El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó este martes incluir en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía la fosa común del cementerio de Baena, así como la Plaza de la Constitución, sumándose a los 54 espacios que ya se reconocen en dicho registro. La decisión se adopta de acuerdo la ley autonómica de 2017 que reconoce el carácter emblemático de los emplazamientos de la represión franquista en la Guerra Civil y la Dictadura hasta la consecución del Estatuto de Autonomía.
Los dos lugares declarados en Baena fueron los escenarios claves de los crímenes cometidos desde el 28 de julio de 1936 por las fuerzas sublevadas al mando del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga. En el primero de ellos, la actual Plaza de la Constitución, tuvieron lugar los asesinatos de más de un centenar de personas entre ese día y el 30 del mismo mes.
Junto a estos crímenes, las ejecuciones posteriores –hasta un mínimo total documentado de 365 personas– se sucedieron incluso durante la postguerra en el cementerio de Nuestra Señora del Buen Suceso, donde se ubicaría un enterramiento colectivo ilegal.
A la declaración de estos dos lugares, junto con la fosa común del cementerio de Puerto Real (Cádiz), seguirán próximamente las de otros diez espacios históricos en seis provincias andaluzas, cuya fase de valoración ya ha finalizado.
Conforme a la legislación autonómica sobre la materia, el procedimiento de declaración conlleva un informe exhaustivo sobre el enclave, su evolución histórica y la narración de los hechos que motivan su reconocimiento, con los datos sobre las personas e instituciones que se vieron involucradas.
Si se trata de un emplazamiento público, la Administración pública titular está obligada a garantizar su identificación, señalización, preservación y, en el caso de que experimente alguna transformación de importancia, a mantener una huella o registro permanente que sirva para recordar los hechos relacionados con el sitio.
Los Lugares de Memoria Democrática se inscriben en un inventario específico de carácter público que contiene la documentación de cada emplazamiento y la adicional que se pueda generar y sea de utilidad para estudios e investigaciones.
Los dos lugares declarados en Baena fueron los escenarios claves de los crímenes cometidos desde el 28 de julio de 1936 por las fuerzas sublevadas al mando del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga. En el primero de ellos, la actual Plaza de la Constitución, tuvieron lugar los asesinatos de más de un centenar de personas entre ese día y el 30 del mismo mes.
Junto a estos crímenes, las ejecuciones posteriores –hasta un mínimo total documentado de 365 personas– se sucedieron incluso durante la postguerra en el cementerio de Nuestra Señora del Buen Suceso, donde se ubicaría un enterramiento colectivo ilegal.
A la declaración de estos dos lugares, junto con la fosa común del cementerio de Puerto Real (Cádiz), seguirán próximamente las de otros diez espacios históricos en seis provincias andaluzas, cuya fase de valoración ya ha finalizado.
Conforme a la legislación autonómica sobre la materia, el procedimiento de declaración conlleva un informe exhaustivo sobre el enclave, su evolución histórica y la narración de los hechos que motivan su reconocimiento, con los datos sobre las personas e instituciones que se vieron involucradas.
Si se trata de un emplazamiento público, la Administración pública titular está obligada a garantizar su identificación, señalización, preservación y, en el caso de que experimente alguna transformación de importancia, a mantener una huella o registro permanente que sirva para recordar los hechos relacionados con el sitio.
Los Lugares de Memoria Democrática se inscriben en un inventario específico de carácter público que contiene la documentación de cada emplazamiento y la adicional que se pueda generar y sea de utilidad para estudios e investigaciones.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO
FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO
