problemas judiciales".
En ese sentido, según el PSOE, "la denuncia que se tramita por lo penal en el Juzgado de Montilla la ha interpuesto la Fiscalía, a quien los concejales socialistas informaron de que las contrataciones se estaban realizando con la oposición de la interventora, mientras que en las otras tres denuncias, que están en Juzgados de lo Contencioso de Córdoba, no ha habido más intervención que la de la consejería que dirige Diego Valderas".
En estos procedimientos judiciales, según sostienen los socialistas rambleños, "se cuestiona el modo en que se han hecho los contratos, el pago de gratificaciones, complementos y horas extraordinarias y el de gastar un dinero que no estaba presupuestado".
Del mismo modo, el PSOE asevera que Juan Jiménez "ha negado en todo momento esta información al Grupo Municipal Socialista y se ha limitado a decir que se pidiesen los datos en la Junta de Andalucía, que es lo que han hecho los concejales del PSOE".
Tal y como avanzó Campiña Digital, el alcalde de La Rambla, Juan Jiménez Campos, compareció el pasado 3 de octubre en calidad de imputado ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Montilla, Sara Herrera Maldonado, para prestar declaración por varios presuntos contratos irregulares suscritos por el Consistorio rambleño entre los meses de diciembre de 2011 y octubre de 2012.
Jiménez Campos, que eludió hacer declaraciones a este periódico, abandonó los juzgados de Montilla poco antes de las 10.30 de la mañana, a donde había acudido en compañía de su abogado tras la denuncia cursada ante la Fiscalía Provincial de Córdoba por cuatro de los cinco concejales del Grupo Municipal Socialista, por una presunta contratación irregular de personal temporal "infringiendo los principios de capacidad, igualdad, mérito y publicidad".
Según detalló días atrás el propio imputado, la citación judicial se basa en un escrito de la Fiscalía en el que se alude a una serie de contratos formalizados por el Ayuntamiento de La Rambla entre los meses de diciembre de 2011 y octubre de 2012, pese a los reparos efectuados por la Intervención Municipal.
El regidor de Izquierda Unida (IU) hizo hincapié en que "en la imputación de la que soy objeto no existe ninguna acusación relacionada con el lucro personal, ni con malversación de dinero público, como ocurre en tantos casos de corrupción que conocemos a diario a través de los medios de comunicación".
"En no pocas situaciones, los ayuntamientos nos encontramos con dificultades para prestar los servicios básicos que le son obligatorios y que nuestra población demanda, por lo cual tenemos necesidades perentorias de contratar para garantizar el funcionamiento de los servicios que la ley asigna a las corporaciones locales", declaró el edil rambleño el pasado 22 de septiembre.
Juan Jiménez justificó su actuación apuntando que "debido a la grave situación por la que atraviesa nuestro país y a la política que se está llevando a cabo desde distintas instancias y desde hace años, los sectores más débiles de nuestra sociedad atraviesan situaciones verdaderamente dramáticas, sin que los ayuntamientos dispongamos de margen de maniobra para ayudar de forma satisfactoria a solucionar estos problemas".
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En ese sentido, según el PSOE, "la denuncia que se tramita por lo penal en el Juzgado de Montilla la ha interpuesto la Fiscalía, a quien los concejales socialistas informaron de que las contrataciones se estaban realizando con la oposición de la interventora, mientras que en las otras tres denuncias, que están en Juzgados de lo Contencioso de Córdoba, no ha habido más intervención que la de la consejería que dirige Diego Valderas".
En estos procedimientos judiciales, según sostienen los socialistas rambleños, "se cuestiona el modo en que se han hecho los contratos, el pago de gratificaciones, complementos y horas extraordinarias y el de gastar un dinero que no estaba presupuestado".
Del mismo modo, el PSOE asevera que Juan Jiménez "ha negado en todo momento esta información al Grupo Municipal Socialista y se ha limitado a decir que se pidiesen los datos en la Junta de Andalucía, que es lo que han hecho los concejales del PSOE".
Tal y como avanzó Campiña Digital, el alcalde de La Rambla, Juan Jiménez Campos, compareció el pasado 3 de octubre en calidad de imputado ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Montilla, Sara Herrera Maldonado, para prestar declaración por varios presuntos contratos irregulares suscritos por el Consistorio rambleño entre los meses de diciembre de 2011 y octubre de 2012.
Jiménez Campos, que eludió hacer declaraciones a este periódico, abandonó los juzgados de Montilla poco antes de las 10.30 de la mañana, a donde había acudido en compañía de su abogado tras la denuncia cursada ante la Fiscalía Provincial de Córdoba por cuatro de los cinco concejales del Grupo Municipal Socialista, por una presunta contratación irregular de personal temporal "infringiendo los principios de capacidad, igualdad, mérito y publicidad".
Según detalló días atrás el propio imputado, la citación judicial se basa en un escrito de la Fiscalía en el que se alude a una serie de contratos formalizados por el Ayuntamiento de La Rambla entre los meses de diciembre de 2011 y octubre de 2012, pese a los reparos efectuados por la Intervención Municipal.
El regidor de Izquierda Unida (IU) hizo hincapié en que "en la imputación de la que soy objeto no existe ninguna acusación relacionada con el lucro personal, ni con malversación de dinero público, como ocurre en tantos casos de corrupción que conocemos a diario a través de los medios de comunicación".
"En no pocas situaciones, los ayuntamientos nos encontramos con dificultades para prestar los servicios básicos que le son obligatorios y que nuestra población demanda, por lo cual tenemos necesidades perentorias de contratar para garantizar el funcionamiento de los servicios que la ley asigna a las corporaciones locales", declaró el edil rambleño el pasado 22 de septiembre.
Juan Jiménez justificó su actuación apuntando que "debido a la grave situación por la que atraviesa nuestro país y a la política que se está llevando a cabo desde distintas instancias y desde hace años, los sectores más débiles de nuestra sociedad atraviesan situaciones verdaderamente dramáticas, sin que los ayuntamientos dispongamos de margen de maniobra para ayudar de forma satisfactoria a solucionar estos problemas".
REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
