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La Policía interviene en el primer semestre del año cerca de 7.000 boletos de loterías ilegales

La Unidad de Policía adscrita a la Junta ha intervenido durante el primer semestre de 2013 un total de 6.989 boletos de loterías ilegales en la provincia de Córdoba, según un balance de las actuaciones de este servicio perteneciente a la Consejería de Justicia e Interior.

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En las localidades de La Victoria, La Carlota y Montilla, los agentes de la Unidad de Policía adscrita de la Jefatura Provincial de Córdoba han intervenido más de 500 cupones ilegales de la Organización Impulsora del Discapacitado (OID).

Con un formato y una composición muy parecida a los tradicionales cupones de la ONCE, los vendedores del Euroboleto de la OID solicitan una "colaboración" de un euro, para contribuir a "la consecución de los fines" de esta organización.

Por su parte, los agentes han detectado en Montilla la presencia de vendedores de otra organización, denominada Asociación Nacional de Discapacitados (ANDA), también dedicada a la venta de boletos muy similares a los de la ONCE, "careciendo de las autorizaciones administrativas necesarias".

En su lucha contra el juego ilegal, la Unidad de Policía adscrita ha realizado en la provincia de Córdoba un total de 324 inspecciones y ha levantado 179 denuncias en el primer semestre de 2013.

Asimismo, los agentes han inspeccionado en esta provincia en estos seis meses un total de 594 máquinas del tipo A, B y C -conocidas como "máquinas tragaperras"-, a consecuencia de lo cual han denunciado cuatro.

La intervención de la Unidad Adscrita de la Policía ha permitido, asimismo, decomisar en toda Andalucía 220 entradas puestas de forma ilegal a la reventa para la asistencia a corridas de toros y otros espectáculos.

El juego es una actividad regulada por ley y su práctica está sujeta al cumplimiento de una estricta normativa. Los locales y personas que organizan actividades ilegales de juego perjudican a los establecimientos y entidades que sí cumplen la legislación y suponen un menoscabo al erario público, ya que no abonan las tasas e impuestos correspondientes. Además, este tipo de actividades irregulares constituye una vulneración de las condiciones técnicas y de seguridad que deben tener este tipo de locales.

Además de estas intervenciones, tanto la Policía Adscrita como los inspectores de la Junta realizan funciones de vigilancia y de prevención para evitar que se cometan infracciones en este ámbito. Como parte de esta labor disuasoria, ofrecen información de la normativa vigente y de las repercusiones que acarrea su incumplimiento.

REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
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