La vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular de Córdoba y parlamentaria andaluza, Rafaela Obrero, denunció ayer que la Junta de Andalucía "no va a dar cobertura a muchos dependientes de nuestra provincia a pesar de quedar plazas disponibles en residencias de mayores".
Obrero hizo una valoración de las políticas sociales aplicada a la gestión de las plazas públicas conveniadas en residencias de mayores. "Los impagos, los retrasos y los incumplimientos se han convertido en la carta de presentación de la Junta de Andalucía estos últimos años, dejando en una situación in extremis a las residencias de mayores", afirmó Obrero.
Según la vicesecretaria popular, "durante tres años, los peores de la crisis económica, el gobierno andaluz no ha estado a la altura de las circunstancias, ni ha sabido escuchar a los centros residenciales que en varias ocasiones han elevado no solo sus quejas sino también sus propuestas para salir de la parálisis a las que se han visto abocados por la insolvencia económica de la Junta de Andalucía".
La parlamentaria cordobesa recordó "que esta Consejería anunció que se iba a bajar un 12 por ciento del precio del coste plaza a los centros residenciales y que después se redactó un proyecto de orden por el que iban a eliminar todas las plazas públicas que estuvieran en reserva sin cubrir".
También recordó que estas acciones se desarrollaron en "un contexto de parálisis en la tramitación de la Ley de Dependencia, de no cobertura ni siquiera de la tasa de reposición de aquellos dependientes que han ido falleciendo, a pesar de que hay más de 500 expedientes de dependencia sin resolver en la provincia de Córdoba y muchas personas dependientes llevan esperando más de 2 años la aplicación efectiva del recurso asignado, entre otros, el derecho a ocupar una plaza residencial".
Desde hace años, la Junta de Andalucía ha venido pagando a los centros residenciales el 60% de la plaza pública que estuviera vacante o libre, sin haberse aprovechado la ocupación efectiva para muchos mayores dependientes en nuestra provincia que han estado en lista de espera.
“Esto supone que con el coste de 12 plazas sin cubrir, se podrían haber ocupado de 9 plazas públicas al coste del 100%, o lo que es lo mismo, por el dinero que se han gastado en 12 plazas sin cubrir podrían haberse beneficiado 9 dependientes en plazas de residencia”, dice Obrero,
y añade, “la Junta ha estado desaprovechado el dinero público de los andaluces por inacción y dejadez de la administración, y como consecuencia, por una pésima gestión y planificación, muchos mayores no han recibido la atención adecuada en los centros quedando solos en su casa a pesar de su situación de dependencia”.
En la provincia de Córdoba hay 953 plazas públicas en residencias de ancianos. De ellas, unas 190 plazas públicas han estado sin cubrir en 2013, por las que la Junta de Andalucía ha pagado más de 2 millones de euros o estando vacantes. "Ahora la Consejería ha redactado un segundo borrador de proyecto de orden para regular la concertación de las plazas con centros de atención especializada para personas mayores y discapacitados" declaró Obrero.
Y en ese borrador se reconoce que no se van a cubrir el 100 por cien de las plazas públicas o convenidas que queden libres en los centros, pues reconoce expresamente que financiará hasta el límite del 85 por ciento de las plazas concertadas que se hallen desocupadas. "Luego el bipartito de PSOE e IU en la Junta no va a dar cobertura a dependientes cordobeses a pesar de quedar plazas disponibles en las residencias de mayores", advirtió la popular.
Además, "ese borrador de orden recoge que no se va a actualizar el coste plaza conforme al IPC hasta el 1 de enero de 2015, sin olvidarnos que desde el 2012 el precio plaza (50,20 euros por persona al día) está congelado a pesar de que existen informes que indican que el coste plaza real está muy por encima de lo que está abonando nuestra comunidad autónoma"afirmó Obrero quien indicó que estos datos hacen que suba "el nivel de vida, suben los impuestos, pero congela el precio de los servicios que dan trabajo a un sector importante de la población andaluza",
También apuntó que "lo novedoso en este proyecto de orden es que permite a los centros residenciales cubrir temporalmente hasta el 15 por ciento de las plazas públicas que estén sin cubrir, pero la Junta de Andalucía se reserva el derecho a exigir la disposición efectiva de estas plazas cuando lo necesite para su cobertura efectiva".
Para Obrero "esto supone una incertidumbre para las familias que consiguen una plaza para el mayor en un centro residencial, porque en cualquier momento la Junta puede requerir su plaza para que otro dependiente la ocupe. Además, en el borrador se recoge que los residentes deberán aportar hasta el 90 por ciento de su pensión para costear su plaza, cuando hasta ahora aportaban hasta el 75 por ciento".
Desde el Partido Popular "pedimos a la Junta rigor en política social, que asuman sus responsabilidades y competencias, que trabaje por los más necesitados y que apliquen la Ley de Dependencia como se está haciendo otras comunidades autónomas donde se siguen haciendo valoraciones y se siguen incorporando dependientes al sistema", reclamó la popular.
"Creemos que es necesario que la Junta elabore un mapa real de oferta de plazas en los centros residenciales de Andalucía y Córdoba y la demanda existente teniendo en cuenta las valoraciones de la Ley de Dependencia, para que ningún mayor quede fuera de estas prestaciones sociales sea cual sea su lugar de residencia, teniendo en cuenta una redistribución acorde a la situación real de las plazas conveniadas y públicas con los centros residenciales", concluyó Rafaela Obrero.
Obrero hizo una valoración de las políticas sociales aplicada a la gestión de las plazas públicas conveniadas en residencias de mayores. "Los impagos, los retrasos y los incumplimientos se han convertido en la carta de presentación de la Junta de Andalucía estos últimos años, dejando en una situación in extremis a las residencias de mayores", afirmó Obrero.
Según la vicesecretaria popular, "durante tres años, los peores de la crisis económica, el gobierno andaluz no ha estado a la altura de las circunstancias, ni ha sabido escuchar a los centros residenciales que en varias ocasiones han elevado no solo sus quejas sino también sus propuestas para salir de la parálisis a las que se han visto abocados por la insolvencia económica de la Junta de Andalucía".
La parlamentaria cordobesa recordó "que esta Consejería anunció que se iba a bajar un 12 por ciento del precio del coste plaza a los centros residenciales y que después se redactó un proyecto de orden por el que iban a eliminar todas las plazas públicas que estuvieran en reserva sin cubrir".
También recordó que estas acciones se desarrollaron en "un contexto de parálisis en la tramitación de la Ley de Dependencia, de no cobertura ni siquiera de la tasa de reposición de aquellos dependientes que han ido falleciendo, a pesar de que hay más de 500 expedientes de dependencia sin resolver en la provincia de Córdoba y muchas personas dependientes llevan esperando más de 2 años la aplicación efectiva del recurso asignado, entre otros, el derecho a ocupar una plaza residencial".
Desde hace años, la Junta de Andalucía ha venido pagando a los centros residenciales el 60% de la plaza pública que estuviera vacante o libre, sin haberse aprovechado la ocupación efectiva para muchos mayores dependientes en nuestra provincia que han estado en lista de espera.
“Esto supone que con el coste de 12 plazas sin cubrir, se podrían haber ocupado de 9 plazas públicas al coste del 100%, o lo que es lo mismo, por el dinero que se han gastado en 12 plazas sin cubrir podrían haberse beneficiado 9 dependientes en plazas de residencia”, dice Obrero,
y añade, “la Junta ha estado desaprovechado el dinero público de los andaluces por inacción y dejadez de la administración, y como consecuencia, por una pésima gestión y planificación, muchos mayores no han recibido la atención adecuada en los centros quedando solos en su casa a pesar de su situación de dependencia”.
En la provincia de Córdoba hay 953 plazas públicas en residencias de ancianos. De ellas, unas 190 plazas públicas han estado sin cubrir en 2013, por las que la Junta de Andalucía ha pagado más de 2 millones de euros o estando vacantes. "Ahora la Consejería ha redactado un segundo borrador de proyecto de orden para regular la concertación de las plazas con centros de atención especializada para personas mayores y discapacitados" declaró Obrero.
Y en ese borrador se reconoce que no se van a cubrir el 100 por cien de las plazas públicas o convenidas que queden libres en los centros, pues reconoce expresamente que financiará hasta el límite del 85 por ciento de las plazas concertadas que se hallen desocupadas. "Luego el bipartito de PSOE e IU en la Junta no va a dar cobertura a dependientes cordobeses a pesar de quedar plazas disponibles en las residencias de mayores", advirtió la popular.
Además, "ese borrador de orden recoge que no se va a actualizar el coste plaza conforme al IPC hasta el 1 de enero de 2015, sin olvidarnos que desde el 2012 el precio plaza (50,20 euros por persona al día) está congelado a pesar de que existen informes que indican que el coste plaza real está muy por encima de lo que está abonando nuestra comunidad autónoma"afirmó Obrero quien indicó que estos datos hacen que suba "el nivel de vida, suben los impuestos, pero congela el precio de los servicios que dan trabajo a un sector importante de la población andaluza",
También apuntó que "lo novedoso en este proyecto de orden es que permite a los centros residenciales cubrir temporalmente hasta el 15 por ciento de las plazas públicas que estén sin cubrir, pero la Junta de Andalucía se reserva el derecho a exigir la disposición efectiva de estas plazas cuando lo necesite para su cobertura efectiva".
Para Obrero "esto supone una incertidumbre para las familias que consiguen una plaza para el mayor en un centro residencial, porque en cualquier momento la Junta puede requerir su plaza para que otro dependiente la ocupe. Además, en el borrador se recoge que los residentes deberán aportar hasta el 90 por ciento de su pensión para costear su plaza, cuando hasta ahora aportaban hasta el 75 por ciento".
Desde el Partido Popular "pedimos a la Junta rigor en política social, que asuman sus responsabilidades y competencias, que trabaje por los más necesitados y que apliquen la Ley de Dependencia como se está haciendo otras comunidades autónomas donde se siguen haciendo valoraciones y se siguen incorporando dependientes al sistema", reclamó la popular.
"Creemos que es necesario que la Junta elabore un mapa real de oferta de plazas en los centros residenciales de Andalucía y Córdoba y la demanda existente teniendo en cuenta las valoraciones de la Ley de Dependencia, para que ningún mayor quede fuera de estas prestaciones sociales sea cual sea su lugar de residencia, teniendo en cuenta una redistribución acorde a la situación real de las plazas conveniadas y públicas con los centros residenciales", concluyó Rafaela Obrero.
REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
